Las organizaciones sindicales Acaip-UGT y CSIF, mayoritarias en instituciones penitenciarias, han declarado un conflicto colectivo en el ámbito de prisiones, que se iniciará en los próximos días, y han anunciado medidas de presión, sin descartar una huelga general, mientras no se mejoren sus condiciones laborales.

Lo han anunciado este jueves en rueda de prensa los representantes de ambos sindicatos, en la que han justificado la medida por la falta de respeto de los responsables de Instituciones Penitenciarias hacia los funcionarios, su actitud de "rodillo impositivo", su mala fe y el incumplimiento de los compromisos adquiridos.

Ricardo López, de Acaip-UGT, ha explicado que han intentado acudir en varias ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que actuara de mediador con la administración penitenciaria y le han vuelto a hacer la petición al considerar que es la única persona que puede "desencallar" la situación.

Jorge Villas, de CSIF, ha explicado que en 2018 Prisiones les presentó una oferta que dos días más tarde retiró sin dar explicaciones.

Tras la llegada del PSOE al Gobierno, en 2019, se reactivó la relación entre la administración penitenciaria y los sindicatos, lo que generó muchas expectativas en el colectivo.

Marlaska se comprometió públicamente a modernizar la institución a través de una futura Ley de Función Pública Penitenciaria que recogiera las reivindicaciones de los trabajadores, cuyo texto estaría terminado en el primer trimestre de 2021 "y no se ha producido", por lo que desde febrero de este año las negociaciones están totalmente paralizadas.

Además de las mejoras salariales y la falta de medios humanos y materiales, los sindicatos han denunciado la carencia de instrumentos para hacer frente a las agresiones de internos, para lo que llevan tiempo solicitando que se les considere como agentes de la autoridad.

López ha comentado que desde enero de 2016 a hoy se han producido 25.444 agresiones entre internos, en las que los funcionarios tienen que intervenir "sufriendo un nivel de violencia muy grave".

Esto supone que en un día normal se registran casi 13 agresiones entre internos y un funcionario resulta agredido con lesiones cada 36 horas, "una situación lamentable y caótica".

Tras asegurar que no van a "blanquear" a una administración que no cumple los acuerdos, López ha advertido de que "a partir de ahora empezaremos a organizar medidas de presión de distinta índole e intensidad y en distintos ámbitos geográficos y funcionales, y no vamos a parar hasta que haya una solución al conflicto".

La primera medida es la convocatoria de una manifestación en octubre en Cuenca, coincidiendo con la reunión anual de todos los directores de centros penitenciarios con representantes de la Secretaría General y del ministerio.

El representante de CSIF ha advertido de que se abre un proceso de movilizaciones y no descartan ninguna medida, como la huelga general, aunque ha asegurado que siempre estarán abiertos a negociar, "pero tiene que haber voluntad por todas las partes".