Las primeras decisiones judiciales que se esperan para este otoño podrían suponer un revés tanto para el Gobierno como para el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

El curso judicial arranca el próximo seis de septiembre y el Tribunal Constitucional tiene previsto abordar en su primer pleno tras las vacaciones de verano el recurso presentado por Vox contra la prórroga del estado de alarma durante seis meses por parte del Gobierno. Otra de las decisiones que quedaron pendientes antes de las vacaciones de verano fue la sentencia del juicio en el que se abordó si la reforma de la sede del Partido Popular se pagó con dinero negro procedente de donaciones de empresarios a la caja B que registró Luis Bárcenas. En el fallo, el partido se enfrenta a una condena como responsable civil subsidiario.

En el caso de la deliberación de la prórroga del estado de alarma, los magistrados del Constitucional debatirán una ponencia del conservador Antonio Narváez. La sentencia se conocerá pocos meses después de que el Alto Tribunal dictara -fruto de una ajustada votación de seis magistrados frente a cinco que provocó un cisma en el Tribunal- que el confinamiento general de la población acordada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para contener la expansión del coronavirus en marzo de 2020 fue inconstitucional.

En caso de que una mayoría decida nuevamente que la continuación del estado excepcional por medio año tampoco fue legal, se constataría que las dos decisiones más importantes del Gobierno durante la pandemia vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos y supondría un duro golpe contra su gestión, muy criticada por los partidos de la oposición.

En la sentencia del pasado julio, de la que fue ponente el magistrado Pedro González Trevijano, ya se consideró que el estado de excepción se habría ajustado más a la restricción de derechos de la población que efectivamente se dio que el estado de alarma, según está recogido en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio y en la propia Constitución.

En dicho fallo ya se expuso que habría sido deseable una mayor rendición de cuentas del presidente del Gobierno sobre las medidas adoptadas por el Covid ante el Congreso de los Diputados. Una advertencia que, para distintos constitucionalistas consultados, adelanta que en la próxima sentencia se podría castigar la deficiente rendición de cuentas del Ejecutivo durante el medio año de prórroga del estado de alarma.

Segunda sentencia heredada para Casado

En cuanto a la sentencia de la reforma de la sede del PP juzgada en la Audiencia Nacional, la formación de Pablo Casado se enfrenta a ser condenada como responsable civil subsidiaria por las irregularidades en los pagos de la obra en la céntrica calle Génova de Madrid acometida entre 2006 y 2007 por la empresa Unifica, cuyos socios también se sentaron en el banquillo en marzo de este año.

El juicio, en el que declararon como testigos el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y todos los exsecretarios generales del partido, se convirtió en un juicio a la reputación del partido en una época de irregularidades ya juzgadas en otras piezas del caso Gürtel que hereda el equipo de Casado.

En caso de que el fallo resulte condenatorio, sería el segundo contra el PP por lucrarse de actividades ilegales aunque no las conociera. La primera sentencia en la que se condenó al partido como partícipe a título lucrativo fue la de Gürtel Época I, en la que se abordó la trama de corrupción de las empresas del Grupo Correa alrededor de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid). Un fallo que ya es firme.

La investigación contra Podemos

Este curso judicial que también estará protagonizado por los primeros juicios de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional, también mantiene al partido de coalición del Gobierno en vilo.

Los juzgados de Madrid continúan investigando si Podemos desvió fondos electorales en la campaña de abril de 2019 fingiendo que la compañía mexicana Neurona había realizado trabajos electorales por un valor de casi 400.000 euros que, según sospechan los investigadores, nunca se realizaron. También a dónde destinaron las donaciones de cargos electos que supuestamente debían servir para finalidades "altruistas" que la Fiscalía no ve justificadas y por eso ha instado a investigar su fin.

Fuera ya de la política y sin aforamiento, el exlíder de la formación morada Pablo Iglesias está a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decida si le imputa por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos en el caso Dina.

Después de que el juez propusiera al Supremo que se le juzgara por mentir supuestamente sobre el robo del móvil de su asesora en el Parlamento Europeo con un fin partidista y por el manejo que hizo del dispositivo, con datos íntimos de la mujer, el alto tribunal devolvió la causa al instructor de la Audiencia Nacional porque consideró que su investigación no estaba acabada. El juez está a la espera de estudiar un informe de la Policía sobre la tarjeta interna del móvil de Bousselham para decidir si cita como investigado a Iglesias.