Los vocales del Consejo General del Poder Judicial viven con hartazgo la falta de renovación del órgano, que lleva ya dos años y casi diez meses en funciones por la falta de entendimiento entre el partido del Gobierno (PSOE) y el principal de la oposición (Partido Popular) para proponer a nuevos miembros.
El acuerdo de renovación entre las dos principales fuerzas del Congreso de los Diputados ha estado a punto en varias ocasiones, las dos últimas en agosto de 2020 -cuando ambas partes buscaron un reparto al 50% en la propuesta de vocales poniendo el partido del Gobierno sobre la mesa el nombre del presidente del órgano- y en febrero de 2021, tras las elecciones catalanas, manteniéndose los mismos términos.
El partido de la oposición que lidera Pablo Casado se ha plantado en el último momento en ambas ocasiones. En septiembre de 2020, tras el anuncio de una moción de censura contra el socialista Pedro Sánchez por parte del partido situado a su derecha, Vox, y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Tras celebrarse éstas, parecía el clima propicio para sellar un acuerdo, pero el PP puso como línea roja que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no formara parte ni directa ni indirectamente en la negociación y se opuso rotundamente a que en la propuesta de vocales se incluyera al magistrado progresista José Ricardo de Prada que fue el autor de las líneas más duras contra el partido en la sentencia en la que se le condenó como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel.
Ahora, el partido de Casado vincula la renovación a que los vocales judiciales del órgano sean elegidos directamente por los jueces de entre jueces -como recomiendan las instituciones europeas y reclaman las asociaciones judiciales- lo que requiere un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial que debe ser aprobado por mayoría en las Cortes.
Un cambio legal, por cierto, que los ministros de Justicia y Presidencia del PSOE, Pilar Llop y Félix Bolaños, no ven necesario pues consideran que el actual sistema de elección de los vocales del órgano constitucional es correcto y similar a otros europeos.
Se sienten "anclados"
En este contexto, los consejeros del órgano de gobierno de los jueces siguen viendo difícil la renovación y se muestran "desencantados" con los políticos, que consideran están incurriendo en una "grave irresponsabilidad" al mantener bloqueado el órgano que se encarga de la renovación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, así como de los magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Una capacidad de nombrar que paralizó, por cierto, la reforma parcial de la Ley del Poder Judicial impulsada por el Gobierno durante el tiempo en que el órgano esté en funciones.
Tal es el cansancio de los consejeros que, según ha podido saber El Independiente, los ubicados en el bloque conservador, propuestos algunos por el Partido Popular, ya han instado a miembros de dicho partido a que se avengan a negociar con el Gobierno y convenzan a Casado de que debe hacerlo por "responsabilidad institucional".
Dichos consejeros aseguran sentirse "anclados", pues al formar parte de un mandato vencido ya planearon en su momento un futuro (para volver a sus anteriores destinos y ocupaciones profesionales) que no han podido abordar. Aunque, de momento, no se plantean presentar su dimisión para obligar a la elección de nuevos vocales.
La próxima semana se reanuda el curso judicial y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tiene previsto incluir en su discurso de apertura, según adelantó El Confidencial, una dura crítica a los partidos políticos que considera han llevado al órgano a una situación de "anormalidad inaceptable".
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