El temario sobre el que se elaborarán los cuestionarios que tendrán que superar los aspirantes que deseen ingresar en la Policía Nacional incluirá a partir de la próxima convocatoria un capítulo sobre los delitos contra el orden público, entre ellos el de sedición. Se trata del ilícito por el que el Tribunal Supremo condenó hace casi dos años a el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros ocho procesados por su responsabilidad en el procés.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución por la que la Dirección General de la Policía convoca oposición libre para cubrir 2.218 plazas en su escala básica, de las que 444 se reservan a militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicio. El plazo de presentación de instancias expira el próximo 28 de septiembre.
El programa de contenidos susceptible de ser preguntado en la prueba de conocimientos varía ligeramente en relación con el que se rigió la última convocatoria. Así, desaparecen ocho temas -concretamente los relativos a 'Partes y funciones básicas de un ordenador', 'Procesador de textos Microsoft Word', 'Introducción a las redes informáticas y tipos', 'Delitos informáticos', 'Nuevas tecnologías para la investigación del medio ambiente', 'Planimetría', 'La contabilidad' y 'La energía'- y se crean otros diez, al tiempo que dos epígrafes pasan a tener la condición de temas propios.
Entre los contenidos que se incorporan a partir de ahora figuran los descritos en el tema 19, en el que se incluye el delito de sedición; los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia; desórdenes públicos; disposición común, y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.
La investigación y posterior condena a los líderes del proceso independentista catalán por su responsabilidad en el referéndum ilegal del 1-0 (2017) trajo al primer plano de la actualidad el delito de sedición, tipificado en el capítulo primero del título XXII (artículos 544 y siguientes) y castigado con penas que van desde los cuatro a los diez años de prisión. La primera vez que se condenó por este delito fue a principios de los 80 por el motín registrado en una prisión de Zaragoza tras la visita realizada el 30 de enero de 1978 por un diputado de la UCD y otro del PSOE, primero la Audiencia de Zaragoza y luego confirmado por el Supremo.
En junio de 2019, en la etapa de Félix Azón, la Dirección de la Guardia Civil ya actualizó el temario de las convocatorias de los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la escala de cabos y guardias y amplió algunos contenidos, caso del capítulo dedicado a Derecho Penal. En concreto, incorporó un epígrafe sobre el título XXI del libro II del Código Penal, en el que se se describen los delitos contra la Constitución (caso de la rebelión). Éste era el tipo por el que acusó la Fiscalía a los dirigentes independentistas, condenados finalmente por el tribunal por su actuación sediciosa.
Nuevos contenidos
La ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana (conocida como Ley mordaza), derecho penal especial (homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la integridad moral y torturas), delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, delitos informáticos, la Ley del Estatuto de la víctima del delito, fundamentos de sistemas operativos, redes informáticas, inteligencia, y ciberdelincuencia y agentes de la amenaza son otros contenidos que se incorporan como novedad en el temario de acceso al Cuerpo Nacional.
Algunos opositores que ya se presentaron a la convocatoria anterior han mostrado a este diario su malestar por el cambio de temario "a escasos meses" de la prueba, al tiempo que consideran que habría tenido que aprobarse previamente un real decreto para haber dado más tiempo a los aspirantes a preparar la materia conforme a los contenidos con los que serán examinados.
De otro lado, lejos de escuchar las observaciones de instituciones como la Oficina del Defensor del Pueblo, la Dirección General de la Policía mantiene el test de ortografía bajo las condiciones que tanta polémica desató en la convocatoria de este año. Para la corrección de la prueba se seguirá teniendo en cuenta las entradas propias que figuren en el 'Diccionario de la Lengua española', la "obra lexicográfica de referencia de la Academia".
El examen de ortografía no varía
En respuesta a una queja formulada por la Confederación Española de Policía (CEP), el defensor del Pueblo en funciones concluyó que obligar a un opositor a saber si una palabra está o no incluida en el DRAE -integrado por unas 90.000 voces- para poder superar la prueba sirve para evaluar su riqueza léxica pero no para "medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales". En su opinión, ello "podría alterar la finalidad de la misma y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo".
Como ya ocurrió en la última convocatoria, el tribunal de calificación se reserva la posibilidad de situar la nota de corte por debajo del 5 en caso de que no exista un número suficiente de opositores con una puntuación igual o superior a dicha nota que "garanticen una eficaz selección". Sólo los que superen los exámenes de conocimientos y ortografía podrán pasar a la tercera prueba, formada por el reconocimiento médico, la entrevista personal y los test psicotécnicos.
La Policía Nacional recibió en la última convocatoria 35.120 solicitudes para optar a las 2.366 plazas en liza
También se mantienen otros requisitos de ediciones anteriores como la altura mínima (1,65 metros en el caso de los hombres y 1,60 las mujeres) y estar en posesión del título de bachiller o equivalente (o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes) y del permiso de conducción de la clase B , sin que sea obligatorio tener el de motocicleta. La tasa para poder presentarse al primer examen sube de 15,27 a 15,42 euros.
El ejercicio de idioma extranjero volverá a ser voluntario y la realización de las diferentes pruebas volverá a contar con diversas sedes repartidas por el país. Así las físicas se llevarán a cabo en Ávila, Castellón, Córdoba, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid y Palma de Mallorca. Por su parte, las de conocimientos y ortografía serán en Alicante, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
En 2020 fueron 35.120 los aspirantes que abonaron las tasas de examen para poder concurrir a dicha convocatoria, en las que había en liza 2.366 plazas (473 reservadas para militares). De ellos, 16.255 se presentaron a la prueba de conocimientos y ortografía, la segunda tras el examen físico.
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