El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido detenido por las autoridades italianas este jueves en Cerdeña. La detención se ha producido en respuesta a la orden de busca y captura internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés.

Puigdemont, fugado de la Justicia española desde que la Fiscalía General anunció en 2017 que presentaría una querella contra todo el Govern por poner en marcha el proceso de independencia catalán y llegar a la fallida declaración de independencia de la región, iba a participar en un acto con la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la recepción institucional que el síndico de l'Alguer ofrece a las autoridades catalanas y a los grupos participantes en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk.

Nada más aterrizar en el aeropuerto de Alghero, el expresidente catalán ha sido detenido por policías fronterizos italianos y pasará este viernes a disposición judicial. Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, ha confirmado que tendrá que comparecer ante los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, competentes para decidir sobre su puesta en libertad o su extradición a España. Estará asistido por su abogado, Gonzalo Boye, y un equipo de abogados italianos.

La euroorden nunca se desactivó

La orden europea de detención contra Puigdemont, procesado y que a diferencia del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de consejeros de su Gobierno no pudo ser juzgado y condenado por el procés por haberse fugado a Bruselas, nunca decayó en el tiempo que estuvo fugado de la Justicia española. En ese tiempo, los 12 condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya han sido indultados por el Gobierno.

Durante un tiempo, estuvo protegido por la inmunidad como parlamentario europeo. Una inmunidad que retiró el Parlamento Europeo y también este verano el Tribunal General de la Unión Europea, que la había mantenido como medida cautelar al alegar tanto Puigdemont como los otros consejeros fugados Clara Ponsatí y Antonio Comín que podían ser detenidos al viajar a la sesión constitutiva del Parlamento en Estrasburgo. Una medida cautelar que denegó el TGUE dejando a los parlamentarios expuestos a ser entregados por otro país distinto a Bélgica, como publicó este diario.