La publicación de una noticia con más información de la que la Fiscalía General del Estado desea sacar a la luz sobre la investigación que tiene abierta contra el Rey emérito por el disfrute de fondos millonarios que no declaró a Hacienda antes y después de su abdicación ha pillado al órgano dirigido por Dolores Delgado desprevenido.

El diario El Mundo publicó este viernes (a tres días de la apertura del año judicial y justo la mañana que Delgado entregaba al rey Felipe VI la memoria anual del Ministerio Fiscal) el contenido de uno de los documentos enviados a la Fiscalía de Suiza en la que los investigadores españoles exponían que el exjefe del Estado Juan Carlos I pudo recibir "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Es decir, apuntaban a que pudo ser un comisionista, viendo indicios de que pudo incurrir en presuntos delitos de "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

La publicación de la noticia provocó, por un lado, que el partido de coalición del Gobierno Unidas Podemos instara a la Fiscalía a no retrasar más la presentación de una querella contra él ante el Tribunal Supremo y, por otro, que su defensa acusara al Ministerio Público de conculcar "de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano". El abogado Javier Sánchez-Junco defiende que "en esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice".

El papel clave de Orleans

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, que dirige las pesquisas alrededor del emérito, expuso dichos indicios delictivos con el fin de conseguir que sus homólogos en Suiza le entreguen la información de todas las cuentas en los bancos de dicho país de la fundación Zagatka entre los años 2016 y 2019. Documentación que afecta a terceras personas.

Dicha fundación, creada por el primo lejano del emérito Álvaro de Orleans, fue el vehículo para que el primero sufragara viajes y numerosos gastos personales valorados en ocho millones de euros. La Fiscalía ha interrogado a De Orleans, que niega ser un testaferro para el exjefe del Estado español. Sin embargo, los fiscales creen que su actuación y la información sobre las cuentas de su fundación es clave para llegar al origen de los fondos millonarios que entregó a Juan Carlos I, objetivo de su investigación.

Después de la publicación del documento contenido en la comisión rogatoria, la Fiscalía se vio obligada a reconocer que, aunque está en la búsqueda de la procedencia de esos fondos y ve indicios de que el emérito pudo cometer dichos delitos -de hecho éste ya ha pagado más de cinco millones de euros a Hacienda para evitar una investigación por fraude fiscal- no tiene previsto de momento presentar una querella contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única que puede investigarle.

"Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requiriente, acompañados de una incicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición (...)", aclaró la Fiscalía en el documento en el que descartaba estar ante un "dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal".

Filtraciones del procedimiento

No es la primera vez que una filtración del procedimiento pilla al Ministerio Público con el pie cambiado. En noviembre de 2020, Eldiario.es publicó que la Fiscalía investigaba al Rey emérito por la utilización de tarjetas opacas en beneficio de miembros de la Casa Real para hacer múltiples gastos no declarados a Hacienda en los años posteriores a su abdicación, cuando no estaba protegido por la inviolabilidad del cargo de jefe de Estado.

Se refería el citado medio a los pagos de múltiples gastos del emérito y otros familiares suyos -en ningún caso los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas- que hizo el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krausse utilizando una cuenta de un militar colaborador de Don Juan Carlos para evitar declararlos a Hacienda. Para la fecha en la que recibió dichos regalos, tenía una asignación de cerca de 200.000 euros anuales de la Casa Real pese a haber abdicado en su hijo.

La publicación provocó que su defensa presentara una regularización a Hacienda para evitar ser investigado por delito fiscal, pero también un enfrentamiento dentro de la Fiscalía. La fiscal general acusó a la Fiscalía Anticorrupción -que inició las pesquisas- de filtrar los datos. Desde el departamento dirigido por Alejandro Luzón también surgió desconfianza hacia Delgado. Finalmente, ésta resolvió la crisis incorporando a Luzón al equipo de fiscales del Tribunal Supremo que investiga las supuestas actividades ilícitas del Rey emérito y comunicando a los medios de comunicación su incorporación, así como la apertura de una tercera investigación a raíz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Con la operación silenciaban los rumores de descoordinación y contentaban a los medios con nuevos datos que no han ampliado en casi un año.

En general, la información sobre la investigación alrededor del emérito se aporta a cuentagotas desde la Fiscalía española. Continúan sin embargo las filtraciones de la investigación que inició el fiscal suizo Yves Bertossa a la examante del rey emérito Corinna Larsen y los asesores fiscales Dante Canónica y Arturo Fasana por presunto blanqueo agravado en la operación societaria para pasar 100 millones de dólares que donó el rey saudí Abdul Aziz Al Saud a Juan Carlos I en 2012 a una de las cuentas de la mujer en Bahamas.

También se ha conocido el contenido de las denuncias que ésta ha anunciado que presentará contra el emérito en Reino Unido por supuestamente encargar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán que la "hostigara" para que no contara lo que sabía sobre el exjefe del Estado español. Precisamente dichas supuestas amenazas fueron las que provocaron que saliera a la luz la donación multimillonaria del rey saudí al emérito que comenzó a investigar en 2018 la Fiscalía suiza por haberse depositado dicha cantidad en cuentas de bancos del país adscritas a la fundación Lucum. Dos años después, la Fiscalía española también anunció que abría una investigación al Rey emérito sobre dicha donación por si pudiera responder a una comisión por mediar en la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a La Meca a una unión de empresas españolas. Una investigación que el Ministerio Público repite "tres líneas de investigación", pero de las que se han aportado muy pocos detalles que permitan saber si finalmente presentarán o no querella ante el Tribunal Supremo.