Las negociaciones llevan meses estancadas, pero las cartas han estado siempre -o casi siempre- encima de la mesa. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se verá este martes con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra para tratar de desencallar por enésima vez el bloqueo en el que se encuentra sumido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace casi tres años. A esa reunión fían los populares un acercamiento entre ambas partes que se traduzca en un apoyo de los socialistas a la proposición de ley que han registrado los de Pablo Casado en el Congreso, cuya toma en consideración se vota en la Cámara Baja esta misma tarde. De lo contrario, advierten, el bloqueo podría extenderse hasta las próximas generales.

El PP condiciona a la aprobación de esta reforma la renovación pactada del órgano de gobierno de los jueces, al entender que su proyecto servirá para "reforzar la independencia judicial" de modo que sean directamente los jueces los que elijan a los vocales de procedencia judicial. El debate de la reforma del PP en el Pleno del Congreso no hace sino echar más presión sobre tejado socialista, que "deberá retratarse" y "aclarar si realmente quieren llegar a un acuerdo" este mismo martes. Los populares plantean la proposición de ley como un ultimátum: si el PSOE apoya, con o sin enmiendas, la propuesta del PP, aún habrá esperanza para el acuerdo; si no lo hace, la interpretación de los de Casado es que todos los puentes se habrán roto y que Sánchez "rechaza la mano tendida del PP" que, insisten, puede ser "la última".

Aunque planteó otras condiciones al principio -como que Podemos no tuviera ni voz ni voto en la elección de los nuevos vocales-, Casado ha fiado a la reforma legal de la actual Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial toda posibilidad de acuerdo con el Gobierno. Su propuesta incluye que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados en activo y que, además, de los ocho restantes que eligen los grupos parlamentarios se descarten perfiles políticos.

También exige que se refuerce el sistema de mayorías en todas las decisiones que se tomen en el seno del órgano de gobierno de los jueces, una serie de iniciativas en las que los populares se mantendrán firmes. "Es el compromiso de Casado con nuestros votantes", suscriben fuentes del partido, que no descartan que esta situación se mantenga toda la legislatura y una nueva mayoría, popular o socialista, resuelva el problema tras las próximas generales.

Por el momento, en el PP aseguran que no han recibido visos a que el PSOE vaya a aceptar por fin su propuesta en el Parlamento, a pesar de que restan horas para que comience el debate de una proposición de ley que se estima clave para desencallar -o no- las negociaciones. Hasta la fecha, Moncloa ha descartado toda posibilidad de renovar el CGPJ previo apoyo a la propuesta del PP, defendiendo en todo momento el modelo de elección actual que, como recordó el propio Bolaños en una entrevista para la Cadena SER a principios de septiembre, "deriva de un pacto de Estado que se alcanzó en el 2000", cuando el PP tenía mayoría absoluta. "Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos", suscribía, unas declaraciones que provocó que los de Casado saliesen en tromba a exigir la dimisión del nuevo hombre fuerte del Gobierno.

Aunque aún de forma tímida, algo parece haberse movido en el seno del Gobierno. Hace dos semanas, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se abrió a revisar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, como exige el PP, pero el escollo vuelve a estar en el cómo y, sobre todo, en el cuándo. Así, mientras los populares exigen el apoyo de los socialistas a su propuesta en el Congreso para negociar después los nombres del nuevo órgano de gobierno de los jueces -la reforma legal no podría aplicarse en el proceso actual de renovación del CGPJ-, el ala socialista del Gobierno insta a los de Casado a desbloquear ya el Consejo "estudiar" después la reforma legal.

Mientras tanto, las asociaciones judiciales presionan y Europa vigila con lupa el bloqueo institucional de España por la ausencia de un acuerdo político. Ayer, representantes de estas organizaciones se reunieron en Bruselas con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para trasladarle su preocupación no sólo por el hecho de que el CGPJ lleve dos años y diez meses en funciones -y sin visos de acuerdo en el corto plazo-, sino para que presione y requiera a los partidos políticos pactar una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, tal y como plantea el Partido Popular y reclama la Comisión Europea y el Consejo de Europa.