La histórica exdirigente de la banda terrorista ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenada a otros quince años de prisión por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.

Tras confesar Anboto los hechos la abogada defensora ha llegado a un acuerdo con el fiscal por el que este ha rebajado su petición de pena de 27 a 15 años de cárcel por un delito contra la corona con finalidad terrorista en su modalidad de conspiración para matar al rey y otro de depósito de armas de guerra, que ha aceptado la acusada.

Anboto, que puso la voz junto a Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, del comunicado que anunció la disolución de ETA en 2018, fue detenida en 2004 en Francia junto a su pareja, Mikel "Antza" Albisu, que cumplió condena en el país galo como jefe político de la banda terrorista.

Desde que fue entregada por las autoridades galas el 4 de septiembre de 2019, tras cumplir condena en Francia, para responder por doce causas abiertas en España, Anboto se ha sometido con el de este martes a ocho juicios en la Audiencia Nacional, acumulando ya seis condenas y más de 260 años de prisión, resultando absuelta en dos ocasiones y quedándole aún otros cuatro procedimientos.

Tras el acuerdo de las partes el presidente de la Sala ha comunicado a Anboto que dictará una sentencia condenatoria en la que declarará probados los hechos que contiene el escrito de acusación de la Fiscalía reconocidos por la acusada.

Según exponía el fiscal en su escrito entre 1993 y 1997 la acusada asumió la dirección y coordinación de los comandos de legales de ETA, es decir los integrados por personas no identificadas policialmente.

Añade que en 1996 se conformó el comando Katu, integrado por los ya condenados por estos hechos Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, a quienes la acusada ordenó que mataran al rey en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao prevista para el 18 de octubre de 1997.

Les indicó que llevaran a cabo la acción siempre y cuando ello no implicara riesgo a personas ajenas al aparato del Estado, en cuyo caso se deberían limitar a atacar el museo para destruirlo con el lanzamiento de granadas.

La Fiscalía mantiene que en septiembre de ese año la acusada proporcionó a los integrantes del comando doce granadas que por sus características habrían destruido el museo y matado a cuantas personas se encontraran en su interior o en los aledaños.

De esta forma, el 13 de octubre de 1997 los terroristas cargaron las granadas ocultas en unas jardineras en una furgoneta a la que sustituyeron sus placas de matrícula y se dirigieron hasta las inmediaciones del museo.

Sobre las cuatro de la tarde de ese día, una vez en dicho lugar y tras descargar una de las jardineras, fueron sorprendidos por dos ertzainas, por lo que huyeron aunque antes mataron a tiros a uno de los agentes.