Las vías para forzar un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el Gobierno y el Partido Popular de manera inmediata, como quiere el equipo de Pedro Sánchez, no parecen fáciles. Al menos las soluciones que pasen por una actuación de los propios vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Desde los sectores progresistas de la carrera judicial (así lo pidió la asociación Juezas y Jueces para la Democracia el pasado mayo) se insta a los miembros del Consejo a presentar una dimisión en bloque para obligar a los partidos políticos a elegir a nuevos miembros. Pero ni el presidente Carlos Lesmes ni los vocales conservadores están dispuestos a dimitir, según trasladan fuentes del órgano a El Independiente. Consideran que si los políticos no cumplen con su responsabilidad, ellos no van a renunciar a la suya para forzar una renovación, así como argumentan que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo "no abandonará precisamente en el momento más duro que está atravesando el Consejo", algo que aseguran no haría "estuviera el partido que estuviera al frente del Gobierno".

Tan sólo la dimisión de la mitad de los vocales más uno provocaría la situación deseada por el Gobierno

Tan sólo la dimisión de la mitad de los vocales más uno provocaría la situación deseada por el Gobierno, que se proceda ya a la renovación del CGPJ en funciones desde hace dos años y diez meses por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos del Congreso. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide un compromiso por escrito del presidente Pedro Sánchez de que se modificará la Ley del Poder Judicial de cara al siguiente mandato (no del que resulte de la firma de un acuerdo) para que los jueces sean quienes elijan a los 12 vocales judiciales del órgano como exige Europa y las asociaciones judiciales. Sólo así, trasladan desde el PP, renovará. Desde el Gobierno contestan que "basta de excusas", que tiene que hacerlo ya.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apuntado en sus declaraciones en medios de comunicación los últimos días a un argumento más que podría convertirse en la siguiente pega para la negativa a la renovación: que los perfiles de vocales judiciales para el CGPJ no pueden ser "políticos" para garantizar más independencia. A la larga, la posición de bloqueo del PP beneficia más que desgasta a Casado, pues en las encuestas la situación del Poder Judicial no es uno de los asuntos que más preocupan a la población pero él sí puede ponerse la medalla de presionar al Gobierno en la línea de lo que pide Europa.

Ocho vocales suplentes

Sin el PP, el Gobierno no puede sacar la renovación del CGPJ adelante. Ya lo intentó por medio de una reforma legal para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los vocales y tuvo que paralizarla tras ser amonestado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). En esta situación que parece "un callejón sin salida", como la han definido desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una dimisión de los vocales del órgano propuestos por el PSOE o del bloque progresista no solucionaría el panorama puesto que serían sustituidos por los vocales suplentes. En este momento, ocho.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que "el cese anticipado de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución, procediendo el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo Vocal conforme al orden establecido en el artículo 567.4 de la presente Ley Orgánica". Éste último establece que "las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución". "El nuevo Vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial", especifica también la ley.

Es decir, que si los vocales progresistas (en este momento se incluye en este bloque a 10 miembros del Consejo) decidieran presentar su dimisión, no sería suficiente para forzar la renovación porque serían sustituidos por suplentes. En todo caso, tampoco todos los consejeros de dicho bloque estarían dispuestos a plantarse, según trasladan fuentes del Consejo.

Situación más difícil para los intereses de Sánchez

Menos cercana todavía parece estar la posibilidad de que se rompan los bloques y algunos vocales conservadores se unan a los progresistas para presentar una dimisión en bloque. La unanimidad que hubo para sacar adelante los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo una vez el Consejo estaba en funciones a pesar de la presión del Gobierno para que no se hiciera no parece que vaya a repetirse para forzar el acuerdo de elección de nuevos miembros.

En caso de que los vocales propuestos por PSOE e IU Álvaro Cuesta y Concepción Sáez -los únicos que se opusieron a dichos nombramientos y los más alineados con la versión de que el Partido Popular es el responsable del bloqueo- presentaran su dimisión, podrían provocar una situación aún más difícil para los intereses del Gobierno de Sánchez dentro del Consejo, puesto que la sustitución de Cuesta estaría complicada, según trasladan desde el órgano de jueces, y el bloque progresista se reduciría. La vocal que tendría que suplirle, María Isabel Valldecabres, fue nombrada el pasado 4 de agosto directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda después de abandonar el cargo de directora de Gabinete de la ex vicepresidenta Carmen Calvo.