El Gobierno vasco está muy molesto con la Sala Contenciosos Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En particular, con quien la preside, Ángel Luis Garrido. Un malestar que viene de lejos, por resoluciones que han cuestionado varios decretos del Ejecutivo con medidas de lucha contra la pandemia y que ayer se agudizó tras conocer que el tribunal de Garrido daba la razón a la Liga de Fútbol Profesional y obligaba a la Administración vasca a ampliar del 30% en vigor al 60% de aforo permitido en los estadios de fútbol de primera y segunda división.

Hoy el lehendakari Iñigo Urkullu y su consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, no se han resistido a recriminar a este tribunal su actitud. Urkullu lo ha calificado de continuo "desprecio a la ciencia" y Erkoreka de una posición marcada por un sentimiento "antiautonómico" y contrario al respeto competencial de Euskadi. El Gobierno ya avanzó ayer que no piensa recurrir la resolución y que, en contra de su voluntad, procederá a permitir la ampliación del aforo. No la recurrirá al considerar que sólo acarrearía una "judicialización" de la cuestión.

En un acto público Urkullu ha salido en apoyo de la comunidad científica que, en su opinión, ha visto cómo las resoluciones del tribunal que presiden Garrido "han sido constantemente desautorizadas". Se ha referido al juez como parte de "personas que han demostrado su menosprecio por la ciencia incluso en declaraciones públicas", en referencia a su participación en una tertulia radiofónica en la que cuestionaba la formación de los científicos. Una actitud que no ha ocultado que es grave al tratarse de jueces y que por tanto tienen "capacidad para decidir sobre cuestiones que afectan a la salud de las personas". También se ha mostrado molesto con el "desprecio" que considera que se ha mostrado al comité asesor de su Gobierno, el LABI, al tumbar varias de sus resoluciones a lo largo de la pandemia, en particular las referidas a los cierres, aforos y horarios de la hostelería.

Perjuicios y desproporción

Por su parte el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha acusado a Garrido de defender una posición "antiautonómica" y de presidir una sala que "ya ha sido desautorizada" en ocasiones anteriores por el Tribunal Supremo. El Ejecutivo vasco ha insistido en que le corresponde a él fijar los aforos, al tratarse de una competencia autonómica y que por tanto haberlo reducido al 30% era perfectamente ajustado a su ámbito de actuación. En sus alegaciones recuerda que si bien el Consejo Interterritorial de Salud estableció que el aforo podría llegar hasta un máximo del 60% ello no obligaba a alcanzar tal porcentaje.

En su resolución la Sala afirma que a la actividad «se pueden imponer medidas restrictivas justificadas y proporcionadas» con el fin de «defensa de la salud pública» pero añade que, en cuanto a los perjuicios a los que se refiere la LFP, «dejando de lado los de naturaleza económica, al ser indemnizables, se centran en espacios publicitarios, seguimiento de transmisiones televisivas y de imagen de la competición». A su juicio, estos perjuicios «son claros» pues la restricción de aforos «reduce la magnitud, y por tanto, el interés de los eventos que, de no adoptarse la medida». No obstante, añade que «una eventual sentencia estimatoria no los podría resarcir», al haberse celebrado la competición.

Por otra parte, recuerda que los parámetro epidemiológicos tenidos en cuenta por el Gobierno vasco a la hora de dictar el decreto recurrido –de 27 a 29 de agosto– se referían a una tasa de incidencia acumulada de 14 días por cada 100.000 habitantes de 340,45, un RO de 0,86 y una ocupación de UCI de 74. Precisamente ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, consideró desafortunada la resolución judicial cuando la tasa de incidencia en Euskadi es aún de 151 casos por cada 100.000 habitantes.

Han hecho un "cursillo"

Garrido saltó a la polémica tras sus palabras en una tertulia radiofónica a sólo un día de hacer pública su resolución sobre la hostelería. En ellas se refería a los epidemiólogos como poco más que unos «médicos de cabecera que han hecho un cursillo". Incluso afirmó que las decisiones que de acuerdo a sus recomendaciones se adoptaban, como la limitación de movilidad y contactos, ya se conocían «en la Edad Media» y por tanto no requerían de una gran preparación y los epidemiólogos no aportan «valor añadido».

Poco antes la polémica se suscitó por su Whatsapp. En él aparecía el lema, ‘No more lockdown’ (No más confinamiento), en referencia a la canción de Van Morrison que se ha convertido en un himno de los negacionistas del Reino Unido, aparece como una suerte de perfil personal.

Garrido lleva una década presidiendo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ocupó el cargo tras la salida de Juan Luis Ibarra al ser elegido para presidir el TSJPV.