El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto que habilitará ayudas por valor de 5,5 millones de euros al Ejecutivo canario para la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma, con el objetivo de que sean destinadas de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupción volcánica.

A su vez, contempla otros 5 millones en ayudas para la adquisición de enseres de primera necesidad, también destinados a aquellas personas que han sufrido pérdidas o daños en su vivienda habitual, con carácter temporal o definitivo.

Estas medidas, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales que gestiona Unidas Podemos junto a los departamentos de Interior y Transportes que ostenta el PSOE, se dirigen a paliar los efectos provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, que comenzó el pasado 19 de septiembre.

Y es que el decreto que validará este martes el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Europa Press, desgrana que, ante "la magnitud de la emergencia" y la "grave perturbación" de las condiciones de vida en la zona, está justificada la aprobación de estas normas excepcionales que supla la pérdidas de bienes y hogares.

Entre 500 y 600 edificaciones arrasadas

Sobre la situación de emergencia en La Palma, se especifica que ya se ha producido la evacuación preventiva de más de 5.000 personas de las poblaciones afectadas de la isla canaria.

También relata que se han generado daños en infraestructuras, bienes privados y de titularidad pública, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.

Asimismo, el decreto añade que se han alterado redes del transporte de personas y mercancías, con el corte de carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla de La Palma, así como suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios afectados.

Las cifras disponibles hasta el momento, detalla el Gobierno, elevan a entre 500 y 600 edificaciones "arrasadas por la lava" que "en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban", sin perjuicio de otros daños en viviendas que sí puedan ser rehabilitadas o reconstruidas en su ubicación.

El Gobierno debe colaborar con Canarias

Y en esta situación explicita que el Gobierno canario ya está impulsado "diferentes soluciones", algunas de carácter coyuntural y otras "con vocación de permanencia", entre las que cita la adquisición de viviendas, tanto inmuebles ya construidos como de promociones de obra nueva en curso o recientemente finalizadas.

"El Gobierno de España tiene la intención de colaborar en la compra de dichas viviendas y enseres de primera necesidad con destino a las mismas, cofinanciando su adquisición", especifica el decreto gubernamental.

Por ello, se destinarán 5,5 millones para financiar la adquisición de 107 viviendas en La Palma. El decreto desgrana que "deberán estar en condiciones de ser ocupadas con carácter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir", por la indisponibilidad de la vivienda habitual, ya sea en régimen de arrendamiento, usufructo o propiedad.

En el caso de que esas viviendas dejasen de cumplir este objeto, tendrán que permanecer bajo la titularidad del Gobierno canario y solo se podrán destinar a alquiler social u otras formas de tenencia, "siempre que se justifique su fin social".

A ello se suman los otros cinco millones para la compra de enseres de primera necesidad con la finalidad de atender a las familias afectadas por las pérdidas ocasionadas por la erupción. En este sentido, el decreto establece que la comunidad autónoma presentará una relación de inmuebles afectados ante el Ministerio de Transportes.

Estas ayudas serán incompatibles con las otras subvenciones reguladas por el Real Decreto que decreta zona catastróficas por fenómenos naturaleza.

Otras condiciones para mantener el fin social

También puntualiza que el importe otorgado a los damnificados no podrá superar en ningún caso la diferencia entre la cuantía del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones compatibles o complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico solo podrá devolver las viviendas al tráfico privado solo transcurrido un plazo de 30 años y previa justificación al Ministerio de Transportes de la "innecesariedad" de las mismas para este "fin social2.

Si eso ocurriera, Canarias deberá reintegrar a la administración central la ayuda concedida, con la aplicación del interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento.