El coronel Diego Pérez de los Cobos está decidido a seguir plantando batalla contra el Ministerio del Interior y recurrirá su destitución como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ante el Tribunal Supremo, según ha reconocido el oficial este miércoles a personas de su círculo de confianza tras conocerse la sentencia que declara legal su cese.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha revocado el fallo por el que un juez consideró ilegal el pasado mes de marzo la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de apartar del puesto a Pérez de los Cobos. Los magistrados entienden que la Administración actuó conforme a la normativa, que no hubo desviación de poder y que la decisión estuvo suficientemente motivada.

Lejos de aceptar estos argumentos jurídicos, el coronel de la Guardia Civil está dispuesto a llegar hasta el final. La siguiente puerta a la que puede llamar es a la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, lo que deberá anunciar en el plazo máximo de 30 días.

Pérez De los Cobos fue cesado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la noche del domingo 24 de mayo de 2020, después de negarse a dar a sus superiores información sobre la investigación que tenía abierta la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel sobre el caso 8-M, posteriormente archivado. La cúpula del Ministerio del Interior justificó una pérdida de confianza sobrevenida y de forma fulminante acordó apartarlo del puesto, para el que lo designó Juan Ignacio Zoido (PP) en abril de 2018.

Información sobre el 'caso 8-M'

El pasado 31 de marzo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 de Madrid anuló la destitución y condenó al departamento que dirige Grande-Marlaska a reincorporarlo al puesto. El magistrado rechazó que la medida estuviera motivada por pérdida de confianza y la atribuyó a la decisión del oficial -hoy destinado en la Intervención Central de Armadas y cuyo ascenso a general vetó posteriormente Grande-Marlaska pese a ser el primero de su promoción- de negarse a dar una información sobre un procedimiento judicial.

"Lo que es indiscutible es que, a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", concluyó el juez Celestino Salgado.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional corrige severamente al magistrado de instancia. "La pérdida de confianza es por la ‘no información’ del ‘desarrollo’, no del contenido, de ‘investigaciones y actuaciones’ llevadas a cabo por la Guardia Civil", concluye.

El fallo supone un balón de oxígeno para el ministro Grande-Marlaska, cuya dimisión exigieron la pasada primavera el PP, Vox y Ciudadanos. Minutos antes de que trascendiera la sentencia, el titular de Interior respondía a Vox que no iba a marcharse y que su intención es seguir "por lo menos dos años más".