"Nada más llegar nos recibieron a botellazos gritándonos 'Fuera', 'Txakurra' (perro en euskera), 'Gora ETA'... Iban a agredir. Se les veía la cara de odio y nos amenazaban constantemente. Estuvimos toda la noche haciendo cargas y, cuando nos quedábamos estáticos, venían y provocaban. Así todo el rato". Es el relato de uno de los guardias civiles que en la madrugada del pasado domingo participó en el dispositivo desplegado por las peleas y alteraciones del orden público que se registraban en un macrobotellón junto a la playa del Ris, en la localidad cántabra de Noja. El operativo se saldó con la detención de 18 jóvenes vascos acusados de desórdenes y atentados contra la autoridad.

Es uno de los numerosos episodios registrados este verano en España con intentos de agresión a los agentes policiales cuando éstos se personaron para disolver concentraciones de chavales que, desafiando las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para luchar contra la covid-19, bebían alcohol en la calle. En las recientes fiestas del barrio barcelonés de Sants, seis mossos resultaron heridos por los objetos que les lanzaron.

"No da tiempo a mediar palabra. Es acercarse y te reciben a botellazos y pedradas. Últimamente, agredir a la policía forma parte de la diversión del botellón", denuncia el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel. "Cada vez hay más agresividad, cada vez las calles son más violentas y los patrulleros perciben que la gente va más crecida contra la policía porque no hay contundencia en castigar al agresor", lamenta.

Miquel considera que la situación que se vive ahora es fruto en gran parte de que algunos responsables políticos "no han sido muy beligerantes" contra los agresores de los agentes de la autoridad "por intereses partidistas". "Ha habido formaciones en Cataluña que, cuando se han quemado las calles, han llegado a decir que era un ejercicio de expresión democrática", resalta.

El portavoz del SPC considera determinante para que se haya llegado a la situación actual la "sensación de impunidad" existente por el insuficiente castigo que tiene la agresión a un agente. "Están tratando de imponer su voluntad al margen de las normas que la sociedad se ha dado. La democracia no es hacer lo que te dé la gana", añade.

"Violencia gratuita"

Esta percepción es plenamente compartida por Roberto Seijo, secretario general del sindicato mayoritario en la Ertzaintza (Erne). En su opinión, el incremento de la violencia hacia la policía es consecuencia de la "falta de diligencia" tanto del poder judicial como de los gobiernos, estatal y autonómicos. "Si muchas veces la Fiscalía llega a acuerdos con las defensas para minimizar las condenas y las instituciones no se personan en favor de la seguridad, esas personas ven que la violencia que ejercen es gratuita. No hay un reproche penal o institucional y eso es terrible", se queja.

"Cuando una persona rompe una botella y se encara a un policía eso es atentar contra un agente de la autoridad. Si yo rompo una botella y voy a atacar a un magistrado en un juzgado me acusarían por atentar contra la autoridad. ¿Por qué no se hace lo mismo con los policías?", se pregunta Seijo. El sindicalista vasco recuerda que las fuerzas de seguridad son "el último muro" para el cumplimiento de los derechos y libertades del ciudadano y advierte de que esta barrera "se está quebrando día a día".

"El problema que tenemos los policías es la falta del principio de autoridad. Al perderse, el ciudadano que monta algarabías o no está conforme con las instrucciones que se dictan se rebela", sostiene el secretario general del sindicato Jupol en Cataluña, Marcos Veiras. Y advierte: "Nos vemos limitados a la hora de actuar. Tienes que ir con mucha cautela".

Si rompo una botella y voy a atacar a un juez me acusarían por atentar contra la autoridad. ¿Por qué no se hace lo mismo con los policías?"

ROBERTO SEIJO, SECRETARIO GENERAL DE ERNE

También desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se apunta al "laxo ordenamiento" jurídico como una de las causas que ha contribuido a generar la problemática actual, por lo que demandan una reforma que castigue las agresiones a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad como delitos de atentado a la autoridad. "De esta manera no saldría tan 'barato' judicialmente y contribuiría a dejar de convertir este tipo de agresiones en una forma de entretenimiento de aquellos jóvenes que, bajo la influencia del alcohol u otro tipo de sustancias, han incorporado esta práctica a su ocio nocturno", razona Javier Montes, vicepresidente de esta asociación profesional.

La crítica alcanza también a la actuación de muchos políticos con responsabilidades en la gestión pública, especialmente en Cataluña. El pacto de ERC con la CUP para formar gobierno incluyó un recorte de las competencias de los Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y el compromiso de que el Ejecutivo autonómico no se personaría como acusación en las causas por altercados y desórdenes contra independentistas.

"Yo no he visto a ningún responsable criticar las actitudes violentas y decir que no se van a tolerar esas actuaciones y que van a ponerse serios. Imagine el mensaje que se lanza cuando el responsable político calla", censura David Miquel. Roberto Seijo refuerza esa idea: "Si hay partidos políticos que hacen el avestruz en relación con la condena de esa violencia, esas personas ven que hay una libertad para ejercerla sin reproche y puede ir en aumento".

Falta de efectivos

A la luz de los sucesos de este verano, el SPC ha enviado un nuevo escrito a los responsables de la Generalitat en el que demandan el rediseño de los dispositivos para evitar que se siga poniendo en riesgo "la integridad física de los agentes" que participan en el desalojo de concentraciones masivas por el aumento de la agresividad. "El modelo de orden público no se ha modificado como en los países de orden público, donde si hay 2.000 personas mandan a 4.000 policías. Aquí no, aquí se envía a 200 agentes a un botellón de 5.000 personas porque tienes lo que tienes", censura Miquel. Esa falta de efectivos también se destaca desde Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional.

En los incidentes de Noja, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) que intervino estaba formada por una veintena de agentes para restablecer el orden ante una masa formada por unas 2.000 personas, de las que "unas 300 o 400 eran agresivas". Frente a las características de otros episodios registrados en otros puntos del país, la Guardia Civil fue movilizada en esta localidad cántabra sobre las 4.30 horas de la madrugada del pasado domingo no para disolver el botellón sino por las peleas multitudinarias y los desórdenes públicos que se estaban produciendo. "Era kale borroka", destaca uno de los guardias civiles que participó en el operativo, que llama la atención sobre el hecho de que los 18 detenidos procedían del País Vasco.

La mayoría de los focos de violencia han estado asociado a botellones, 'alimentados' por el cierre de los locales de ocio nocturno a partir de una hora determinada en cumplimiento de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para el control de la pandemia de coronavirus. La Confederación Española de Policía (CEP) pone el énfasis en que la respuesta debe empezar mucho antes de que centenares de jóvenes se concentren en la vía pública para beber.

Prevención

"Policialmente, la clave contra estos episodios de violencia es la prevención. Vigilancia previa de espacios públicos en los que se conoce que va a tener lugar el botellón, control de locales (autoservicios, tiendas de comestibles o supermercados) en los que se dispensan bebidas alcohólicas, utilización del régimen sancionador de las ordenanzas municipales y aplicación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana para disuadir a los asistentes, además de firmeza cuando se producen ataques a bienes o personas por parte de los concentrados", defiende el secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil.

En esta línea, Vigil no pasa por alto el hecho de que la ingesta de alcohol por parte de los adolescentes hace que éstos se desinhiban y muchos se vuelvan más agresivos, "al no actuar con la cabeza y verse arropados en una multitud en la que se protegen aquellos más violentos". La solución, en su opinión, no radica exclusivamente en el tejado de las fuerzas de seguridad sino que implica a otros actores.

"Estamos ante un problema complejo. Educativo, por parte de los padres de los adolescentes. Policial, porque estos botellones masivos son un riesgo para quienes asisten a ellos y para el resto de la ciudadanía. Cívico, porque esos adolescentes no respetan los derechos de los demás a poder descansar en las viviendas de esas zonas o a pasear por la calle sin riesgo de ser insultados o agredidos. Y social porque es necesaria una rotunda condena de partidos e instituciones de los episodios violentos y que, a la vez, hagan un llamamiento a la tranquilidad y al ocio responsable, que es el que respeta a los demás y se produce sin violencia", apostilla.