Septiembre se acerca y la agenda política para el nuevo curso comienza a echar humo. Y los teléfonos de algunos dirigentes de la esfera nacional y regional empezarán a hacerlo pronto. Así, si Pedro Sánchez comenzará en las próximas semanas una ronda de contactos para negociar las próximas cuentas públicas -previo acuerdo con su socio de Gobierno-, los ejecutivos autonómicos no serán menos, aunque el foco en este caso se sitúa especialmente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras ganar las elecciones el pasado 4 de mayo, la dirigente popular ha pisado el acelerador y prevé tener listos los que serían sus primeros presupuestos desde que se hizo con las riendas de la región antes de que finalice octubre, tal y como informó El Independiente hace unos meses. Y la fecha objetivo, por el momento, se mantiene.
Ayuso se quedó al borde de la mayoría absoluta -65 escaños, a cuatro del límite-, y ese es el resquicio al que se aferra Vox para intentar marcar la agenda de la presidenta e imponer parte de su programa político que, por otro lado, le haga ganar enteros a nivel nacional. El PP necesita cuatro votos extra para sacar sus proyectos legislativos adelante, y con Ciudadanos fuera de juego, en el equipo de Isabel Díaz Ayuso cuentan con que en las próximas semanas deberán retomar el diálogo con el partido que en Madrid dirige Rocío Monasterio para encauzar los presupuestos autonómicos.
El borrador presupuestario es el documento que el PP estima más importante en la corta legislatura que Ayuso tiene por delante -apenas dos años-, necesarios para poner en práctica la promesa electoral más ambiciosa de la baronesa popular: una bajada impositiva de la que los madrileños "podrán beneficiarse" en 2022... siempre y cuándo Vox dé su visto bueno.
Fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguran que durante el verano ya han existido "conversaciones" entre PP y Vox para comenzar a encauzar un acuerdo que debería ver la luz en los próximos meses, aunque los contactos oficiales se retomarán a partir del mes de septiembre. Reconocen los populares "tensiones" entre ambas fuerzas políticas en las últimas semanas a cuenta de importantes discrepancias en diversas cuestiones -como el 'pasaporte Covid' o la incipiente crisis de refugiados afganos-, aunque confían en que "nada" desvía a Vox de "cumplir con su responsabilidad" y votar 'sí' a las cuentas públicas. "Tampoco tienen otra salida", advierten en el PP. "O votan con nosotros, o votan con la izquierda", añaden las fuentes consultadas, que trasladan la "buena predisposición" de Isabel Díaz Ayuso a mantener una relación "fluida" con Rocío Monasterio los dos próximos años.
El argumento de que Vox puede quedar alineado con la izquierda -con las consiguientes consecuencias electorales- si no cede ante el PP es una baza estratégica que explotan en Madrid, pero que no les ha servido en comunidades autónomas como Andalucía. Allí, Vox sí ha llevado hasta al final algunos de sus advertencias, y ya el pasado mes de mayo la formación dejó caer varios proyectos legislativos vitales para el mandato de Juanma Moreno y Juan Marín como consecuencia de las discrepancias por la acogida de parte de los menores inmigrantes llegados a Ceuta durante la crisis diplomática entre España y Marruecos.
Lejos de calmar los ánimos, el verano ha servido para elevar la tensión entre PP y Vox y abrir una confrontación que ha terminado salpicando a Ayuso, quien elevó el tono directamente contra Santiago Abascal cuando éste amenazó con llevar a los tribunales al Gobierno madrileño cuando éste deslizó que valoraba la aplicación del polémico 'pasaporte Covid' en la vida cotidiana de los madrileños, que tendrían que presentar un certificado de vacunación para acceder a determinados establecimientos o espacios públicos. "A defensa de la libertad de los ciudadanos poco se me puede exigir o enseñar", respondió Ayuso a la advertencia del presidente de Vox.
La gota que colmó el vaso fue la declaración de Abascal como persona non grata en la ciudad de Ceuta, una decisión que se aprobó con la abstención del PP y que Vox no dejará pasar. La formación ha amagado con el divorcio definitivo en las autonomías donde pueden condicionar a los populares si éstos no dan marcha atrás y revocan la declaración que afecta al presidente de Vox en Ceuta. El órdago es sencillo: o se retractan o habrá "consecuencias" en el resto de territorios, también en Madrid.
En la región que preside Isabel Díaz Ayuso, el choque de trenes puede producirse, además, por otra cuestión: la formalización de la oferta de acogida de refugiados afganos que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición del Gobierno de Sánchez, y a la que también se han unido otras comunidades del PP como Murcia o Andalucía.
"No es una cuestión negociable", anticipan ya en las filas populares madrileñas, ante la posibilidad de que Vox incluya la negativa a acoger a solicitantes de asilo en su listado de condiciones para la negociación de los presupuestos en Madrid. Los de Santiago Abascal ya han dejado clara su postura: los civiles afganos deberán ser acogidos por "los países musulmanes limítrofes" con el objetivo de evitar, dicen, "la posible entrada de yihadistas" entre los refugiados afganos en Europa. "Su capacidad de integración en Europa es cero", subrayó este miércoles Jorge Buxadé en una entrevista radiofónica.
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