El malestar contra la gestión de Grande-Marlaska como ministro del Interior se hará patente durante el mes de septiembre en tres manifestaciones diferentes con las que guardias civiles, policías nacionales y funcionarios de prisiones volverán a plantear diversas reivindicaciones que siguen sin ser atendidas, en gran medida relacionadas con la incompleta ejecución del acuerdo de equiparación salarial.

Investigada judicialmente la actuación de su departamento en la repatriación de menores no acompañados que entraron en Ceuta en la llegada masiva de mediados de mayo y a la espera de que se resuelva el recurso por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, un nuevo frente se abre para el titular de Interior con las concentraciones anunciadas por colectivos profesionales al no ver satisfechas sus reivindicaciones.

Una de las protestas es la anunciada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -mayoritaria en el Cuerpo- para el próximo día 18 a las puertas de Interior. La convocatoria se lleva a cabo después de que ni Marlaska ni nadie de su equipo les hayan emplazado a reunirse tras la concentración llevada a cabo el pasado 5 de junio en la madrileña Puerta del Sol, donde unos 2.000 guardias civiles -según los convocantes- se dieron cita para exigir la equiparación de las condiciones con el resto de cuerpos policiales y la modernización de la institución. También para demandar "interlocución directa" con el ministro ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con la directora general, María Gámez.

"Oídos sordos. Ni una llamada, ni un gesto, ni un 'vamos a hablar'... ¿Eso a qué nos lleva? A manifestarnos el próximo 18 de septiembre", explica a este diario el secretario general de la AUGC, Juan Fernández. "Nuestras medidas han ido de menos a más y siempre llamando a la puerta para dialogar. Si el ministro después de esta manifestación sigue sin atender mínimamente nuestras reivindicaciones será una línea roja y seremos nosotros los que cerraremos esa puerta", advierte.

La protesta de la AUGC pivota básicamente sobre tres pilares. De un lado, que haya un reparto "justo" del concepto salarial de la productividad. También demandan que haya avances y se implanten de una vez los turnos con cadencia de trabajo en el Cuerpo, así como el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial que ha supuesto un desembolso de 807 millones por parte del Ministerio del Interior para recortar las diferencias retributivas entre los policías nacionales y guardias civiles con los Mossos d'Esquadra.

¿Y la auditoría 'puesto a puesto'?

En concreto, el acuerdo histórico que el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) firmó en marzo de 2018 con los representantes de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluía tres cláusulas que no se han ejecutado. Así, no se ha consignado el dinero comprometido -100 millones anuales entre 2018 y 2020- para incentivar el reingreso de la segunda actividad al servicio activo, tampoco se ha encargado una auditoría que lleve a cabo un análisis "puesto a puesto" para determinar si los 807 millones desembolsados son suficientes para cerrar totalmente la brecha retributiva y no se ha registrado ningún impulso legislativo a fin de garantizar que en el futuro no se vuelva a producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.

Fernández lamenta no sólo que otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil no se hayan sumado a la convocatoria reivindicativa del próximo 18 de septiembre en favor de la unidad de acción para forzar la mejora de condiciones para el Cuerpo sino que una de las organizaciones -en alusión a Jucil, el brazo de Jusapol en el Instituto Armado- anunciara una protesta para el 17 de septiembre después de que la AUGC anunciara la suya. "Nosotros convocamos la manifestación antes del verano. Sorprende que, a posteriori, otra asociación haga otra convocatoria para el día de antes en lugar de sumarse a la que ya estaba anunciada. Tenemos los brazos abiertos y quien quiera sumarse será bien recibido", zanja.

Guardias civiles y policías exigen a Marlaska que cumpla el acuerdo de equiparación salarial en su integridad

Estas manifestaciones se llevarán a cabo apenas un mes antes de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil -la votación se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre en 553 puntos habilitados en diferentes acuartelamientos del país- en las que se elegirá a los vocales que representarán a los agentes durante los próximos cuatro años, una vez agotado el mandato iniciado en noviembre de 2017. Será la primera cita en la que presentará candidaturas Jucil, que aspira a obtener una amplia representación como Jupol en la Policía Nacional en junio de 2019.

La incompleta equiparación salarial con las policías autonómicas es el motivo principal por el que Jusapol justifica la concentración prevista para el próximo 17 de septiembre, abierta tanto a policías nacionales como guardias civiles. "Parece que le dan el carpetazo cuando la realidad es que queda mucho por equiparar. Los datos y las nóminas están ahí. Los policías y los guardias civiles no tienen la igualdad que tanto pregona este Gobierno", expone Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol.

De acuerdo con los cálculos de esta asociación, un policía nacional sigue ganando hoy más de 500 euros menos al mes que un mosso si se prorratean las pagas extras y se incluyen otros conceptos que perciben los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, como los servicios extraordinarios. "No se ha conseguido la igualdad, simplemente nos hemos acercado. Pero eso no es suficiente, porque la igualdad sólo se consigue con una equiparación real. A mismo trabajo, mismo salario", defienden.

"Brechas salariales"

En concreto, Jusapol demanda a Interior que se realice una nueva auditoría "puesto a puesto con igualdad de funciones", después de que la consultora que emitió su informe reconociera que no había podido contar con datos de los Mossos ante la negativa del Govern a facilitarlos. También critica que el equipo de Grande-Marlaska haya dado por bueno el "cálculo de promedios" elaborado en la etapa de Zoido, que no se hayan subsanado "brechas salariales" como la falta de abono de una cantidad por asistencia a juicios y que no se hayan dado pasos para que los policías nacionales puedan jubilarse a los 59 años sin perder poder adquisitivo, como ya han logrado policías locales y autonómicas.

Entre sus quejas figura también que los partidos que sustentan el actual bipartito no hayan apoyado en el Congreso la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un instrumento "fundamental" -a su juicio- para garantizar la igualdad de criterio a la hora de remunerar la labor policial en España. "La concentración del 17 de septiembre va a ser el pistoletazo de salida a un nuevo calendario de movilizaciones para mostrar a la sociedad que el Gobierno nos ha vuelto a engañar con la equiparación", critica Gómez.

También saldrán a la calle este mes los funcionarios de prisiones en demanda de la equiparación salarial con los empleados públicos de los centros penitenciarios catalanes, gestionados por la Generalitat y no por el Ministerio del Interior. Será el próximo 22 de septiembre en una manifestación convocada por Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), una asociación constituida por trabajadores de Instituciones Penitenciarias y sin representación en la mesa sectorial.

"500 euros al mes" más en Cataluña

"Entendemos que hacemos el mismo trabajo, con presos más peligrosos, que los compañeros de Cataluña y ellos cobran una media de 500 euros más al mes que nosotros. Vamos a ir sin complejos. Es una vergüenza que nos prometieran tantas cosas cuando estaban en la oposición y que no hayan movido un dedo por nosotros. Ha sido una experiencia nefasta con este Gobierno por la cantidad de derechos que ha dado a los internos y por los que ha recortado a los profesionales que trabajamos en las prisiones", declara el portavoz de TAMPM, Manuel Galisteo.

Esta asociación considera que Interior tiene la obligación moral de mejorar las condiciones retributivas del colectivo tanto por la penosidad de su trabajo -son constantes las agresiones que sufren los funcionarios cuando desarrollan sus funciones en los centros penitenciarios- como por el hecho de que el departamento que dirige Grande-Marlaska haya incrementado de forma notable en los últimos años las condiciones salariales de policías nacionales y guardias civiles.

"Hemos aguantado cuando ha habido vacas flacas, pero ahora que el Gobierno va a recibir fondos de la UE y se les ha subido el sueldo a nuestros compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil... A nosotros, que hacemos un trabajo tan difícil, nos dejan fuera una vez más del aumento salarial. El funcionario de prisiones en España acude a trabajar desmotivado", apostilla Galisteo.