Contención de precios y menos oferta. Es el balance del primer año de aplicación de la Ley de alquiler que limita el aumento de precios en Cataluña. Un balance cuestionable, porque coincide con el año de pandemia que puede falsear los datos, advierten defensores y detractores de la norma. Y aún así relevante por el papel que esta medida puede tener en la negociación de los próximos presupuestos, en los que Podemos quiere ver recogida una limitación similar de ámbito estatal.

Según los datos de la Agencia de Vivienda de Cataluña, de la Generalitat, se han formalizado un 48,8 % más de alquileres en Cataluña en el tercer trimestre con relación al mismo período de 2020, en plena pandemia. La renta mensual del alquiler ha bajado en los últimos meses hasta situarse en una media de 713,15 euros para el conjunto de Cataluña y 904,35 euros al mes de media en Barcelona, un 7,1 % menos que en 2020.

Unos datos que llevan al Sindicato de Inquilinos a defender que la ley "ha probado su eficacia", consiguiendo que las familias paguen una media de 44 euros menos al mes en los contratos firmados tras la entrada en vigor de la norma.

Oferta que se evapora

El portal inmobiliario Idealista, sin embargo, hace un balance contrario. Señalan que la caída de los precios es similar, de hecho menor, que la de Madrid y apuntan a la reducción de la oferta. "Barcelona ha registrado durante el año en el que se ha implantado el control de precios una reducción en sus rentas del 8,2%, una caída inferior a la registrada por Madrid (-9,3%)", sin limite de precios.

Por contra, en la capital catalana la oferta se reduce de forma más significativa. El número de viviendas que se ofertan en Idealista en alquiler Barcelona a comienzos de septiembre -en torno a las 10.900- "se ha reducido un 42% frente al parque disponible un año antes", cuando ese parque se duplicó a causa del confinamiento, que provocó que el mercado estuviera varios meses cerrado.

Al realizar esta comparativa frente a los datos de la primera semana de septiembre de 2019, el stock disponible actualmente es solo un 13% superior que el de entonces. En Madrid, sin embargo, la caída respecto al año anterior es del 22%, pero el mercado de alquiler tiene un 62% más oferta que al cierre del verano de 2019.

Seguridad para los inquilinos

El Sindicato de Inquilinos, sin embargo, defiende que "el factor diferencial que hace bajar los precios no es el COVID o el descenso del turismo sino la regulación de precios". Comparan para ello los precios en municipios vecinos y señalan que respecto al tercer trimestre de 2020, "los precios han bajado un 7% en Blanes (regulado), pero han quedado iguales en Lloret de Mar (no regulado)".

En la comarca del Maresme, en Pineda de Mar (regulado), la bajada es del 5%, pero en Calella (no regulado) se limita a 1%. La diferencia también es clara entre Manlleu (regulado, -5%) y Torelló (no regulado, 0%), y es incluso más pronunciado entre Olesa de Montserrat (regulado, -7%) y Esparraguera, donde se han incrementado un 4%".

A juicio del Sindicato de Inquilinos, una de las organizaciones impulsoras de la normativa, la ley "da una mínima tranquilidad a las personas: ahora sabes a qué atenerte cuando se acaba el contrato, ya no te pueden hacer un aumento abusivo (del alquiler) y sin justificación".

Barcelona, Badalona mantienen la regulación

Cumplido el primer año, la mejor prueba del éxito de la regulación son los 60 ayuntamientos que han pedido mantenerla durante cinco años, señala la Generalitat. Entre ellos, el Ayuntamiento de Barcelona, que ratificó la semana pasada renovar la declaración de toda la ciudad como área de mercado tenso de vivienda, con lo que se podrán aplicar como mínimo durante cinco años todas las herramientas de que dispone la ley en cuestión.

Entre los municipios que también han pedido que se prorrogue la aplicación de la ley se encuentran Badalona (Barcelona), gobernada por el PP, y también Gavà (Barcelona), ciudad de la que era hasta hace poco alcaldesa la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSC). También Hospitalet de Llobregat, gobernada por la socialista Núria Marin, se incorpora al listado de ciudades con el precio limitado.

Esta norma obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, si bien quedan exentos los arrendadores "vulnerables", considerándose como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.