El Ministerio de Sanidad asegura que no puede facilitar los contratos de compra de las vacunas contra la covid-19 firmados por la Comisión Europea con los laboratorios autorizados para comercializar los sueros porque "no obran en poder de la Administración española", pese a que nuestro país es uno de los 27 estados miembros que participa en esta adquisición centralizada.

Así lo ha asegurado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el escrito enviado el pasado 31 de agosto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el trámite de alegaciones antes de que se resolviese la reclamación interpuesta por este redactor tras haberle sido denegado el acceso a la información. La autoridad independiente que vela por la transparencia en las instituciones públicas comparte los argumentos de la Administración y no ha amparado la petición.

Registrada el pasado 19 de enero, semanas después de que comenzara el plan de vacunación contra el coronavirus en España, la solicitud perseguía el acceso a los "contratos o acuerdos de cualquier índole firmados por el Gobierno de España en relación con la compra de vacunas contra la covid-19". Sólo durante el primer semestre del año, España ha destinado ya más de 547 millones de euros a la adquisición de preparados para inmunizar a la población frente al SARS-CoV-2.

La AEMPS denegó facilitar los documentos el pasado 11 de marzo invocando el apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de transparencia, que establece que se rigen por su propia normativa "aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información". Según mantuvo el departamento dirigido por María Jesús Lamas, los acuerdos de compra anticipada (APA, por sus siglas en inglés) suscritos entre la Comisión Europea y las farmacéuticas se rigen por la legislación comunitaria relativa a la transparencia, por lo que la petición debía dirigirse a Bruselas.

Reglamento europeo

Frente a ese argumento, la reclamación citaba el artículo 5 del reglamento relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión que prevé la posibilidad de que, cuando un estado miembro reciba una solicitud de un documento que obre en su poder y que tenga su origen en una institución comunitaria, consulte a ésta para tomar una decisión e incluso remitir la solicitud al organismo europeo.

En las alegaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sostuvo que dicho precepto no es de aplicación en este caso "toda vez que los contratos solicitados no obran en poder de la Administración española" y, por tanto, no tiene efectos la consecuencia jurídica prevista en el artículo 5 del citado reglamento.

En su resolución, el CTBG reproduce los argumentos que ya desgranó al resolver la reclamación formulada por otro ciudadano que había intentado sin éxito que se le facilitaran los contratos firmados con Pfizer-BioNTech para dictar resolución desestimatoria. Transparencia sostiene que se trata de un contrato de adquisición anticipada firmado entre las compañías farmacéuticas y la Comisión Europea y "no es un documento que se encuentre necesariamente en poder de la Administración española".

Compra centralizada liderada por la CE

España participa en la compra centralizada de vacunas impulsada por la Comisión Europea, que ha liderado las negociaciones con los laboratorios para lograr un reparto equitativo entre los estados miembros. El primer acuerdo se anunció de en agosto del pasado año para la adquisición de viales de AstraZeneca y, desde entonces, el Consejo de Ministros ha autorizado varias operaciones más para garantizar el suministro de dosis y que avance el proceso de inmunización.

De acuerdo con los datos facilitados por la AEMPS al amparo de la Ley de Transparencia, España había destinado durante el primer semestre del año 547,08 millones de euros a la compra de 48,55 millones de dosis de las cuatro vacunas autorizadas hasta el momento por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) contra la covid: 33.843.847 de Pfizer, 8.266.300 de AstraZeneca, 4.759.200 de Moderna y 1.681.700 de Janssen.

La imposibilidad de acceder a los contratos participados por los 27 estados miembro para el suministro de vacunas impide conocer al detalle las condiciones pactadas con los laboratorios farmacéuticos, como las obligaciones que asumen tanto los fabricantes como la Comisión Europea.