El control de los precios del alquiler puede poner en un aprieto al Gobierno si se cumple la intención de ERC y de EH Bildu de condicionar los Presupuestos a que se apruebe una nueva ley de vivienda que debería haber pasado por el Congreso en febrero pasado, según el acuerdo al que llegaron los socios gubernamentales, PSOE y Unidas Podemos. Este fue uno de los asuntos que dejó pendiente el ex ministro José Luis Ábalos tras su intempestiva salida del Ejecutivo y tampoco parece avanzar con su sustituta, la catalana Raquel Sánchez.

La titular de Derechos Sociales, Ione Belarra -que es quien lleva por parte de los morados esta negociación- y la ministra Sánchez no han reanudado las negociaciones desde que la segunda fue nombrada, según admiten fuentes de ambos ministerios. "No hay novedades", afirman respecto al que sigue siendo uno de los grandes escollos entre los socios, esto es, proceder a una intervención directa de los precios del alquiler, de modo que no sólo no suban, si no que bajen en lo que se denominan zonas tensionadas de las grandes ciudades.

ERC necesita dar cobertura a una ley de la Generalitat sobre vivienda, recurrida ahora en el TC

Pero las presiones vendrán de otras fuerzas políticas que, como Unidas Podemos, también han apostado por facultar a los ayuntamientos para que puedan intervenir directamente en los precios de los arrendamientos, como es el caso concreto de los republicanos independentistas y de Bildu. Además, en el caso de ERC necesitan dar cobertura legal a una ley de la Generalitat, ahora recurrida en el Tribunal Constitucional, aunque no suspendida cautelarmente en un claro gesto de buena voluntad por parte de Moncloa.

El Gobierno acordó en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto llevar al alto tribunal la ley catalana de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. Y lo hizo por invasión competencial. Esta ley fue aprobada el 9 de septiembre del año pasado en el Cámara autonómica catalana con los votos de ERC, Junts, los Comunes y la CUP para poner coto a la subida de precios en 61 municipios de esa Comunidad.

La decisión provocó un fuerte malestar en ERC, que espera del Ejecutivo un avance en este sentido para poder dar su plácet a las cuentas del Estado para el año que viene al margen de otros asuntos que ponga sobre la mesa. En este sentido, desde Unidas Podemos esperan que la presión que ellos no han podido ejercer, a pesar de los meses de negociaciones en los que se ha avanzado en asuntos como la vivienda vacía, sí sean capaces de hacerla ERC y EH Bildu, que suman un total de 17 diputados (13 catalanes y 4 vascos), fundamentales para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante las cuentas.

Frente común de la izquierda

Unidas Podemos llegó a presentar junto a ERC. Bildu, la CUP, BNG, Compromís y Más País un manifiesto defendiendo la "urgente necesidad" de controlar los precios del alquiler, pero ni por esas. Ábalos no dio su brazo a torcer y la actual ministra, que sí aplicó medidas de intervención de precios en la localidad de Gavá (Barcelona) de la que fue alcaldesa hasta su desembarco en Madrid, tampoco ha dado señales de ceder ante la pretensión de los socios.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló este martes antes de su cita con Bolaños -ministro que ha abierto una ronda de contactos con los grupos representados en la Cámara Baja- que “el voto de ERC se tiene que sudar y negociar. Veo al PSOE demasiado tranquilo”. Pero también es cierto que fuentes de esta formación admiten que están dispuestos a "sentarnos, hablar y negociar" sobre unos Presupuestos "sociales".

Además, ERC se ha mostrado muy crítica con la Ley de Memoria Democrática, elaborada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, aunque presentada por su sustituto en el Ministerio de la Presidencia. El Grupo republicano presentó el pasado viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley. Pese a la Ley de Amnistía del 77 apuestan por la “imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad” del franquismo y que se asuman responsabilidades patrimoniales que el texto del Gobierno no contempla.

Este puede ser otro de los caballos de batalla a la hora, real, de comenzar a negociar las cuentas, siempre y cuando los socios de Gobierno superen sus diferencias en cuanto al incremento de impuestos para las grandes corporaciones y rentas más altas.