Mi invitado del café de hoy forma parte de ese reducido elenco de personas que, para bien o para mal, no dejan indiferentes a nadie, tan solo con la mera enunciación de su nombre: Baltasar Garzón. Ensalzado y admirado por unos, odiado y vilipendiado por otros, pero nunca inadvertido. Juez y magistrado, por vocación y por formación, es esta una condición que -a pesar del proceso que sufrió en 2012 y que le apartó de la carrera- nadie podrá quitarle jamás.

Hombre curtido en mil ámbitos de la vida pública no se resistió, como se sabe, a los cantos de sirena de la política, actividad en la que duró muy poco y de la que se fue decepcionado. Fue diputado y Secretario de Estado, pero tras comprender que no le sería posible desarrollar su vocación de servicio público, probablemente porque poderosas fuerzas fácticas se lo impedirían siempre, volvió a su acción judicial y siguió instruyendo, como azote de corruptos de uno y otro signo y de organizaciones terroristas como ETA y los GAL, algunos de los procesos más importantes de la reciente historia de España.

Tras apartarse de la carrera judicial, ha ejercido como abogado en el ámbito internacional, dirigiendo la defensa, entre otros, de Julian Assange o en países como Colombia, Ecuador y Argentina. Defensor acérrimo de las víctimas de los crímenes del franquismo, es tal vez al hablar de este terrible asunto cuando más pasión derrocha y más se encienden sus pupilas. Creo que porque, en el fondo, aunque práctico y curtido en mil batallas, sigue llevando consigo a un inconfundible idealista dentro de su corazón.

Mientras charlo con él, no puedo evitar pensar en que, el niño que fue se sentiría orgulloso del adulto en el que se ha convertido: un hombre con una vocación de servicio público y de búsqueda permanente de la justicia absolutamente indomable, al que ni una ni mil sentencias de ningún Tribunal Supremo podrían apartar nunca de su camino recto. Me siento hoy, profundamente orgulloso de tomar este café dominical con Baltasar Garzón Real, una de las pocas personas que siempre han compartido conmigo la idea que en España nunca ha desaparecido cierto Franquismo sociológico, arraigado en parte de la sociedad.

Pregunta.- Ha vuelto usted a ser noticia, señor Garzón, a raíz del informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que se considera inicua su separación, en mi opinión expulsión, de la carrera judicial en 2012. Ha pasado ya casi una década de aquella gran injusticia y a mí me gustaría saber, a pesar del carácter no vinculante del citado informe, cómo lo ha recibido y cómo se encuentra.

Respuesta.- Clarifiquemos en primer lugar qué es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Unos hablan si saber y otros sabiendo, pero con ‘mala leche’, como se dice en mi tierra. Se trata del máximo organismo a nivel universal de protección, defensa y reparación de los Derechos Humanos de las personas cuando acontecen violaciones de los mismos. El Consejo de Derechos Humanos, vigila las violaciones de derechos humanos por los Estados, y el Comité de Derechos Humanos, cuando se violentan los de las personas. Su sede esta en Ginebra. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo crea el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Tiene un protocolo adicional que es el que se refiere a que los particulares pueden acudir, directamente, a ese Comité, en demanda de lo que ellos consideren que son violaciones del debido proceso de cualesquiera.

P.- ¿Derechos Humanos?

R.- Derechos Humanos, en efecto. España ratificó ese protocolo en 1985. Por tanto, se trata de un Tratado Internacional y de su protocolo adicional de acuerdo con la Constitución, si no recuerdo mal su artículo 96, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico español y por tanto es vinculante para todos y cada uno de los organismos. Aquí, el Tribunal Supremo, que yo sepa, es parte del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, que somos todos. Lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dice al Estado español, no al Tribunal Supremo (porque en lo que a mí se refiere no quiero que la sentencia del Tribunal Supremo desaparezca, sino que se quede ahí para los anales, pero que ese informe tiene que ir ‘cosido’ a ella) es que ese sentencia es arbitraria, que es imprevisible la conducta por la que se me condenó, que es injusta, que es parcial, que el Tribunal (Supremo) fue parcial y que no se concedió el derecho de instancia.

P.- El informe es claramente demoledor.

R.- Es muy contundente. Y algo más, como añadido: en el comité hay 18 componentes, de 18 países, y son todos grandes juristas como el español. No se debe descalificar esa decisión, que es vinculante. Como el interlocutor de mi demanda es el Estado español es el Estado español el que tiene que cumplir y en su nombre, es el Gobierno quien tiene que impulsar.

P.- ¿Y qué es lo que se espera que ocurra a partir de ahora?

Sería muy oportuno establecer ese mecanismo para cumplir esas resoluciones que son vinculantes, no lo olvidemos

R.- La cuestión es que no hay un procedimiento definido para cumplir los dictámenes o las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que, en primer lugar, sería muy oportuno establecer ese mecanismo para cumplir esas resoluciones que son vinculantes, no lo olvidemos. Vinculantes para todo el Estado y para todos los poderes. El Tribunal Supremo no se puede salir por la tangente aquí. Hay que establecer un procedimiento. ¿Cuál? Debe ser el propio ejecutivo o legislativo el que lo establezca, pero le dan seis meses para cumplirlo.

P.- Es decir, que el Ministerio de Justicia, que entiendo que debería ser quien pusiera en marcha este procedimiento, debería devolverle en seis meses los derechos violados.

R.- Hay un aspecto que dice: ‘Borrar los antecedentes penales’. Si dice el Comité que es una sentencia arbitraria no puede generar un efecto penal. No se puede cambiar lo que ya ha sido, pero sí eliminar los antecedentes penales con una resolución que es del Ministerio de Justicia que tendrá que decir qué alcance, cómo y de qué manera. Hay un segundo ámbito que es legislativo porque lo que dice el Comité es que el delito de prevaricación judicial, en este caso y en general, no es previsible. La conducta no es previsible. Por lo tanto, que se modifique el Código Penal para futuro… es decir, no es para Baltasar Garzón. Yo he sido, de alguna forma, la espoleta que ha permitido que un Comité diga las cosas muy claras. Aprovechen y modifiquen el Código Penal para que no vuelva a ocurrir, porque hay una parte del dictamen que es, precisamente, la que usted dice: ‘Para que no vuelvan a suceder…’ Es decir, las garantías de no repetición. Por tanto, ese ámbito también.

Todo el mundo tiene derecho a que su caso se vea revisado por jueces de rango superior

Hay otro más que es el de la doble instancia: no hay un número de jueces del mismo rango, como se dice, sino que todo el mundo tiene derecho a que su caso se vea revisado por jueces de rango superior. Es muy fácil establecer una Sala de Apelaciones en el Tribunal Supremo, o cualquier otro mecanismo, pero hay que hacerlo. Esa es una modificación legislativa. Hay un tercer ámbito que es la reparación.

P.- Se me antoja muy complicada, doce años después. ¿Cuál sería? Porque de usted se dijo que había cometido el delito más grave que un magistrado podía cometer, el de prevaricación, por aquellas famosas escuchas a alguno de los detenidos del ‘caso Gürtel’. ¿Cuál sería, para usted, esa reparación?

La única forma de reparación es la reintegración en el puesto del que fui objeto de extracción de forma arbitraria"

R.- Se desprende del mismo contexto de la resolución y de la demanda. En la demanda, evidentemente, yo cuestiono los procedimientos que se han seguido contra mí y ahora se me dice que la condena fue arbitraria. La única forma de reparación es la reintegración en el puesto del que fui objeto de extracción de forma arbitraria, como se ha visto, a posteriori. Por tanto, no es ya que yo lo pida; es que debe existir la posibilidad de reintegración en el cargo. ¿Cómo? NO es por descalificar al Tribunal Supremo, pero es que España es parte de un tratado y el Comité ha dicho lo que hemos visto. Luego hay una parte que es la compensación o indemnización, que es lo de menos. Si me pregunta cómo me siento, la propia resolución en sí ya es una reparación. Muy potente. No es solo una victoria moral. Es una victoria jurídica, personal y profesional que establece una perspectiva de futuro en defensa de todos los jueces y fiscales y en defensa de la independencia judicial. Lo que dice el Comité es que no se puede coaccionar penalmente a jueces y fiscales por interpretar la ley. Se puede revocar si hay un error o una mala interpretación, pero no decirle que le van a condenar por un delito porque haya interpretado la ley de una forma razonable y al menos defendible.

P.- ¿Se arrepiente de algo de lo que pasó? ¿Volvería a hacerlo?

R.- Yo sé que esa es una pregunta que hacen los periodistas, ‘volvería a hacerlo’, ‘se arrepiente’. El término arrepentimiento no me gusta nada porque uno toma sus decisiones cuando y como las toma, y no hay que arrepentirse de nada. Otra cosa es si uno haría lo mismo. Nunca se haría lo mismo porque las circunstancias son diversas. Si se hace el ejercicio en el sentido de que yo investigaría o establecería los medios para investigar los crímenes franquistas, diría: sí, los establecería. ¿Cómo? Como a la luz de todo lo que va aconteciendo se pudiera hacer. En aquel momento yo tomé esa decisión. Hubo un juez que admitió la querella y el Consejo me suspendió. Bien, hubo una interceptación de comunicaciones, pero es que en aquel momento hubo una petición del fiscal, una petición de la policía, el fiscal no me acusó en ninguno de los hechos por los que se me investigó, al contrario, pidió firme y vehementemente, la absolución porque era evidente, hubo otros jueces que hicieron lo mismo que yo en ese procedimiento y en otros y nunca se les molestó ¿Y ahora? Es que ahora no haría falta tomar la decisión que yo tomé porque en 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ya está prevista.

P.- Está claro que usted, para ser apartado, es porque debía ser muy incómodo para el ‘Sistema’ porque todo hace pensar que fue una decisión política, aunque luego la sentencia la emitiera un tribunal. Es lo que parece.

Fue algo absolutamente anormal, único en la historia. Tres causas judiciales simultáneas, que casi hasta había que correr para llegar a las distintas citaciones

R.- No voy a entrar nunca en qué subyace. Respeto, siempre lo he dicho, al Tribunal Supremo y creo en la Justicia. Evidentemente discrepo, desde la raíz, de esa decisión. Lo dije entonces y lo digo ahora con mayor razón. No fue normal. Fue algo absolutamente anormal, único en la historia. Tres causas judiciales simultáneas, que casi hasta había que correr para llegar a las distintas citaciones, encadenadas, por ejemplo, en un tema que estaba archivado por el propio Supremo y visto por el CGPJ, que se reapertura como el de los cursos de Nueva York, prescrito, y que luego se me pasa a procedimiento en el mismo momento de la deliberación de Gürtel y una semana después se archiva por prescripción ¿Qué pasa, que la prescripción se produjo esa semana? No. ¿Qué ocurrió aquí? Que cada cual saque sus conclusiones. A quienes no van a perdonar ni mi propia existencia no les voy a hacer cambiar.

P.- Usted tiene fama de hombre duro e incorruptible, y poco permeable a las presiones o cantos de sirena de los políticos. Es un hecho. Se enfrentó con el PSOE, llegando incluso a sugerir que el señor González, entonces todopoderoso, podría haber sido la famosa ‘X’ de los GAL, y después con el PP.

R.- No, no. Eso no fue así como se ha contado. Yo nunca me he enfrentado al PSOE y nunca he procurado enfrentarme a ningún partido político. Han sido hechos los que yo he investigado, y cuando he tenido indicios, que los tenía.

P.- Bien, lo mismo que ha pasado con Gürtel y el PP, pero usted ha investigado causas que han molestado a derecha y a izquierda, al PSOE, al PP… al bipartidismo y a los poderosos de este país.

R.- Lo único que hice fue mi labor como juez, siendo independiente y jugándomela, como se ha comprobado porque creía que había que hacerlo en defensa de las víctimas, en defensa de la legalidad y porque creo que la Justicia no es Justicia si sus operadores no dan todo lo que tienen de sí.

P.- Le pregunto ahora como ciudadano, más que como periodista: ¿existe la independencia de la Justicia en nuestro país?

R.- Creo que sí. Necesito pensar que sí. Hay ejemplos que no demuestran esta afirmación, pero hay muchos otros, muchos jueces y fiscales que trabajan con independencia, con autonomía, jugándosela día a día en favor d ellos ciudadanos. Hay ejemplos de lo contrario, claro que sí. En todas las profesiones hay excepciones, pero en España creo que, en el nivel judicial, desde su base, hay independencia. Quizás en la cúpula hay algunos ejemplos en los habría que profundizar. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, en su Sala Segunda, que acumula un poder respecto de los aforados porque es única instancia, te la juegas con ellos. No tienes posibilidad de que alguien le diga que se han equivocado.

P.- ¿No le parece que en España hay un número alucinante de aforados? En Italia hay uno: el Presidente de la República. En España hay más de mil.

R.- Soy partidario de la eliminación del aforamiento.

P.- ¿Por qué no se hace?

El Tribunal Supremo es el último reducto y eso significa acumulación de poder. Esa acumulación de poder es nociva para la democracia"

R.- Habría que preguntarle a quienes no lo implementan. Antes o después se hará. Mientras se mantenga la cuestión del aforamiento, se deben de establecer los mecanismos. Por ejemplo, si te juzga un Tribunal Superior de Justicia tienes la posibilidad de que, alguien después te vea. Pero si te juzga el Tribunal Supremo no. Ni siquiera con un recurso extraordinario como sería el de casación frente a una sentencia como sería la de un Tribunal Superior de Justicia, pero es que en los Tribunales Superiores de Justicia ya se ha establecido la sala de apelaciones, es decir, la doble instancia. El Tribunal Supremo es el último reducto y eso significa acumulación de poder. Esa acumulación de poder es nociva para la democracia y para el Estado de Derecho. Lo digo con contundencia y a las pruebas me remito.

P.- ¿Por qué entró en política?

R.- Hace mucho tiempo.

P.- Sí, pero ¿por qué lo hizo? No es el primer caso. En mi país también hubo magistrados de mucho prestigio que tomaron esa decisión.

R.- No fui el primero, pero en aquel momento, en 1993, por mi proyección pública judicial, tuvo mucha trascendencia. A día de hoy, todavía cuando se pone un ejemplo de un juez que se pasó a la política, me ponen a mí, cuando creo que fui el que menos duró en política. Para mí, el servicio público es integral. La separación de poderes, el Estado de Derecho es clave, pero eso no quiere decir que cada cual vaya por su sitio y se disparen mutuamente. Las tensiones son normales pero un servidor público puede prestar servicio a la sociedad en otros ámbitos distintos de aquellos para los que estudió.

Creía que lo que podía aportar, con mi experiencia en la lucha contra el crimen organizado, podía servir también desde esa perspectiva legislativa y en el Ejecutivo"

¿Por qué me incorporé yo a unas listas, las del PSOE, como independiente? Porque creía que lo que podía aportar, con mi experiencia en la lucha contra el crimen organizado, podía servir también desde esa perspectiva legislativa y en el Ejecutivo. Cuando llegué a la convicción de que eso no era posible porque no podía contribuir a esa finalidad por la que había entrado, de haber permanecido me consideraría un usurpador de la voluntad popular. Si yo me comprometo con el pueblo y quien me trae a la política se compromete, también, esto en un verdadero contrato con los ciudadanos que para mí es sagrado, y si el político no cumple las condiciones, debe marcharse. Y así se lo dije al presidente del Gobierno en una carta con fecha de 18 de abril de 1994, que hice pública en parte en 2016, en un libro donde contaba esa historia, sin ningún tipo de pretensiones; ‘no puedo cumplir esta labor, me voy.

P.- Algo que deberían hacer muchos políticos, aunque no suele ser lo habitual. Hablemos de su último libro: ‘La Encrucijada’. ¿Qué es ‘La Encrucijada’?

R.- Es una reflexión, una introspección en los temas que me preocupan y que forman parte de la actualidad nacional e internacional de distintos ámbitos: inmigración, medio ambiente, justicia. Fue clave para mí porque es un libro que en vez de ser tan descriptivo es introspectivo. Aporto aquello en lo que realmente creo y también la crítica a las posiciones políticas de la extrema derecha pero también del progresismo, de la falta de soluciones, de un discurso vacío a veces de contenido hacia los ciudadanos, crítica al populismo y sobre las Instituciones, el valor del servicio público. Esa introspección tuvo también que ver con mi propia vivencia del virus, del Covid, que me afectó al principio, a partir del 20 de marzo de 2020.

P.- Traigo a esta conversación último libro que he leído, muy recientemente sobre Ángela Merkel, donde de cómo la líder alemana establece con claridad la necesidad de poner un cordón sanitario a la extrema derecha. Cree que esto debe ocurrir aquí y todos los demás países de la Unión Europea, donde no se ha actuado de la misma forma, hasta el punto incluso de llegar a ilegalizar partidos de extrema derecha.

R.- La historia de Alemania o de Italia respecto del nazismo y del fascismo es muy específica y todos la conocemos. Que Alemania, que sufrió ese cáncer en su forma más cruel, el nazismo, establezca mecanismos de protección para que nunca más vuelva a sucederse un Holocausto es lo normal. Va en el ADN de cualquier ciudadano alemán, y por supuesto de Ángela Merkel, que no es socialdemócrata ni comunista. No juguemos con lo que no se debe jugar. En Italia ocurre igual. Aquí en España ha habido una especie de aquiescencia, casi comprensión del franquismo.

Nosotros hemos vivido una dictadura durísima consecuencia de un golpe de Estado que dio lugar a una guerra civil que ahora se trata de revisar, de decir que no fue un golpe de Estado, que fue otra cosa, en fin, es totalmente extraño. Al hilo de esto, de estos juegos, a veces dialécticos y a veces más profundos, surge una extrema derecha franquista xenófoba, homófoba, dentro de unas dinámicas que empezó a instaurar Donald Trump, aunque ya venían de antes, un movimiento de extrema derecha en Polonia y en Hungría que es muy preocupante.

Se habla de la libertad de expresión; por supuesto, sí, todos la defendemos, pero eso no es libertad de expresión"

Por tanto, hay algunas cosas que no tienen consistencia ni podrían ser legales, ni mucho menos, como la exaltación de sus valores que en Alemania o en Italia están previstos como delitos. No cabe. Aquí existe una Fundación como la de Francisco Franco. Se habla de la libertad de expresión; por supuesto, sí, todos la defendemos, pero eso no es libertad de expresión, no lo es, en tanto en cuanto se ve claramente que se ataca a otros valores que están tanto o más necesitados de protección.

P.- Pongamos entonces el foco en la UE que ya ha dado un tirón de orejas a Hungría, a Orban. ¿Cuál debería de ser la respuesta?

R.- En España la prohibición de partidos políticos no es, precisamente, una medida que se pueda ni se deba adoptar. Lo que ocurre es que, los partidos políticos, dentro del sistema constitucional español, deben de respetar los principios constitucionales, y dentro de los principios constitucionales, los derechos que se reconocen en el Título I de la Constitución. Es fundamental que esto sea así. Y cuando haya una mínima duda de que un partido político no cumple, entonces sí que se deben de tomar las medidas correspondientes para erradicar ese comportamiento. Si es personal, personal, personal. Si es colectivo, colectivo. Si es orgánico de un partido, de un partido. Por tanto, caso a caso. No es defendible que exista una Fundación Francisco Franco porque exalta unos valores que son antidemocráticos y anticonstitucionales. O cambia el objeto o cambia el nombre.

P.- ¿Pero por qué no se hace? Yo, como extranjero, que lo veo claramente en Italia o en Alemania, no entiendo por qué aquí no. Este país ha tenido gobiernos de derechas, de centro y de izquierdas, pero no se ha tomado nunca esa decisión.

R.- Porque se apela mucho a la reconciliación, que para mí no ha existido como tal. Ha habido un olvido inducido, una aceptación del mal menor, pero no ha habido ninguna explicación ni pedagogía sobre la dictadura. Se ha ocultado sistemáticamente, durante la Transición así fue, se optó por una fórmula que era continuar. Quizá ahí es, desde mi punto de vista, de donde parte el error, y luego se ha tardado mucho en reconocer el verdadero alcance del franquismo. Estamos en 2021 y todavía estamos en la primera fase de tramitación de la nueva ley de memoria democrática. Y la primera fue en 2007. Y la única acción judicial, que fue la que yo llevé adelante en 2008, fue segada de raíz y además desde entonces sin posibilidad de protección judicial de las víctimas del franquismo, que han tenido que ir de organismo en organismo para que se les proteja. Afortunadamente, en los niveles provinciales, locales, más que a nivel nacional, se han hecho avances.

Pero desde el ámbito del poder judicial siempre ha habido un rechazo durísimo. Eso nos lleva a una posición ultraconservadora, al menos en las más altas instancias, respecto de ese asunto. Cuando a mí se me enjuicia y luego se me absuelve, en este caso por el tema del franquismo, después de estar casi dos años suspendido, se cierra toda posibilidad a las víctimas del franquismo de acudir a la vía judicial. Luego, se cierra el conflicto de competencia que hubo, con una resolución del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2012, toda posibilidad para las víctimas. Desde entonces están pidiendo una solución.

Si no hay justicia penal, que haya justicia restaurativa. Hay solo una acción que esté prosperando en este momento, pero no es en España, es en Argentina, que avanza una investigación concreta por crímenes del franquismo. Eso es una lacra, un peso, demasiado evidente que tenemos encima. Lo grave de esto es que, por esa cobertura, por esa justificación del franquismo del que se dice ‘que no era fascismo’, que era ‘algo diferente’, ‘algo bueno’ incluso, pues no se les reconoce a las víctimas ni siquiera como tales. Lo he visto en primera persona.

Estados Unidos y Afganistán

P.- Usted habla en su libro también de inmigración. El reciente desastre en Afganistán, con la retirada que a muchos nos parece vergonzosa, a otros indigna, y que ha llenado páginas y minutos de telediarios. ¿Qué opina de todo lo ocurrido allí y de la retirada de EEUU y la OTAN de una misión, que ya no se sabe si ha sido humanitaria, tras las declaraciones de Biden, o qué ha sido?

Resultaba obvio para cualquier observador que, para combatir el terrorismo, una violencia asimétrica, no tienes que invadir un Estado"

R.- El 2 de octubre de 2001, yo publiqué un artículo en ‘El País’, que se titulaba ‘La Respuesta’. Fue el primer artículo de fondo que se escribía en aquel momento sobre la inminente invasión de Afganistán los Estados Unidos. Yo decía que aquello iba a ser un bombardeo de la miseria que no iba a solucionar nada, que iba a ser un nuevo fracaso. No quiero pasar ahora por ‘listo’ o remarcar que acerté. Resultaba obvio para cualquier observador que, para combatir el terrorismo, una violencia asimétrica, no tienes que invadir un Estado. Si invades un Estado, y a las fuerzas violentas que hay dentro, no te puedes ir jamás porque en el momento en el que te vayas, surgen de nuevo. Tienes que atacar el mal de raíz y para ello no sirven las invasiones porque se acabaron hace muchos siglos. Los imperios tuvieron una razón de ser históricamente siglos atrás, unos más, otros menos, las civilizaciones han ido progresando y en la época precristiana las invasiones y migraciones eran incluso vehículo de progreso, de cultura. Ahora no; ahora es un mecanismo de ‘peligro’, para la extrema derecha, de que nos vayan a ‘corromper’ si vienen gentes de otras áreas. Todo se ha invertido.

Biden no miente al decir que el fin era combatir el terrorismo, en eso no miente, pero durante 20 años se ha hecho lo contrario. Si para combatir el terrorismo no combates el narcotráfico, que es como se nutren, que aquel país es el mayor almacén del mundo de heroína, pues incurres en la mentira. Se sabía que ha sido un negocio permanente para grandes empresas, para inversiones… tenemos el ejemplo de cómo en otras ocasiones, Estados Unidos, acaba su estancia en otros países. En el momento en el que económica y políticamente ya no les interesa. Se vio en Somalia, en Vietnam, en Libia y ahora en Afganistán. Yo escribía también hace algunas semanas, con dolor, preguntándome qué hemos conseguido. No se ha ido a las causas de esta confrontación con unos individuos alejados de la realidad completamente. Lo que ahora va a ocurrir es una confrontación interna entre los talibán y el Estado Islámico. Y es probable que surja también alguna facción de Al Qaeda. Va a seguir siendo un foco de confrontación y las víctimas van a ser las de siempre, las mujeres y las personas más vulnerables, también los homosexuales, los niños, en un Estado dominado por quienes odian cualquier otra posibilidad.

P.- ¿Volveremos a asistir a una repetición de otras terribles masacres que vimos, no hace tantos años, en otros lugares de Europa?

R.- El terrorismo tiene unas raíces muy profundas. Las organizaciones terroristas van a golpear donde puedan. Ni siquiera a lo mejor fuera. Si se renuevan y obtienen los fondos necesarios. El planteamiento no es solo luchar contra los efectos. Hay que profundizar mucho más. Pero con la falta de análisis que se aprecia hoy en el mundo, se ve muy difícil.

P.- ¿Qué foto tiene de España, políticamente? Crispación no falta.

R.- El panorama actual me sugiere mucha tristeza. En la pequeña escala en la que yo puedo opinar, en mis artículos de prensa y demás, creo que falta una profundización en lo que es el servicio público de la política. Estar en el Parlamento no es estar para insultarse, o quien es ‘trending topic’. El servicio público es beneficiar en primer lugar a los ciudadanos y darlo todo por ellos. No ver dónde está la veta de poder para eliminar lo que otro haya podido hacer o para obstaculizar el decurso normal de las instituciones. El ejemplo, en mi ámbito, está en el CGPJ. ¡Tres años ya! Es inasumible.

Política, social y judicialmente, no es digerible. Y se ve que es un elemento más, no ya de confrontación sino de poder político. No cambio el Consejo porque no me acomoda quien está o porque no controlo a quienes se puedan nombrar. Es tremendo. Dicen: ‘No, tiene que cambiar el modelo de elección del Consejo’ Pero si no es el modelo, si el modelo parlamentario a mí me parece muy bien, pero hay que hacerlo como hay que hacerlo. No se puede convertir en una cuota o en un cambio de cromos entre partidos. ¿Y si cambia (el modelo) quién va a obtener el poder? ¿Las corporaciones o las asociaciones judiciales? ¡Ojo!

P.- ¿Volvería a la política si surgiera algún proyecto que le interesara?

R.- He tenido alguna aparición política con una iniciativa progresista, ‘Actúa’, que era más una plataforma para que fuerzas progresistas encontraran un espacio común y de alguna forma eso se ha cumplido. Desde 2012 iniciamos acciones en este sentido y finalmente se ha producido, ha habido una confluencia. Creo que las fuerzas progresistas deberían haberla afrontado, haciendo su propio examen de conciencia de en qué se ha fallado y de qué demanda la sociedad de esa visión progresista. Es como he dicho siempre en torno a la Justicia, que no hay Justicia conservadora o progresista, en materia de defensa de los Derechos Humanos, solo cabe la visión integral y progresista, porque aquellos no se negocian: o los defiendes o no los defiendes, pero eso sí, al defender esos Derechos Humanos tienes que hacerlo respecto de todos, no solo de los que gustan.

P.- ¿De qué se ocupa ahora mismo Baltasar Garzón?

R.- Tengo mi despacho con dieciséis personas, trabajando mucho, nacional e internacionalmente. Tengo una Fundación Internacional, ‘Baltasar Garzón’, que trabaja en materia de Derechos Humanos. Mi despacho no tiene que ver en su actividad con la Fundación. Yo tomé una decisión, cuando me vi obligado a ganarme la vida de otra forma que fue no actuar en ningún caso en España. Eso me ha supuesto un modelo diferente y mucho más costoso para mí que otros. Yo no he sido abogado de nadie en España, ni les llevo casos (en España) los lleva mi despacho. Por lo demás, escribo, pienso, desarrollo mecanismos de defensa.

P.- ¿Y si se pone en marcha este proyecto que debería volver a habilitarle?

R.- Desde mi punto de vista no hay otra posibilidad. La reparación pasa por mi reintegración en la carrera judicial.

P.- ¿Le apetece?

R.- Sí porque se eliminó algo que no fue voluntario. Una cosa es que yo abandone la carrera judicial, como ocurre a muchos o como fue mi decisión en 1993, pero la de 201e fue cruenta, arrancándome una profesión, que no tenían por qué haberlo hecho. Ahora he recibido una reparación, pues ya me vale.

P.- Pero falta la siguiente reparación…

R.- Ni siquiera debería plantearse que yo la exija porque el Comité, de forma vinculante, exige al Estado español que cumpla.