La Diada ha vuelto a abrir oficialmente el curso político catalán con un retorno del independentismo a las calles menor que otros años pero en absoluto irrelevante. Ni el fiasco de El Prat ni la división del independentismo evitarán que la carpeta catalana siga marcando la agenda política de Pedro Sánchez, por muchos esfuerzos que haga el presidente del Gobierno por eliminar esta cuestión.

Esta semana, Pere Aragonés insiste en celebrar la mesa de diálogo en Barcelona, mientras sus socios de JxCat lo presionan para hacer frente común en el Congreso. El objetivo de es frente común independentista no sería otro que "dejar caer el Gobierno" del PSOE y Podemos, reclama Jordi Sánchez.

El presidente y líder del PSOE confiaba en que los indultos a los nueve condenados por el 1-O sirvieran para rebajar la tensión. El plan de Moncloa pasaba por aliviar la tensión con los indultos mientras se atraía a sectores fundamentales de la sociedad catalana con propuestas económicas, desde la ampliación del aeropuerto a la condonación de deudas autonómicas como el IVA o los adelantos de 2020, pactados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. La victoria del PSC en las elecciones autonómicas del 14F parecía avalar esa tesis.

Pero desde el PP y Cs advierten que el independentismo no ha hecho más que replegarse para volver a embestir cuando caiga el Gobierno del PSOE y Podemos. Y JxCat no parece dispuesto a darle los dos años prometidos por Esquerra.

Congreso del PSOE

La mesa de diálogo, que Aragonés anunció para el jueves o viernes de esta semana, será la próxima cita para tomar la temperatura a la crisis catalana. Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible por obviar esa cita, a la que el independentismo le reclama que asista en persona.

Pero el presidente está centrado ahora en el 40 Congreso del PSOE, en el que quiere escenificar la toma del control total sobre el partido. Y una imagen de cesión ante el independentismo catalán no ayuda en ese empeño. De ahí el silencio de Sánchez sobre Cataluña en su apertura de curso en la Casa América, con un discurso optimista en lo económico del que borró el conflicto independentista.

A ello responde también su silencio sobre la mesa Gobierno-Generalitat, mientras su ejecutivo se centra en la crisis del precio de la electricidad, un frente que sí amenaza a las expectativas electorales de los socialistas. O en la batalla por la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat, en la que los socialistas han jugado a todo o nada poniendo al Govern Aragonés contra las cuerdas con la suspensión de una inversión de 1.700 millones de euros.

Mesa, aeropuerto y presupuestos

Aragonés aguanta de momento, pese a la pérdida de autoridad que supone para él las dudas sobre la mesa de diálogo y el proyecto de El Prat. De momento, Esquerra insiste en su voluntad de negociar los próximos Presupuestos Generales. Pero el calendario catalán de otoño es todavía más difícil que el de Sánchez, y hasta llegar al 15 de octubre, fecha del Congreso del PSOE, ambos dirigentes tendrán que superar varios escollos.

El primero, sin duda, el de la ampliación de El Prat. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, han abierto de nuevo la puerta a la negociación este sábado, recordando la primera que quedan 20 días para la aprobación del Dora, y aceptando el envite la segunda. Pero no habrá acuerdo si Aragonès no asume que la ampliación solo se puede hacer a costa de la zona protegida de La Ricarda, y no está claro que el republicano esté dispuesto a asumir ese desgaste ante sus bases.

Al margen de esa batalla, la próxima semana Aragonés debe conjugar la celebración de la mesa -todavía en el aire- con la declaración de la Mesa del Parlament de 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El miércoles se abre con ello el segundo juicio al procés, otro elemento de tensión para el independentismo.

Otoño caliente

Dos semanas después Aragonés afrontará su primer Debate de política general, en el que la CUP puede escenificar su divorcio de la mayoría de la investidura, lo que pondría en cuestión la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2022. Ese debate se celebrará a las puertas del 1 de Octubre, fecha en la que la ANC, Ómnium y la AMI han vuelto a convocar movilizaciones.

Una convocatoria que, vistos los incidentes con los que se saldó anoche la Diada, podrían servir para reactivar al sector más violento del independentismo. Los CDR iniciaron la jornada "festiva" con barricadas simbólicas en algunas vías de Barcelona, y la acabaron con nuevos enfrentamientos con la policía ante la Jefatura de Vía Layetana.

Y en la manifestación "oficial", las entidades independentistas no ocultaban su impaciencia ante la estrategia de diálogo de ERC. Un día antes, Laura Borràs exhibía la división del independentismo en el Parlament, con la entrega de una medalla "a los represaliados" en la que exigió a la Generalitat que deje de actuar en defensa de los mossos cuando en frente haya manifestantes independentistas.

Esquerra ha apostado por el diálogo porque cree que dos años al frente de la Generalitat le darán la fuerza necesaria para imponerse definitivamente a JxCat. No porque haya renunciado al independentismo, ni porque tenga el menor interés en la estabilidad de la política española. Y su interés por el diálogo puede acabar antes de lo previsto si Sánchez sigue ninguneando la "carpeta catalana".