La Fiscalía General del Estado ha emitido una nota pública este viernes en la que rebaja el sentido acusatorio del contenido de una comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, el pasado febrero. En ésta, se apuntó hacia el rey emérito como posible comisionista, concretamente como perceptor de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", según el documento desvelado en exclusiva por El Mundo.

En el requerimiento se hablaba de "elementos indiciarios" de que los fondos millonarios de los que Don Juan Carlos disfrutó años después de su abdicación procedentes de la fundación Zagatka, de su primo Álvaro De Orleans, podían proceder de las citadas comisiones por intervenir en operaciones internacionales, así como que la actuación del exjefe de Estado en relación con ellos podría ser constitutiva de los presuntos delitos de "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

En la nota emitida por el Ministerio Público se resta carácter definitivo al contenido del documento remitido a Suiza hace seis meses y se aclara que no se está en el momento de "petición de procesamiento o conclusiones del fiscal", sino que se alude a dichos posibles indicios como explicación dada a las autoridades del país para que aportaran la información reclamada sobre la fundación Zagatka, en la que el Ministerio Fiscal vuelca las tres líneas de investigación que tiene abiertas alrededor del padre de Felipe VI.

"Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional. Ello implica que no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación. Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida de a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación", se puede leer en la nota difundida este viernes. La Fiscalía descarta así que vaya a presentar de manera próxima una querella contra el padre de Felipe VI, desde hace un año en Emiratos Árabes.

"Máximo rigor y exigible celeridad"

La futura presentación de dicha querella contra el exjefe del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, única que puede investigarle, queda condicionada por lo tanto a la respuesta de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y a otros países con las que se busca conocer el origen de los fondos disfrutados por el emérito y no declarados a Hacienda.

Tras la publicación del contenido de una de esas comisiones rogatorias en El Mundo, la defensa del emérito ha denunciado una vulneración de su presunción de inocencia por parte de la Fiscalía española.

Desde el órgano dirigido por la fiscal general Dolores Delgado se especifica que "la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".

Hacienda pide los ingresos de Casa Real al emérito

Paralelamente a la información solicitada a otros países, la Fiscalía se encuentra a la espera de recibir respuesta de Hacienda a la solicitud de "veracidad y completitud" de las dos regularizaciones de 4,4 millones de euros y 680.000 euros que la defensa de Juan Carlos I presentó para evitar que se le investigara por presuntos delitos fiscales por no haber declarado los fondos millonarios que recibió de la fundación Zagatka y el empresario Allen de Jesús Sanginés Krausse a través de su ayudante de campo, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

Según ha publicado El País, para aportar la respuesta a dicha solicitud Hacienda ha solicitado a la Casa Real todos los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018.