La Agencia Tributaria de España ha recibido respuesta de la Administración Tributaria de Liechtenstein en la que se detalla que el rey emérito no es beneficiario de la Fundación Zagatka, que fue constituida por el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans-Borbón, en ese principado.
Según ha adelantado El Español y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, el extenso documento que Liechtenstein ha enviado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria revela que no les consta que el emérito, quien reside en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, tenga nada que ver con esa Fundación y que no tiene ningún poder para dar instrucciones.
Otras fuentes añaden a Europa Press que, tras revisar el documento remitido, se trata de una respuesta a una solicitud de información de la ONIF que busca verificar que las regularizaciones con Hacienda del emérito son completas y veraces.
Hasta el momento, el abogado que representa a Juan Carlos I en las diligencias de investigación abiertas contra él en la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado de dos regularizaciones en Hacienda por un total de 678.393,72 y 4.395.901,96 euros, respectivamente, abonadas los pasados diciembre y febrero, respectivamente.
La apertura de la inspección
El pasado mes de mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificó al rey emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó Zagatka, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.
Previamente, el abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco, se dirigió en marzo por escrito a Zagatka para reclamarle la documentación sobre los gastos que justifican la regularización ante Hacienda realizada por el ex monarca por importe de 4.395.901,96 euros
Fuentes conocedoras del documento remitido por Liechtenstein indican que lo destacable es que se confirma que la fundación del primo del emérito pagó vuelos privados al que fuera monarca de España, a través de agencias de viajes, pero que no hay ninguna opacidad ni cuenta que no esté en manos ya de la Agencia Tributaria. Ahora, Hacienda debe comprobar que los pagos de Zagatka coinciden con lo regularizado por Juan Carlos I.
Con ocasión de la segunda de las regularizaciones, el abogado del rey emérito indicó en una breve nota que esta declaración se realizaba "sin requerimiento previo de clase alguna". Explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de "determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas".
La fundación Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la ex amante del rey emérito Corinna Larsen, ya que la empresaria dijo al fiscal suizo que Juan Carlos I le había comentado que le pertenecía.
Posible responsabilidad penal
La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el abogado de Juan Carlos I se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.
Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad "el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación".
Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.
El rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.
A principios del pasado mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, que se une a las otras dos ya abiertas en la Fiscalía por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas.
La tercera investigación, a raíz de una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover.
Este lunes, el diario El País adelantaba que la Fiscalía había notificado al abogado del emérito que en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias y le invitaban a personarse. Fuentes consultadas al respecto apuntan que en esas notificaciones no se detallaban delitos y sólo se apuntaba que eran hechos con "implicaciones penalmente relevantes".
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