Es un laberinto con salida complicada. La política vasca lo abandonó a comienzos de 2020, cuando apenas se había adentrado en él, la legislatura agonizaba y la pandemia sólo asomaba. Cinco olas más tarde, el PNV y el tercer Gobierno Urkullu se han propuesto volver a recorrerlo. Ni siquiera en Sabin Etxea son optimistas, saben que la salida será difícil o casi imposible. En el cajón de los despachos parlamentarios duermen desde hace más de año y medio las tres propuestas de nuevo estatuto presentadas por PNV (respaldada parcialmente por PSE y Elkarrekin Podemos), la firmada por EH Bildu y la que lleva la rúbrica del experto jurista del PP.

Tres caminos, tres modos de entender la actualización del Estatuto de Gernika de 1979: llevándolo hasta la independencia, reformulándolo hacia un pacto ‘de igual a igual’ con España o limitándolo a una puesta a punto y modernización.

El jueves Euskadi arranca curso político. Lo hará con un pleno de política general en el que la gestión de la pandemia y el renacer de la cuestión identitaria y el autogobierno centrarán las disputas desde el estrado. Hace meses que Urkullu apeló a recuperar la cuestión y hacerlo en la Cámara vasca. A menos de una semana del primer pleno postestival ya ha recibido el primer impacto: sus socios le advierten de que no impulsarán esta carrera y los líderes de la oposición le recuerdan que el tiempo pasa y el autogobierno vasco requiere arriesgar y dar pasos.

Mientras en Cataluña se preparan para el primer encuentro de la mesa entre Gobiernos, en la que el soberanismo aspira a abrir el melón de la independencia y la amnistía, en el País Vasco la disputa es por ahora en clave interna y sin visos de que llegue a Madrid. Hoy EH Bildu lo intentará. Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte comparecerán tras reunirse con su grupo en el Congreso y el Senado. Anunciarán las prioridades del curso y su posición ante la próxima negociación presupuestaria. Sin duda, Bildu reclamará al Gobierno su cuota de atención soberanista y una actitud favorable en pro del derecho a decidir –al igual que Cataluña- en Euskadi.  

PSE, "no hay que entretenerse"

Pero el partido socialista ya ha dejado claro que mantendrá dos actitudes diferentes en un caso y en otro. En Cataluña escuchará y mostrará buena disposición, en Euskadi ya ha asegurado que no son tiempos para “entretenerse con debates identitarios”. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ya ha advertido a su grupo que no es momento de abordar una cuestión como ésta y menos aún apoyar “soluciones nacionalistas”. La secretaria general del PSE recuerda a sus socios de Gobierno que ellos no les secundarán y que su apuesta pasa por una reforma estatutaria en clave social y no identitaria. La diferencia en este ámbito ya fue pactada en el acuerdo de Gobierno pero ahora se pondrá a prueba en un año que se anuncia intenso en este ámbito y puede dejar rasguños en la relación entre socios de Gobierno.

En el Parlamento vasco el PNV y el PSE alcanzaron un principio de acuerdo sobre el texto articulado para un nuevo estatuto elaborado por el jurista Mikel Legarda. Sin embargo, en él el PSE estableció límites, algunos relevantes, como su voto particular cuestionando el derecho a decidir. Ha sido precisamente esta posición anunciada ahora por los socialistas las que ha soliviantado también a EH Bildu, que ha acusado a Urkullu y Ortuzar de ser rehenes del “veto” del socialismo vasco para dar pasos adelante en clave territorial.

La izquierda abertzale tirará del PNV pero en sentido contrario, para atraerlo a las posiciones más radicales. No parece que pueda surtir efecto. Bildu aún se duele del ninguneo que el PNV hizo del acuerdo de bases que ambos suscribieron y en el que se debía haber basado el texto articulado pactado entre ambas formaciones nacionalistas. Sin embargo, aquel acuerdo que incluía el derecho a decidir se quedó arrinconado. Calificado de “histórico” por Otegi, finalmente el PNV se acercó más al PSE y a Podemos que a la coalición abertzale.

Cinco años de debate

Y ese será ahora el nuevo punto de partida. En realidad el PNV aspira a consolidar cierta centralidad en la carrera argumental que se prolongará a lo largo del curso. Sabe que un pacto sólo entre nacionalistas sería la aspiración de la izquierda abertzale pero que estaría abocado al fracaso. El entendimiento con el PSE se antoja necesario y necesitado de explorar espacios. Mendia siempre ha situado la “viabilidad” del proyecto dentro del marco constitucional como un requisito necesario. El PNV también, pero indagando la posibilidad que brinda las referencias a los derechos históricos reconocidos en la Carta Magna y en el Estatuto.

El PNV se ha comprometido a liderar los contactos, incluso a abrir una ronda de contactos para resucitar la ponencia de autogobierno este otoño. No ocultan que lograr un acuerdo será complicado, no en vano el avance aún es limitado cinco años después de que se activara la ponencia en el Parlamento allá por 2016. Ahora se debe abordar la fase más compleja, la resolutiva, de la que debería salir el articulado de un futuro nuevo estatuto vasco.

Sin embargo, en el PNV la prioridad continúa estando más en la recuperación económica y el final de la pandemia que en las aspiraciones soberanistas. Tampoco sus votantes se lo reclaman con insistencia. Entre los simpatizantes jeltzales dar nuevos saltos al vacío en la cuestión territorial no figura en los primeros puestos de sus demandas. El último Sociómetro del Gobierno vasco, elaborado en junio pasado, revelaba que apenas un 16% de los votantes del PNV se declara partidario de la independencia y un 38% lo hace abiertamente en contra. Ello, sumado a que sus socios del Ejecutivo tampoco tienen un electorado favorable a esta cuestión, 4% a favor, 75% en contra, no parece prever un impulso intenso a la cuestión este curso.