El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha elevado al Tribunal Constitucional el artículo incluido en un decreto del Gobierno vasco que habilita a los ayuntamientos para poder funcionar internamente, y en relación con otras instituciones públicas, exclusivamente en euskera. La norma, basada en la Ley Vasca de Instituciones Locales de 2016, había sido recurrida por Vox que consideraba inconstitucionales varios de sus aspectos. Finalmente, el TSJPV no ve inconstitucional el procedimiento de relación lingüística que el decreto establece por parte de los ayuntamientos con la ciudadanía pero sí el que autoriza a las administraciones locales para su funcionamiento y de estas con otros organismos públicos.

El Tribunal considera que el artículo 6.2 del decreto en cuestión podría ser inconstitucional y por eso eleva la consulta el TC que deberá pronunciarse sobre este aspecto. El ministerio Fiscal también ha respaldado solicitar el pronunciamiento del Alto Tribunal. La citada norma permite a los Consistorios establecer, sí así lo acuerdan, funcionar exclusivamente en euskera en su actividad interna en aspectos como la emisión de informes, de acuerdos, mociones o la actividad cotidiana. Toda la documentación podrá ser redactada y emitida únicamente en euskera "siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera".

Los jueces creen que se incurre en una evidente "arbitrariedad incontrolada" al establecer que se tendrá que alegar "válidamente" desconocimiento de euskera para poder emplear el castellano. Señala que con este requisito se deja en inferioridad al castellano y se opta por la primacía el euskera, con lo que se quiebra la igualdad exigible al uso de ambas lenguas cooficiales

Según se señala en la resolución, "la libertad de opción -de emplear cualquiera de las dos lenguas oficiales- habría desaparecido ante la falta de control de la voluntad administrativa que confirme la utilización del euskera y deniegue la del castellano". Cuestiona que sólo se permite el empleo del castellano cuando se alega "válidamente" desconocer el euskera: "Al artículo es taxativo, no reconoce más supuesto que éste para que el castellano pueda ser utilizado en lugar del euskera, que es tratada como lengua prioritaria".

Situación de "primacía"

Con lo previsto en el artículo 6.2 se hurta a los ciudadanos, según los jueces, de su derecho de poder emplear el castellano en la actividad interna del Consistorio al establecer como único requisito desconocer el euskera, lo que situaría al euskera "en una situación de primacía". El Gobierno vasco había alegado que este decreto, incluido este punto, se acordó en el seno de una comisión bilateral con el Gobierno central, en tiempos de Mariano Rajoy, aspecto al que la sala le resta valor. Recuerda que la Comisión Bilateral no aporta legitimidad al no ser "fuente de derecho" y que ese acuerdo pudo responder a otro tipo de razones no propiamente jurídicas sino "razones de oportunidad política".

Los jueces recuerdan que las lenguas cooficiales "deben pervivir en condiciones de equilibrio y no de preferencia o primacía una de ellas, condiciones estas que de no respetarse afectan al acceso y ejercicio de las funciones de representación de los ciudadanos".

La formación denunciante, Vox, se ha felicitado de la decisión del TSJPV: “Ha tenido que ser VOX el partido que ponga sobre la mesa una muestra más
de la imposición del euskera, en este caso en la administración vasca, pero
también en el ámbito educativo, para el acceso a cualquier empleo público”, ha asegurado la parlamentaria vasca de VOX, Amaia Martínez.

Además, ha recordado que “recientemente este mismo Tribunal consideró
ilegales los requisitos lingüísticos de una oposición para policía municipal en
Irún al estimar que el nivel exigido de euskera discriminaban a las personas
cuya lengua principal fuera el castellano y no tuvieran elevados conocimientos
de la lengua vasca, además de estimar que para garantizar atender a la
población en euskera no es preciso que todos y cada uno de los agentes sean
vascoparlantes”.