Este mes de septiembre se reunirán por primera vez. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Sobre la mesa, las transferencias pendientes y el cumplimiento del calendario para completar el Estatuto de Gernika que el Gobierno vasco ve retrasar mes a mes. Por el momento resta una veintena de materias por transferir, tras las nueve competencias rubricadas en la última Comisión Mixta de Transferencias, entre ellas prisiones. En el Ejecutivo de Urkullu y en el PNV han elevado estos días a la presión para recordar a Sánchez que ésta no es una cuestión menor y que el desarrollo íntegro del Estatuto es, hoy por hoy, una prioridad que debería tener en cuenta.

Desde Sabin Etxea el presidente del  PNV, Andoni Ortuzar, ha recordado al Gobierno que antes de negociar los presupuestos del próximo año deberá comprometerse a darles “lo que nos deben”. En esa deuda figura el cumplimiento del calendario de transferencias que la pandemia y la actitud de Sánchez habrían demorado. Entre ellas figura el Ingreso Mínimo Vital, uno de los caballos de batalla de los nacionalistas.

En este contexto, el Gobierno vasco ha decidido hacer balance no sólo del trato competencial recibido por el Ejecutiovo PSOE-Unidas Podemos, sino por el conjunto de gobiernos españoles desde la aprobación del Estatuto vasco en 1979, el primero de los que vio la luz y el único que aún no ha sido ni completado ni reformado. Lo ha hecho a través de un trabajo que ha titulado “La erosión silenciosa” que comenzó la pasada legislatura y en el que letrados del Ejecutivo analizan el modo en el que se han transferido las competencias recogidas en el Estatuto vasco. En análisis aborda hasta qué punto han sido respetadas por el Estado y el grado de invasión competencial que se habría producido sobre ellas a lo largo de este tiempo.  

El título revela la conclusión. En estas cuatro décadas de Estatuto vasco el desarrollo competencial al que tiene derecho el País Vasco no sólo está incumplido, sino que el que ya está bajo la titularidad de la Administración vasca habría sido reiteradas las intromisiones por parte de la Administración central.  El repaso del desarrollo de las mismas se ha centrado en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, el empleo, las políticas sociales o la vivienda, entre otros. En todas ellas, según los letrados, el respeto al marco propio vasco se habría visto erosionado.

Intromisiones del Estado

La consejera vasca, Olatz Garamendi, asegura que las “intromisiones” de la Administración del Estado habría sido reiteradas, cuando no “una laminación de capacidades ya reconocidas” empleando lo que denomina “ingeniería jurídica”: “Ha sido la moneda corriente por parte del Estado”, asegura. Los informes que conforman “La erosión silenciosa” revelan, según el Ejecutivo de Urkullu, que desde la aprobación del Estatuto las instituciones vascas no han tenido “el camino despejado” para ejecutar en plenitud las competencias que le son reconocidas.

El estudio señala que el Estado ha recurrido a distintas vías para minar la capacidad competencial y “podar un autogobierno reconocido”. Subrayan que ese autogobierno ha estado “mediatizado” por los dictados de las normas básicas del Estado y “la doctrina del Tribunal Constitucional”. Los juristas concluyen en su informe que uno de los caminos más recurrentes ha sido la apelación del Estado a títulos competenciales transversales “para legislar sobre materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas”.

Otro de los mecanismos que señalan es el recurso de la excepcionalidad como razón esgrimida por el Gobierno central para atribuirse competencias “no reservadas constitucionalmente al Estado”. En este sentido se asegura que la invasión a ámbitos exclusivos de Euskadi también se ha topado con situaciones en las que se ha optado por elevar el gasto público para fomentar políticas públicas de competencia autonómica.   

'Uniformización'

El Gobierno vasco insiste en su mensaje de intentos de “uniformización” por parte del Estado bajo pretexto de favorecer una “igualdad de derechos de la ciudadanía” y con ello obviar que pueda mermar competencias atribuidas a la Administración vasca, “echando así por tierra la descentralización autonómica”. Insiste en acusar el Gobierno actual y a los anteriores de haber actuado bajo una pulsión “recentralizadora y opuesta al reconocimiento de la diversidad”. Es lo que en su opinión ha escrito la historia y desarrollo del Estatuto desde 1979, con un camino repleto de conflictos de interpretación, recursos judiciales y leyes que habría limitado el Estatuto.

Una “erosión” que además se califica de “silenciosa” y “blanca” al considerar que la intromisión de los poderes del Estado siempre ha ido acompañada de “la legalidad que proclama la jurisprudencia del tribunal Constitucional”.

Es precisamente esta situación de desarrollo estatutario el que se quiere corregir con el nuevo estatuto cuya negociación se retomará este otoño en la Cámara vasca. El llamado ‘nuevo estatus vasco’ que defiende el PNV fija una relación ‘de igual a igual’ con el Estado y un sistema de bilateralidad y garantías de cumplimiento equivalente al previsto en el Concierto Económico vasco.

De este modo, se aboga por un ‘concierto político’ que impida incumplimientos competenciales de parte. Garamendi cree que poner obstáculos a la actualización del Estatuto puede entenderse como “una suerte de derecho de veto” por razones “meramente ideológicas”. Por ello, considera primordial que se abra un tiempo de diálogo sincero que facilite “un encaje distinto de Euskadi en el estado con una bilateralidad efectiva”.