La detención del fugado Carles Puigdemont en Cerdeña ha convulsionado el escenario político y devuelve al ex presidente de la Generalitat al primer plano, todo ello en la antesala de las negociaciones presupuestarias y cuando había arrancado la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat. Desde la isla de La Palma, el presidente del Gobierno ha recordado cómo Puigdemont huyó de la acción de la justicia sin dejar de recordar que, entonces, "había otro gobierno", en alusión al último ejecutivo de Mariano Rajoy.

Tras esta consideración, ha agregado que "es evidente que lo que tiene que hacer Puigdemont es comparecer y someterse ante la Justicia". Tras reiterar su respeto por la acción de los tribunales, tanto en España como en Italia, ha pasado a reivindicar "el diálogo que es la única vía para los catalanes que piensan de distinta manera. Es, si cabe, más necesario que nunca. Lo fue hace diez años, en 2017 y lo será en el futuro" para superar "el trauma" de la sociedad catalana.

Horas antes, ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, el primer miembro del Ejecutivo en manifestarse sobre dicha detención y replicar al presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien ha tildado la detención de ilegal.

A preguntas del periodista Marc Sala en "La hora de la 1" respecto a un tuit de Asens en el que señalaba que "la detención de Carles Puigdemont es incomprensible. Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE. A mi me parece que eso es una detención ilegal", la ministra ha indicado que "si hay una euroorden y una detención no se puede hablar de ilegalidad". Admite que se abre paso una cuestión jurídica "que deberá ser resuelta y los tribunales italianos dirán la primera palabra".

En definitiva, "no debemos decir si algo es ilegal, justo o injusto". En un estado de Derecho, ha continuado, "cualquier persona, cualquier ciudadano, y por tanto Puigdemont, tiene que estar a disposición de los tribunales, y comparecer ante ellos. Es aplicable a todo el mundo, sin excepción. No es aceptable eludir la acción de la Justicia".

La también jueza ha expresado su "máximo respeto a la decisión judicial" y el Gobierno ."tiene que ser muy respetuoso con todo. Estamos en un estado de derecho -ha insistido- y hay una separación de poderes. Haríamos bien en ser prudentes, respetuosos, esperar y no adelantarnos".

Respecto a si la detención del líder de Junts puede dificultar la negociación presupuestaria, ha puesto el acento en que "todo el mundo debe tener claro que hay que pensar en los ciudadanos y en el interés general. La situación personal de cualquier dirigente político debe estar al margen. No podemos poner el foco en una situación personal. No es comprensible que se pueda usar esto para paralizar los Presupuestos", ha concluido.

Belarra "respeta las decisiones judiciales"

La posición de Asens no es, al menos públicamente, la posición del sector morado del Gobierno porque la ministra de derechos sociales ha estado más en la línea de Moncloa que su presidente de Grupo Parlamentario. Belarra ha dicho respetar las decisiones judiciales, aunque ha continuación ha subrayado que el Gobierno "está concentrado en abandonar el camino de la judicialización, en apostar por la vía del diálogo, y por eso hemos trabajado tanto para la recuperación de esa mesa de diálogo y para que éste sea el camino, porque la judicialización ha demostrado ser un callejón sin salida".

Moncloa defiende que Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier ciudadano".

La detención del Sr. Puigdemont "obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales", dice Moncloa en un comunicado.

Además, manifiesta "su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales" que afectan al huído.

Los indulto concedido a los cabecillas del procés condenados por el Tribunal Supremo no sería de aplicación al ex presidente de la Generalitat, que optó por salir del país para sustraerse a la acción de la Justicia. Ahora habrá que esperar a la decisión de los tribunales italianos respecto a su extradición.

Por la red han comenzado a circular antiguos mensajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respecto a su compromiso de traer a España al ex president para ser juzgado. "Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general", dijo en un tuit de noviembre de 2019.