Aquel domingo de octubre, Carles Puigdemont debió haber visto en directo cómo el Girona derrotaba al Real Madrid de Cristiano Ronaldo por dos goles a uno en el estadio municipal de Montilivi. Era lo que había transmitido en las vísperas a personas de su confianza, como Marta Rovira. Pero los planes cambiaron precipitadamente y aquella noche puso rumbo a Francia. Era el 29 de octubre de 2017. Había comenzado la fuga del ex president, que lleva desde entonces sin poner un pie en España para evitar su detención.

Puigdemont ha puesto el nombre de otra ciudad europea en el mapa de su escapada con su arresto el pasado jueves en el aeropuerto de Alguer (Cerdeña), adonde había viajado para asistir al 33 Encuentro Internacional de la Asociación para la Difusión del Folclore catalán (Adifolk). En la creencia de que la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había quedado suspendida cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retiró la inmunidad, difícilmente podía imaginar cuando subió al avión que iba a tener tal recibimiento a su llegada a la isla italiana.

Es la última etapa de una aventura que comenzó hace casi cuatro años. Con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP, el Parlament aprobó a primera hora de la tarde del 27 de octubre de 2017 la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tras el referéndum ilegal del 1-O. Horas después, el pleno del Senado autorizó al Gobierno de Mariano Rajoy a adoptar una serie de medidas para restablecer el orden constitucional en Cataluña en aplicación del artículo 155 a la espera de que se celebraran nuevas elecciones autonómicas.

Ni acudió al partido de fútbol ni mucho menos volvería a pisar la sede de la Generalitat, en contra de lo que quiso insinuar con la difusión de una foto en redes sociales. Durante aquel fin de semana, Puigdemont preparó su salida de España mientras el fiscal general José Manuel Maza -fallecido el 18 de noviembre de 2017- terminaba de redactar la querella por rebelión, sedición, malversación contra Puigdemont, Oriol Junqueras, el resto de miembros del Govern y la Mesa del Parlament.

Cuando el Ministerio Público interpuso el lunes 30 de octubre la querella, hacía ya horas que el ex president había salido de España. Con la ayuda de varios mossos, abandonó su residencia de Sant Julià de Ramis (Girona) tumbado en el asiento trasero del coche oficial antes de bajarse para subirse a un todoterreno que le llevó hasta Marsella, ciudad de la Costa Azul francesa desde la que se dirigió en avión a Bruselas. Desde Bélgica ha tratado de seguir moviendo los hilos del movimiento independentista.

Lleva driblando a la Justicia española desde hace casi cuatro años: un tribunal italiano debe decidir ahora si lo extradita por sedición

Formalmente, Puigdemont y los cuatro ex consellers que decidieron también marcharse del país -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- adquirieron la condición de prófugos de la Justicia el 2 de noviembre de 2017, cuando no se presentaron a declarar en calidad de investigados en la Audiencia Nacional tras la querella interpuesta por la Fiscalía. Sí lo hicieron Oriol Junqueras y ocho integrantes más del Ejecutivo autonómico disuelto días antes por Rajoy en aplicación del artículo 155. Éstos fueron enviados a prisión provisional mientras el máximo responsable del Govern el 1-O había decidido poner tierra de por medio para no acabar entre rejas.

El 3 de noviembre de 2017, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó la primera orden internacional de detención contra Puigdemont y los citados ex consellers, que ya estaban a 1.500 kilómetros de distancia. Dos días después, los fugados se entregaron a la justicia belga, si bien quedaron en libertad -con la prohibición de salir al extranjero sin permiso judicial- mientras el tribunal resolvía la euroorden de entrega. No hizo falta esperar. El magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa -Pablo Llarena- retiró la petición que había tramitado Lamela ante el temor de que Bélgica no entregara a los huidos para ser investigados en España como posibles autores de un delito de rebelión.

Aquella decisión judicial tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017, justo 16 días antes de que se celebraran las elecciones catalanas en las que el huido Puigdemont encabezó la lista de Junts per Catalunya (JxC). No fue la candidatura más votada (Ciudadanos ganó los comicios con 36 diputados), pero el bloque independentista logró mantener la mayoría absoluta en la Cámara autonómica. Llegó a ser propuesto para la investidura por el presidente del Parlament, pero terminó renunciando en favor de uno de los políticos presos -Jordi Sànchez- y designando posteriormente a Quim Torra.

Cuanto Torra tomó posesión como presidente de la Generalitat a mediados de mayo de 2018 hacía más de tres meses que Puigdemont se había instalado en una mansión de Waterloo, localidad belga ubicada en la provincia de Brabante Valón que pasó a la historia en 1815 por ser el escenario donde se libró la batalla en la que Napoleón cayó derrotado ante la coalición liderada por Inglaterra y Prusia. El contrato de arrendamiento de la vivienda lo había firmado su fiel amigo Josep María Matamala, el hombre que acompaña al ex president por Europa.

Ni Bélgica... ni Alemania

La detención en Cerdeña es la segunda que sufre desde que permanece fugado. El 25 de marzo de 2018 fue arrestado en la pequeña localidad de Schuby -en el norte de Alemania- cuando regresaba en coche a Bélgica tras continuar en Finlandia con su campaña internacional en favor del proceso soberanista catalán. Carles Puigdemont se apresuró a abandonar el país nórdico después de que las autoridades finesas hubieran recibido una orden europea de detención y entrega desde España. La legislación de ese país es mucho más dura que la belga respecto a los intentos de separación de una parte del territorio del Estado, lo que comprometía su futuro judicial.

La pretensión de la Justicia española de que el prófugo le fuera entregado para poder investigarlo y juzgarlo como al resto de los cabecillas del procés iba a fracasar por segunda vez. El 5 de abril de 2018, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) decidió descartar el delito de rebelión en la petición de extradición a España del ex presidente de la Generalitat, desmarcándose de esta manera del criterio que había defendido la Fiscalía germana. Sólo accedía a entregarlo por malversación de caudales públicos, oponiéndose Llarena a la entrega sólo por ese delito. Volvía a repetirse la jugada.

Instalado en Waterloo, Puigdemont concurrió a las elecciones al Parlamento europeo celebradas en mayo de 2019, consiguiendo acta tanto él como los también huidos Toni Comín y Clara Ponsatí. Ello les permitió gozar de inmunidad parlamentaria hasta finales de julio pasado, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la levantó al entender que ninguno de los tres eurodiputados podía ser detenido y extraditado por la cuestión prejudicial presentada meses antes por el Supremo ante el tribunal europeo y aún no resuelta.

Reactivación de la euroorden

Cuando el alto tribunal español dio ese paso había reactivado nuevamente la euroorden para detener al ex president. Fue concretamente el 14 de octubre de 2019, el mismo día que se notificó la sentencia a los acusados del procés que sí habían podido ser juzgados al haber permanecido en España. El juez Llarena adoptó esa medida al considerar que la condena a los procesados incrementaba el riesgo de que los prófugos trataran de reforzar su huida refugiándose en países que, ajenos a la Unión Europea, no han asumido el compromiso de cooperación existente entre los estados miembros.

Mientras se resuelve la cuestión prejudicial, un tribunal italiano tiene que decidir ahora si entrega a Carles Puigdemont a España para ser juzgado por sedición y malversación -delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y otros procesados- en virtud de la euroorden enviada por el instructor del Supremo. El dirigente independentista no ha pasado ni 24 horas en la prisión de alta seguridad de Sassari, dado que el juez transalpino lo ha puesto en libertad -sin medidas cautelares, por lo que puede salir de Italia- y le ha citado a una primera vista el próximo 4 de octubre.

La detención y puesta en libertad se ha producido meses después de que el Gobierno concediera los indultos a los condenados y en vísperas de que el secesionismo catalán conmemore el cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O, una fecha icónica para el movimiento soberanista. También en pleno desarrollo de la mesa de diálogo en la que se sientan representantes de los ejecutivos que lideran Pedro Sánchez y Pere Aragonés. 

De momento, el Tribunal Supremo sigue sin poder sentar en el banquillo a Puigdemont, que hace más de 1.425 días que no pone un pie en Cataluña para evitar ser detenido. En este tiempo ha perdido a su padre -Xavier Puigdemont falleció el 6 de noviembre de 2019- y ha visto a distancia cómo ha vuelto a instalarse en Segunda División el Girona FC, cuya histórica victoria ante el Real Madrid no llegó a ver en vivo aquel 29 de octubre de 2017 para poder driblar a la Justicia.