Todos los apoyos son buenos con tal de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En un alarde de optimismo, Moncloa cree que esta vez puede sacarlos incluso con más apoyos que los actuales -y eso que fueron los más votados desde 2007- aunque todas las fuerzas políticas de la oposición comiencen a esbozar su lista de exigencias, no siempre fáciles ni realizables.

Entre los apoyos que Gobierno y PSOE intentan cosechar está el de los cuatro diputados de JxCat, capitaneados por Miriam Nogueras. En principio, la sustituta de Laura Borràs y persona del círculo más estrecho de Carles Puigdemont parecería poco permeable a cualquier acercamiento al Ejecutivo, pero los socialistas están detectando una posición algo más contemporizadora de esta formación y Moncloa no duda en aprovechar la ocasión.

Junts presiona ahora con la ley audiovisual

Bien es verdad que Nogueras salió el pasado miércoles de su cita con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtiendo que no se sentarán a hablar de las cuentas si la nueva Ley audiovisual no exige un mínimo de producción en lengua catalana, pero, independientemente de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté dispuesto a darle una vuelta a este asunto, ya ha tenido un gesto nada desdeñable en cuanto al uso de las lenguas cooficiales.

Y es que la decisión socialista de respaldar la propuesta de Junts para que en el Senado puedan emplearse el catalán, el vasco y el gallego en cualquier momento de la actividad parlamentaria y no sólo en las mociones, como hasta ahora, es un claro guiño a los de Puigdemont y se aparta de la que había sido su posición tradicional.

La propuesta fue presentada por el inasequible senador Josep Lluís Cleries, que lleva años centrando toda su labor en la Cámara Alta en asuntos identitarios. Se ha apuntado un tanto, aunque, en puridad, este sea el primer paso de un proceso lento, pero seguro, que obligará a triplicar el presupuesto en traductores. Éste pasará de los actuales 350.000 euros anuales a unos 950.000. Habrá que ver qué hacen los socialistas en el Congreso, porque la voluntad de Junts es no parar ahí y exigir la cooficialidad de las lenguas también en la Cámara Alta.

"No puede estar echado al monte y dejar que Rufián se el único que saca contrapartidas"

Moncloa no olvida el plantón de Junts a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, que se reunió en Barcelona el pasado día 15, pero, al igual que ERC, detecta un cierto giro hacia posiciones más templadas. "No puede estar echado al monte constantemente y dejar que Rufián se el único que saca contrapartidas", dicen fuentes socialistas. De hecho, los de Puigdemont intentan de nuevo una entente con ERC para negociar juntos las cuentas del año que viene.

“Empecemos a trabajar juntos, a compartir información, requerimientos, necesidades y lo que creamos imprescindible para poder encarar una negociación conjunta que dé poder al independentismo”, dijo hace tres días Elsa Artadi, vicepresidenta de JxCat. Los de Oriol Junqueras no quieren ir de la mano de sus socios de Gobierno en el Congreso de los Diputados, aunque están convencidos de que "más pronto que tarde se sumarán a los trabajos de la mesa de diálogo".

ERC tiene otras exigencias sobre la mesa a la hora de pasar por la ventanilla de Hacienda. La ley de Vivienda es una, de modo que se puedan intervenir los precios de los alquileres. Tampoco es descartable que presente batalla con la ley de Memoria Democrática, después de presentar una enmienda a la totalidad que compromete el trámite parlamentario de la que fue propuesta estrella de la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo.

El PdeCat, por su parte, también está receptivo para sentarse con el Gobierno a hablar, lo que ha sido habitual en el sector más moderado de lo que queda de la extinta Convergencia. Aporta asimismo cuatro diputados y su jefe de filas en el Congreso, Ferran Bel, es un especialista en este tipo de negociaciones.

El 3 de diciembre del año pasado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sacaron adelante sus primeros Presupuestos, que venían a sustituir a los de Cristóbal Montoro de 2018, prorrogados en 2019 y 2020. La cuentas recibieron el respaldo de 187 señorías de once fuerzas políticas distintas, la mayoría muy minoritarias.

ERC, PNV, EH-Bildu, PdeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro se sumaron a socialistas y morados. No lo hizo, curiosamente, el BNG, ni tampoco, aunque esto generó menos sorpresa, el PP, Ciudadanos, UPN, Foro y Junts, entre otros.