Aunque agosto no ha terminado, el nuevo curso político sí ha comenzado. Sánchez se fue de vacaciones ejecutando una profunda remodelación gubernamental para que a la vuelta del verano la segunda mitad de la legislatura echase a andar sin demasiadas piedras en el camino. Y nada más lejos de la realidad. A la larga lista de asignaturas que el jefe del Ejecutivo había dejado para septiembre se ha unido otra con grandes –y graves- imprevistos, empezando por la crisis de Afganistán y terminando por la histórica escalada del precio de la luz. Los problemas se acumulaban mientras Sánchez aún disfrutaba de su estancia en La Mareta. Y ahora las cuentas pendientes amenazan incluso con poner en jaque la estabilidad del propio Gobierno.  

Las turbulencias políticas del verano no han sido más que la antesala de un otoño que se espera caliente en Moncloa. La oposición, con el PP liderando las encuestas, no ha perdido el tiempo y ha dado rienda suelta a una operación de desgaste que, de momento, culminará en el Congreso de los Diputados, aunque tampoco descartan en Génova la vía de los tribunales, a la que ya han acudido para enfrentar cuestiones como la aprobación de los indultos.

Sólo esta semana comparecerán en sede parlamentaria el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque la intención del PP era que en los próximos días desfilase medio Gobierno, incluido el propio Sánchez, por el Congreso de los Diputados por las explicaciones que se le han acumulado al Ejecutivo durante el verano. Aún así, la oposición, con Casado y Abascal a la cabeza, advierte que la presión de las últimas semanas no ha sido más que el calentamiento de lo que está por venir en septiembre.

Afganistán, una crisis inesperada

La decisión de Sánchez de alargar su estancia vacacional y no regresar a Madrid hasta días después de la caída de Kabul proporcionó oxígeno a la oposición, pero no por mucho tiempo. La comunidad internacional dio un espaldarazo al plan de evacuación diseñado por el Gobierno español en mitad del caos que aún se respira en la capital afgana. Unas 1.900 personas han logrado abandonar el país a bordo de las aeronaves españolas, pero la retirada de las tropas norteamericanas y la inestabilidad por los atentados perpetrados en el aeropuerto el pasado jueves apuntan a que el peor presagio que deslizó días atrás la ministra de Defensa, Margarita Robles, está a punto de cumplirse: "Mucha gente se va a quedar atrás", advirtió.

La evacuación del personal diplomático y de los colaboradores afganos es sólo la punta del iceberg de una crisis cuyas derivadas, como una posible oleada de refugiados procedentes de Afganistán, tendrá que capear el Gobierno de Sánchez en esta segunda mitad de legislatura. Por el momento, el jefe del Ejecutivo ha decidido que no dará explicaciones a sus señorías para explicar la actuación española en el país, descargando esta responsabilidad en José Manuel Albares, que asumió la cartera de Asuntos Exteriores el pasado mes de julio y que será el encargado de enfrentar a la oposición en esta cuestión, al menos en el corto plazo.

El precio de la luz y la regulación energética

Dentro de nuestras fronteras, lo más comentado del verano ha sido la ola de calor y, por supuesto, el registro de la factura de la luz más cara de la historia, que sigue marcando récords en nuestro país y con la amenaza, además, de que septiembre sea incluso más caro que agosto. Es uno de los principales desafíos que afronta el Ejecutivo de coalición en el arranque del nuevo curso, sobre todo por la ausencia de soluciones cortoplacistas, por la presión política y social y por la falta de entendimiento entre los socios de Gobierno, en cuyo acuerdo de investidura aparecía el compromiso de reducir la factura energética durante el mandato de PSOE y Podemos.

Igual que sucede con la crisis de Afganistán, Sánchez tampoco dará explicaciones en la Cámara Baja. Será la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, la que focalice las críticas en el Congreso y no sólo de PP, Vox o Ciudadanos, sino también de Unidas Podemos y del resto de socios parlamentarios. Por ejemplo, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias han propuesto la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja para aclarar las causas de los máximos históricos que se han registrado en la factura energética en las últimas semanas, lo que promete tensar las relaciones entre estas fuerzas y el Ejecutivo de coalición.

Reforma fiscal, ¿sí o no?

El presidente del Gobierno lo descartó en julio, pero no es una cuestión que Podemos tenga previsto guardar en el cajón. El ala socialista del Gobierno reactiva ahora la negociación de los Presupuestos para 2022 y mantiene su compromiso de presentarlos "en tiempo y forma", con la reforma fiscal como uno de los principales escollos en el seno de Moncloa, y no sólo. De lograr solventar sus diferencias con la formación morada, Sánchez deberá enfrentarse casi inmediatamente a las exigencias que planteen el resto de socios de investidura, entre ellos ERC, para volver a dar su 'sí' al proyecto presupuestario.

La propia aprobación de los Presupuestos para el próximo año se estima como una de las grandes asignaturas pendientes dentro del arranque del nuevo curso político, unas cuentas que estarán marcadas por la llegada de los fondos europeos. La hoja de ruta marcada a fuego en el PSOE es la consolidación de la recuperación económica, de modo que la reforma fiscal no entra en los planes cortoplacistas de Sánchez pese a lo firmado en el programa de Gobierno. Y la subida impositiva no es la única cuenta pendiente entre los socios de coalición: la regulación de los alquileres y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -cuya negociación arrancará el 1 de septiembre- amenazan con marcar un inicio de curso turbulento dentro de Moncloa.

El 'factor Podemos'

La relación entre PSOE y Podemos no ha ido precisamente a mejor desde la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. El verano ha tensado aún más las costuras en la coalición, y todo apunta a que los desencuentros entre ambas fuerzas marcará el arranque de la segunda mitad de la legislatura. A las fricciones anteriormente mencionadas -reforma fiscal o subida del SMI- se unen otras como la tramitación de una ley de vivienda -Podemos ya ha amagado con la posibilidad de romper con el PSOE en esta materia y apoyar en septiembre una propuesta impulsada por ERC, JxCat o EH Bildu- para regular más pronto que tarde los precios del alquiler en España.

Los desencuentros y la oposición al Gobierno dentro de Moncloa no ha dado un respiro a Sánchez. A las viejas fricciones -como en la cuestión de la Corona- se han unido nuevas críticas por parte de los morados a diversas actuaciones del ala socialista del Gobierno, como ha sido también el caso de la repatriación de menores inmigrantes a Marruecos. Así, la intención del PSOE es seguir adelante con las devoluciones, en Podemos ya defienden que lo idóneo sería alojar a todos estos menores en nuestro país.

Las repatriaciones de menores, bajo la lupa judicial

El último varapalo judicial al Gobierno ha venido a cuenta de la repatriación de cientos de menores marroquíes desde Ceuta, que llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis diplomática entre España y Marruecos del pasado mes de mayo. Por el momento, la Justicia mantiene suspendidas las devoluciones, al entender que se podría haber actuado en contra del ordenamiento jurídico. El pasado miércoles, el presidente del Gobierno se reunió con el máximo mandatario ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, y se comprometió a activar "todos los recursos del Estado" para devolver cuanto antes a estos menores a su país de origen, una decisión que contradice el criterio de otras fuerzas políticas, entre ellas Unidas Podemos.

La restauración de las relaciones diplomáticas con Marruecos es otra de las grandes asignaturas pendientes en la agenda del jefe del Ejecutivo para este otoño, sobre todo después de la ruptura entre Rabat y Argelia, lo que vuelve a poner en jaque el aparente nuevo equilibro entre España y Marruecos, tras la mano tendida de Mohamed VI a "abrir una nueva etapa" con nuestro país.

Renovación del CGPJ

La eterna asignatura pendiente. Ya no son sólo los jueces los que presionan a PSOE y PP con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que las críticas han llegado ya desde Europa. El primer partido de España y la principal fuerza de la oposición llevan meses en búsqueda de un acuerdo que sigue sin aparecer en el horizonte. Los reproches, los desencuentros y las diferentes versiones han marcado unas negociaciones que cada vez que se han puesto en marcha han terminado en fracaso.

En Génova se mantienen firmes con sus condiciones, que pasan por avanzar en la independencia del sistema de elección y en el impulso de una ley que garantice que "los jueces sean elegidos por los jueces". Por el momento, sigue sin haber una fecha concreta encima de la mesa, pero el calendario aprieta cuando está a punto de cumplirse tres años de bloqueo en la renovación del órgano de Gobierno de los jueces.

El diálogo con Cataluña

La aprobación de los indultos fue una de las decisiones políticas que sin duda ha marcado el mandato de Pedro Sánchez en Moncloa. Pero las cesiones al independentismo catalán están lejos de terminar ahí. El pasado mes de junio, Pedro Sánchez y Pere Aragonés pactaron reanudar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat este septiembre, después de que sólo se mantuviese una reunión en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. El compromiso de Moncloa es tratar en primera persona tanto el conflicto político independentista como asuntos de índole económica, pero el nacionalismo catalán no se bajará de la petición de abordar cuanto antes la amnistía política para los condenados por el procés y la autodeterminación de Cataluña.

"Nuestra propuesta es la de un referéndum para que los ciudadanos elijan cuál es el futuro de Cataluña. Que nadie se equivoque", subrayaba hace meses el presidente de la Generalitat, una advertencia que ha repetido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, esta misma semana. "Una advertencia al PSOE. No se trata sólo de diálogo y de una foto, sino también para negociar", manifestaba.

La tercera dosis, a debate

Hace semanas que algunas comunidades autónomas -como es el caso de la Comunidad de Madrid- pidieron al Gobierno que no perdiese tiempo y abriese el debate de la implantación de una tercera dosis de la vacuna en algunos segmentos de la población, como en los casos de personas "inmunodeprimidas" o con patologías. Diversos países, entre ellos Estados Unidos o Alemania, ya han dado el paso de activar el pinchazo de recuerdo a parte de sus ciudadanos a partir de este otoño, mientras que España comenzará ahora abordar la cuestión con las comunidades autónomas. "Esperemos que esta semana tengamos una posible propuesta donde pueda determinarse cuándo y, en cualquier caso, a qué colectivo vacunamos con la tercera dosis, comentó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace unos días.