Superado el umbral de los mil días del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el Gobierno ha sido tajante este martes al rechazar la última vía lanzada por Pablo Casado para tratar de renovar el órgano de gobierno de los jueces. El PSOE exige un acuerdo inmediato "sin excusas" y libre de la condición previa de reformar la ley del Poder Judicial que ofrece ahora el líder popular.

"Hay que ser rotundos. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional", ha declarado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Estamos hablando del cumplimiento estricto de nuestra Constitución. Este bloqueo es insostenible y no es anónimo", ha agregado refiriéndose al PP.

El Gobierno de coalición desdeña así la oferta planteada horas antes por Pablo Casado. El líder de los populares se ha mostrado dispuesto a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la condición de que se apruebe previamente una reforma de la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a una parte de los vocales. Un cambio que, en cualquier caso, se aplicaría en la renovación de dentro cinco años y no en la pendiente.

Minutos antes, el PSOE también ha cerrado la puerta a la oferta de Casado. "Mire, señor Casado, no hay excusas para el incumplimiento de la legalidad y de la Constitución. ¿Dónde ha quedado su lealtad con el pacto de convivencia?", ha indicado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en Twitter. "Excusas y más excusas", ha agregado tras instar a los populares a abandonar "la antipolítica, el filibusterismo institucional y cumplir con sus obligaciones".

"Lesmes emite sus opiniones"

Desde La Moncloa, Rodríguez no se ha apartado un ápice de ese argumentario, responsabilizando del bloqueo a Génova y evitando entrar a valorar las palabras vertidas este lunes por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, suplicando a los partidos políticos que la renovación se materialice "en las próximas semanas". "No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento", deslizó Lesmes a modo de recado a los partidos durante la apertura del curso judicial.

"El señor Lesmes emite sus opiniones pero lo más importante en este país es que tenemos separación de poderes y hemos de respetarnos. El Gobierno ejerce las suyas y el Poder Judicial las suyas. El Gobierno acata y respeta al Poder Judicial", ha zanjado la portavoz antes de reconocer cierta incomodidad por la insistencia sobre la renovación del CGPJ. "No sé las preguntas que llevo ya pero, en algún momento, tendremos que cortar. Aquí el secretario de Estado me podría apoyar también".

El Gobierno insiste en que, a día de hoy, la única vía para renovar el CGPJ y salir de un bloqueo es que el PP cumpla con la legislación actual, que establece que la renovación de este órgano debe hacerse cada lustro, y que los 20 vocales deben ser elegidos en el Parlamento por una mayoría de tres quintos. De ellos, ocho son juristas de reconocido prestigio y los 12, jueces o magistrados.

"Parecería inédito que estuviéramos pidiéndole esto al principal partido de la oposición, que lo fue de gobierno durante años. Este bloqueo es insostenible y no es anónimo. Recae la responsabilidad en el parlamento y senado y solo hay un partido que bloquea y que permitiría esas mayorías. Es el PP y el señor Casado", ha recalcado la también ministra de Política Territorial, que ha hecho extensible la necesidad del acuerdo a la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Preguntada por si Pedro Sánchez llamará a Casado tras el mensaje de Lesmes, la portavoz se ha limitado a declarar que "nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución". "Todos estamos obligados a cumplirla, Casado también", ha apostillado.

Mesa de diálogo con Cataluña, sin fecha

A propósito de la mesa de diálogo con Cataluña, Rodríguez ha evitado cualquier concreción. Ha atribuido la falta de fecha definitiva -se barrunta ahora la tercera semana de septiembre- a la necesidad de "conciliar agendas" y tampoco ha despejado la incógnita de si el presidente del Gobierno acudirá a la cita. "Tenemos una apuesta firme por el diálogo y el reencuentro en Cataluña, para recomponer puentes y reducir la distancia afectiva entre los catalanes", ha comentado.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley de FP que impulsa un único sistema de Formación Profesional (FP) Dual dirigida a estudiantes y trabajadores a cuya implantación en un plazo de cuatro años destinará 5.474,78 millones de euros. "Debemos dar una oportunidad a una nueva generación de jóvenes para tener un empleo digno, y la FP se la va a dar", ha manifestado la ministra de Educación, Pilar Alegría. También se ha dado luz verde al anteproyecto de ley de convivencia universitaria, que -de concluir su tramitación parlamentaria- derogará un reglamento franquista sobre disciplina académica que data de 1954.

La futura ley, que será de aplicación en universidad públicas y privadas, contempla sanciones de hasta tres años de expulsión a los alumnos que acosen sexualmente, plagien, falsifiquen documentos, atenten contra el patrimonio o firmen novatadas o conductas vejatorias.

El Gobierno asegura observar con inquietud los ataques homófobos. El último se ha ha producido este pasado fin de semana en Madrid. Sánchez presidirá el viernes la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. Rodríguez ha evitado referirse las críticas de dos ministras de Unidas Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, contra el PP por desvincular los hechos de "los discursos de odio" que promueve Vox, después de que portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, haya calificado de "excesivo" trazar esa conexión.