La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que decidir en las próximas fechas si ordena al juez Manuel García-Castellón continuar practicando diligencias para llegar al final de la investigación Kitchen o avala, como decidió el instructor, sentar en el banquillo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como máximo responsable político del espionaje realizado al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su familia entre 2013 y 2015 por parte de la cúpula policial de la Policía Nacional.

La denominada operación Kitchen a la que se destinaron fondos reservados del Estado se inició en julio de 2013, justo después de que Bárcenas ingresara en prisión preventiva por orden del juez Pablo Ruz que investigaba la supuesta financiación del PP en el caso Gürtel y que le había interrogado por las cuentas que aparecieron a su nombre en Suiza y los movimientos de éstas. Se desplegó un mes después también de que El Mundo publicara los mensajes SMS intercambiados entre el extesorero y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que el segundo le pidió "sé fuerte". Bárcenas manejaba toda la información (en sus papeles) de la contabilidad que asegura se llevó de manera irregular desde finales de los 80 hasta 2009 para ocultar donaciones de empresarios al partido. Quienes participaron en los seguimientos a la familia de Bárcenas que según la investigación se llevaron a cabo entre 2013 y 2015 estaban obsesionados con recuperar una supuesta grabación del extesorero con Rajoy que podía hacer caer al expresidente del Gobierno.

El juez García-Castellón propuso juzgar el pasado 29 de julio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al número dos de la Policía Eugenio Pino y a los exjefes de las principales unidades investigadoras de la Policía, así como al jefe de Asuntos Internos del Cuerpo porque considera, después de casi tres años de investigación, que la operación se ideó y desplegó en el Ministerio del Interior, descartando una "trama política" ajena a éste.

La Fiscalía Anticorrupción considera sin embargo que la investigación se ha cerrado "precipitadamente, sin esperar al resultado de diligencias de investigación relevantes para su esclarecimiento, ya acordadas por el instructor y no practicadas aún". También el exministro Fernández Díaz ha recurrido la decisión del juez trasladando que quienes estaban interesados en la información que pudiera atesorar Bárcenas eran "dirigentes del Partido Popular", descartando tener conocimiento de ésta ni haberla puesto en marcha. Las defensas de la mayoría de procesados también han recurrido la decisión del instructor. Éstas son las principales incógnitas que aún quedan por resolver en el caso Kitchen.

El testimonio de Ignacio Cosidó

A pesar de que el instructor sitúa todo el desarrollo de la operación "parapolicial" Kitchen desarrollada al margen de la investigación judicial de Gürtel y con la intención de ocultar información al juez Pablo Ruz en el seno de la Policía Nacional, García-Castellón no ha acordado en ningún momento citar como investigado al director del Cuerpo en el momento que se llevó a cabo, Ignacio Cosidó. La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que obligue al juez a tomarle declaración.

Los teléfonos que apuntan a Rajoy

El pasado 9 de julio, el comisario jubilado José Manuel Villarejo -investigado en la Audiencia Nacional y cuya detención por otros motivos provocó la apertura de la investigación Kitchen por las grabaciones y documentación que atesoraba del dispositivo en su domicilio- entregó al juez cinco números de teléfono a través de los que se habría puesto en contacto con Mariano Rajoy, según su testimonio, para hablar sobre el operativo de espionaje a Bárcenas. El expresidente del Gobierno lo habría hecho, siempre según la versión de Villarejo, porque no se fiaba de la información que le reportaba el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal que obligue al juez a ordenar a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a practicar las pesquisas necesarias para "identificar todos los datos relativos" a los números de móvil aportados por Villarejo. Sobre uno de los teléfonos que aportó, que ya se sabe que es un terminal de empresa del Partido Popular, también solicita que "se requiera al representante legal" de la formación "para que informe sobre la persona o personas que lo tuvieran asignado como teléfono corporativo".

El asalto del 'falso cura'

Mientras Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva, un hombre disfrazado de sacerdote, Enrique Olivares García, entró en la vivienda del extesorero en el barrio de Salamanca de Madrid y maniató a su esposa Rosalía Iglesias y su hijo, Guillermo Bárcenas. Les pidió, según declararon éstos, que le entregaran un "pendrive". Los investigados en la causa hablan en distintas conversaciones grabadas y en manos de Villarejo de un "pendrive" donde Bárcenas tendría guardada la supuesta grabación con la que podía comprometer al expresidente del Gobierno Rajoy.

Olivares García fue juzgado y condenado a 22 años de prisión por secuestro por aquella situación. El juez le tuvo como investigado en el caso Kitchen considerando que pudo formar parte del operativo policial. Sin embargo, el 29 de julio archivó la causa para él, igual que para la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López Del Hierro.

Anticorrupción pide que se revoque el archivo para los tres y, en el caso de Olivares, que se incorpore a la causa un informe médico sobre su estado mental, puesto que el médico forense de la Audiencia Nacional le visitó en la cárcel de Aranjuez. También solicita que se pida a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía información sobre si el hombre, descrito como un delincuente común, recibió dinero de los fondos reservados del Estado como lo hizo el chófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos Esgueva, a quien se captó como confidente del operativo. Ríos, procesado y que también ha recurrido el auto de procedimiento abreviado afirmando que consideró que la misión para la que le captó la cúpula de la Policía era legal, cobró 2.000 euros al mes durante dos años como informante y entró en el Cuerpo a los 42 años. La Fiscalía pide también información sobre los motivos por los que funcionarios de Policía visitaron a Enrique Olivares en la cárcel de Valdemoro.

¿Tuvo el CNI algún papel?

El comisario Villarejo ha afirmado en sus declaraciones en sede judicial que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también tuvo conocimiento del operativo de espionaje a Bárcenas y que estuvo tras su puesta en marcha.

La credibilidad del comisario jubilado en este sentido se pone en entredicho por su afán de apuntar hacia el exdirector de los servicios secretos del Estado Félix Sanz Roldán, su principal enemigo al que considera instigador de su detención en 2017. Sin embargo, las defensas de algunos investigados también apuntan, en conversación con El Independiente, a la posible participación de los servicios de Inteligencia en el operativo investigado.

No en vano, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez presentó ante notario unos mensajes supuestamente intercambiados con el exministro Fernández Díaz por las fechas en que arrancó el operativo en los que éste le indicó que un "contacto Cecilio" se pondría en contacto con él. Fernández Díaz no reconoce dichos mensajes, dice que nunca los envió y que tampoco tuvo conocimiento de la operación Kitchen. Francisco Martínez no ha implicado al CNI en el despliegue policial alrededor de Bárcenas en sus declaraciones en sede judicial. La Fiscalía Anticorrupción descarta, por su parte, que los servicios de Inteligencia estuvieran en el origen del operativo.