La Fiscalía Anticorrupción señala el "benigno tratamiento penitenciario" que en ocasiones se brinda a condenados por delitos de corrupción como uno de los motivos que inciden claramente en la desconfianza del ciudadano ante la justicia. El Ministerio Público considera que tampoco ayuda a ganar crédito ante la sociedad la concesión de indultos a estos delincuentes y "absoluciones inesperadas de difícil comprensión pública".

Éstas son algunas de las reflexiones que los fiscales especializados contra la corrupción y la criminalidad organizada plantean en la memoria correspondiente a 2020, difundida este lunes después de que Dolores Delgado entregara copias a finales de la pasada semana tanto al rey Felipe VI como al presidente del Gobierno.

En los últimos años, la Fiscalía viene admitiendo que la insuficiente respuesta de los órganos judiciales a la corrupción contribuye al "descrédito de las instituciones democráticas". "Diversas circunstancias concurren para formar la opinión, todavía presente en parte de la sociedad, de que la justicia no trata igual al poderoso", expone. La compleja tramitación de las macrocausas y la proliferación de los aforamientos son algunas de las "circunstancias" que cita expresamente.

Según el Ministerio Público, en esa desconfianza en la Justicia influyen otros factores, entre los que señala el generoso tratamiento que la institución penitenciaria dispensa "a veces" a condenados por delitos de corrupción. El reproche no va acompañado de nombres ni alude tampoco a casos investigados en los que ha constatado dicha circunstancia.

No es la única muestra de desaprobación que formulan los fiscales para tratar de explicar a qué obedece el clima de desconfianza hacia la justicia. También llaman la atención sobre el otorgamiento de indultos, algunas absoluciones "de difícil comprensión pública" (como la relativa a la salida a Bolsa de Bankia), el hecho de que algunas condenas no lleven aparejada la recuperación del dinero público desviado y la concurrencia de prescripciones, que allanan el camino al archivo de responsabilidades al haber caducado el plazo para la investigación penal.

Anticorrupción reconoce que su plantilla de fiscales es ya "razonablemente suficiente" para hacer frente a la carga de trabajo

Anticorrupción aboga por que no se rebaje la respuesta ante la corrupción por el hecho de que este fenómeno haya descendido puestos en cuanto a la preocupación de los españoles (del cuarto al decimocuarto en dos años) -según puso de manifiesto el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en uno de sus barómetros de 2020- porque puede ser un espejismo. "La mencionada bajada puede explicarse por el menor número de grandes escándalos de corrupción producidos en los dos últimos años y la creciente preocupación de los ciudadanos por otros problemas no menos inquietantes, señaladamente en los pasados y trágicos meses de este año 2020, la salud y la sanidad en general y las consecuencias económicas derivadas de la epidemia de coronavirus", argumenta.

Con todo, esta fiscalía especializada considera que "ha cumplido con creces" los objetivos que motivaron su creación hace 25 años y que el trabajo desarrollado en este tiempo en multitud de procedimientos -casos de Malaya, Ballena Blanca, Gescartera, Palma Arena, Gürtel o Fórum Filatélico, todos juzgados y con sentencias firmes- ha servido para que el ciudadano constante que la justicia en su conjunto "es capaz de dar una respuesta contundente a la corrupción política y a la más compleja criminalidad económica" y que la delincuencia vinculada a estas prácticas "no queda impune".

"La Fiscalía Anticorrupción, que comenzó siendo una experiencia pionera en Europa, con la integración en ella de Unidades de Apoyo (Agencia Tributaria e Intervención General de la Administración del Estado) y de Unidades Adscritas (Policía Nacional y Guardia Civil), ha sido elogiada por relevantes organismos internacionales implicados en la lucha contra la corrupción (OCDE, GRECO, GAFI) y ha servido de modelo para otras fiscalías similares nacidas en los países de nuestro entorno, hasta haberse convertido, con el paso del tiempo, en 'un referente indispensable en la lucha contra la gran delincuencia económica y relacionada con la corrupción, tanto en el espacio nacional como en el ámbito internacional'", subraya parafraseando la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado.

Esa labor se ha venido desarrollando en este tiempo con escasez de medios humanos y materiales -como la Fiscalía General del Estado viene poniendo de manifiesto en sus memorias año tras año- pese al incremento de la actividad desplegada. La situación de la plantilla ha mejorado desde finales del pasado año, al consolidarse siete de las ocho plazas que se venían ocupando en comisión de servicio por la carga de trabajo existente. Ello permite que la estructura sea "razonablemente suficiente" para hacer frente a la carga de trabajo, a lo que hay ayudado también la reincorporación de un fiscal que permanecía en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y de otros dos fiscales más (uno de ellos en la Inspección Fiscal hasta ahora).

"Insuficiente" plantilla de funcionarios

Menos adecuada es la dotación de funcionarios, considerada abiertamente como "insuficiente". Anticorrupción lamenta que no se haya acompasado el nombramiento de aquéllos con el incremento del número de fiscales y miembros de las unidades de apoyo, resalta la memoria. Esta plantilla está formada por 31 personas, algunos en situación de interinidad.

Frente a la mejora de personal, los fiscales Anticorrupción se siguen quejando de que no disponen de las instalaciones adecuadas para realizar su trabajo. La falta de espacio sigue obligando a que los fiscales sigan sin disponer de despacho individual, lo que supone una "rémora" para el buen desempeño de la labor del colectivo.

En cuanto a los medios materiales e informáticos, Anticorrupción considera que sigue manteniendo un "retraso considerable" respecto a la utilización de las nuevas tecnologías respecto a otras fiscalías. Está a la espera de que esté más rodado el el proyecto de justicia digital 'Fortuny' -en funcionamiento desde mediados de noviembre- para determinar si ayuda a la modernización tecnológica de la Fiscalía, como es el objetivo.