"Vox va a defender su programa electoral durante los dos próximos años". Vox no obstaculizó la investidura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid -se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta-, pero sí subrayó que la legislatura no sería gratis. Desde que el mandato de la dirigente popular echase a andar tras las elecciones del 4-M, Rocío Monasterio planteó como condición la derogación de las leyes de género y de defensa del colectivo LGTBi actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid y que "son propias de la izquierda más radical".

Pero aunque la relación entre ambas fuerzas en Madrid es "cordial" -a diferencia de la ruptura de PP y Vox a nivel nacional- el equipo de la presidenta madrileña no se plantea cumplir con tal exigencia porque son leyes que "están cumpliendo una función muy importante" en la región. Su derogación, por tanto, "no está encima de la mesa", según zanjan fuentes del entorno de la líder regional.

A lo que sí se sigue abriendo el gobierno madrileño, como dejó claro el portavoz del ejecutivo regional, Enrique Ossorio, a principios de verano, es a mejorar "aspectos formales" en la redacción del propio texto, que "hay que revisar" y que han podido quedar "obsoletas". Pero las mencionadas leyes, insisten las fuentes consultadas, seguirán plenamente operativas en la Comunidad de Madrid.

La negativa de Ayuso a estudiar la propuesta de Monasterio puede generar fricciones en un momento especialmente delicado. El equipo de la presidenta madrileña trabaja ya en los presupuestos regionales, de gran relevancia para la dirigente del PP. De conseguir el visto bueno de la Asamblea, Ayuso lograría sacar adelante los primeros presupuestos de su trayectoria como presidenta de la Comunidad de Madrid. De ellos dependen, además, la viabilidad de otros proyectos 'estrella' del PP en Madrid, como la aprobación del 'cheque bebé' o la rebaja del IRPF.

Sin embargo, las cuentas públicas necesitarán del apoyo necesario de Vox. Tal y como informó El Independiente, Ayuso tiene previsto sentarse a negociar con su homóloga de Vox este mismo mes de septiembre, pero no lo hará hasta no tener listo el anteproyecto presupuestario, es decir, que el partido de Abascal no participará en su redacción, sino que negociarán con las bases que sienten los populares.

La cuestión de las denominadas como leyes de género en la Comunidad de Madrid ya ha provocado las primeras fricciones entre Ayuso y Monasterio. La presidenta madrileña reaccionó en redes sociales a la entrada en vigor de la reforma del Código Civil que impide a los padres acusados de violencia de género visitar a sus hijos, incluso sin que haya una sentencia firme. "¿Y si son inocentes?", cuestionaba Ayuso en su cuenta de Twitter.

Y Monasterio no perdió la oportunidad de replicar a la presidenta madrileña. "Es lo mismo que pasa con la ley del 2016 aprobada en la Comunidad de Madrid por el PP, que invierte la carga de la prueba. Es urgente derogarla", advertía. La lucha contra la ideología de género es una de las banderas discursivas más explotadas por Vox, cuya formación ya ha tratado de condicionar por esta y otras cuestiones otros gobiernos autonómicos del PP, incluyendo la tramitación de unos presupuestos autonómicos.

Sin ir más lejos, en Andalucía dejó caer varias leyes clave del gobierno de Juanma Moreno por autorizar la acogida de menores inmigrantes marroquíes en Andalucía durante la crisis de Ceuta. Precisamente, la cuestión migratoria y la crisis de Afganistán abre otra brecha entre PP y Vox en los distintos territorios donde gobiernan los populares. Así, mientras las comunidades del PP han oficializado la oferta de acogida de refugiados afganos, en Vox defienden la necesidad de rechazar el asilo y que estas personas se queden en los países musulmanes limítrofes. "Les ofrecen lo que no podemos dar a los españoles", aseveró Santiago Abascal hace unos días.