La Fiscalía Anticorrupción ha presentado la tarde de este lunes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de dar por concluida la investigación Kitchen limitando la responsabilidad de ésta a la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, dejando al margen a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.

Los fiscales consideran que el juez ha dado por acabada la instrucción, proponiendo sentar en el banquillo a los responsables policiales, sin haber practicado todas las diligencias necesarias, como por ejemplo tomar declaración al exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. Piden la revocación del archivo de la causa respecto de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López Del Hierro.

"Caótica situación procesal"

Desde Anticorrupción exponen que la instrucción "se ha cerrado precipitadamente, sin esperar al resultado de diligencias de investigación relevantes para su esclarecimiento, ya acordadas por el instructor y no practicadas aún", así como consideran que el juez ha creado una "caótica situación procesal que se ha creado al acumular en una misma resolución judicial decisiones que en sí mismas pueden ser objeto de recurso".

Por eso, recurren directamente en apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que obligue al juez García-Castellón a concluir la investigación y practicar distintas diligencias de investigación que solicitan.

Averiguar si el 'falso cura' recibió fondos reservados

El juez descartó la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior tras la puesta en marcha del dispositivo

En la investigación Kitchen del caso Villarejo se aborda el dispositivo de vigilancia desplegado alrededor del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas entre 2013 y 2015 para requisarle documentación sobre la financiación irregular del Partido Popular que comenzó a investigarse en el caso Gürtel. Para conseguirlo, según se ha acreditado en la instrucción, se desplegó un operativo policial al margen de la investigación judicial en el que participó el ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y otros comisarios y a la que se destinaron fondos reservados del Estado. Con éstos se pagó un sueldo de 2.000 euros al mes durante dos años a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Bárcenas y su esposa, para que actuara como confidente del operativo.

Una de las diligencias que los fiscales consideran necesario practicar es pedir a la Policía documentación ya desclasificada (no protegida por la ley de secretos oficiales) para averiguar si también se pagó con fondos reservados del Estado a Enrique Olivares García, un hombre que entró en el domicilio de Luis Bárcenas mientras éste estaba en prisión y maniató a su esposa Rosalía Iglesias y al hijo de ambos, Guillermo Bárcenas, reclamándoles un pendrive con información, según declararon en sede judicial. El denominado 'falso cura' fue condenado a 22 años de prisión por secuestro. Los fiscales solicitan que continúe investigado en la causa.

El pasado 29 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 propuso juzgar a la excúpula del Ministerio del Interior por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación, por el despliegue del operativo Kitchen. Archivó la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que estaban investigados. En su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez descartó la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior tras la puesta en marcha del dispositivo.

Ahora, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "la revocación del acuerdo de sobreseimiento provisional parcial respecto de los investigados María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro y Enrique Olivares García (el 'falso cura'), tanto por el carácter manifiestamente extemporáneo de la decisión como por la presencia, en este concreto momento procesal y a salvo de lo que resulte de las diligencias pendientes de practicar, de suficientes indicios de criminalidad de su respectiva participación en los hechos delictivos objeto de investigación en la presente pieza separada número 7", han informado fuentes fiscales.

Fernández Díaz apunta hacia dirigentes del PP

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también considera que se ha hecho un cierre del caso "en falso". Así lo manifestó su abogado Jesús Mandri en el recurso contra el auto de procedimiento abreviado que presentó el pasado 2 de septiembre al que tuvo acceso El Independiente.

En éste, interesando que se practiquen las diligencias que pidió Anticorrupción durante el mes de julio y que el juez no acordó, consideró que "la interpretación del Ilmo. Instructor 'encapsulando' los hechos en el entorno del Ministerio del Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas".

El exministro descarta cualquier conocimiento de la operación Kitchen y afirma que las directrices hacia su número dos Francisco Martínez debieron llegar de otro lugar. Apunta hacia "dirigentes del Partido Popular".

"Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio. Y precisamente a don Jorge Fernández Díaz no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la Pieza Separada 'papeles de Bárcenas'. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial. Como declaró el pasado 18 de junio el testigo Inspector Jefe de la UDEF nº 81.067, Sr. Morocho, quien tuvo un papel relevante en la investigación del 'caso Gurtel', en la lista de perceptores de cantidades del Partido Popular no se encontraba el Sr. Fernández Díaz", se podía leer en dicho escrito.