La Audiencia de Sevilla ha puesto fecha al cuarto juicio de la macrocausa de los ERE. La vista oral en la que se enjuiciará la concesión de una ayuda de 2,3 millones de euros con cargo al fondo de reptiles al laboratorio fotográfico sevillano Surcolor arrancará el 10 de julio de 2023 y concluirá el 27 de noviembre, casi 13 años después de que se iniciara la instrucción del caso.

En una diligencia fechada este lunes, a la que ha tenido acceso este diario, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Tercera señala las 35 sesiones (dos en julio, nueve en septiembre, 14 en octubre y diez en noviembre de 2023) en las que se desarrollará el juicio a fin de reservar fecha en la agenda de señalamientos y gestionar la sala de vistas.

Será la cuarta pieza del caso ERE en ser enjuiciada. Hasta ahora sólo se ha juzgado la correspondiente al procedimiento específico utilizado por la Junta de Andalucía para el reparto de los fondos -sentenciada por la Audiencia de Sevilla y pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos, entre ellos los de los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves- y la relativa a la ayuda de 2,9 millones otorgada a la cooperativa aceitunera sevillana Acyco, que está a la espera de que la Sección Tercera emita el fallo.

El 15 de marzo de 2022 está previsto que arranque el juicio por los más de ocho millones de euros que recibieron varias empresas corcheras de la Sierra Norte de Sevilla. El principal acusado en este procedimiento es Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.

Cronológicamente, por tanto, la de Surcolor será la cuarta en ser enjuiciada. Inicialmente la acusación se ejercía contra 16 personas, si bien cuatro ex altos cargos de la Administración autonómica no llegarán a sentarse en el banquillo de los acusados: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, ya juzgados en la pieza política del caso. El cuarto es el ex director general Javier Guerrero, fallecido el pasado mes de octubre.

Entre los procesados se encuentran dos empresarios de Surcolor, el conseguidor Juan Lanzas, el ex director de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. De esta ayuda se beneficiaron dos intrusos, personas a las que se coló como beneficiarios de la póliza de prejubilaciones sin haber trabajado nunca en dicha empresa: José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas, y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de Rivas.

Avalancha de juicios

También se ha señalado ya fecha para el inicio de la vista oral de la pieza correspondiente a la ayuda concedida a la empresa jiennense EDM por importe de 384.841,65 euros: el 7 de septiembre de 2023. En este caso, la acusación se dirige tan sólo sobre dos responsables de la empresa tras excluirse a cuatro antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía: el ex consejero Antonio Fernández, el ex director general Juan Márquez y dos ex directivos de la Agencia IDEA (Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez).

La instrucción de varias macrocausas por parte de juzgados sevillanos en la última década va a provocar durante los próximos años una auténtica avalancha de juicios en la Audiencia. A finales del pasado año había un total de 114 piezas separadas del caso ERE en trámite en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, de los que 85 se encontraban en diligencias previas y las 29 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado.

Los juicios por las distintas piezas en que se desgajó el macrosumario de los ERE no serán los únicos en celebrarse. También tendrán que desarrollarse las vistas orales del caso Invercaria, en el que se han investigado las ayudas concedidas por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía.