La detención de Carles Puigdemont, el pasado jueves, en Cerdeña (Italia), ha dado aire a la estrategia de su partido contra la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Y la rápida puesta en libertad del ex president decidida por la justicia italiana no va ha impedir que JxCat sigua ahondando en la crisis, en la que los de Puigdemont ven la mano del Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Puigdemont quieren trasladar las denuncias sobre la "detención fallida" de su líder al Parlament, que esta tarde abre el primer Debate de Política General con Pere Aragonés como protagonista.

El republicano confiaba en un debate más o menos plácido por el flanco de JxCat -no por el de la CUP- tras haber aprobado el pasado jueves el Plan de Gobierno para la legislatura. Un proyecto con 1.500 medidas acordadas entre los dos socios de gobierno que dibuja la hoja de ruta de un mandato para volver a la senda de la gestión y el autonomismo. Pero Junts llevará al pleno resoluciones sobre la detención de Puigdemont, y en este terreno la distancia entre los socios es difícilmente salvable.

"No puede ser que Puigdemont sea portada en toda la prensa europea y esto no tenga reflejo en el Parlament" advierten desde Junts. El reflejo se traducirá en propuestas de resolución que la portavoz del partido, Elsa Artadi, asegura que "se están trabajando con entre nuestro grupo y ERC".

Participación del CNI

Artadi dejó claro además, este lunes, que su propuesta no será precisamente amable con el papel del Gobierno, al que señalan como responsable, y las consecuencias para la mesa de diálogo que sigue defendiendo Esquerra. "No necesitábamos este episodio esperpéntico para cambiar nuestra opinión sobre la mesa" advierte la de Junts.

En el partido de Puigdemont siguen defendiendo que el Ministerio de Interior participó en la detención del ex president fugado. Una "operación Cerdeña" de la que están convencidos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estaba al corriente, dada la presencia de agentes españoles en el avión en el que volaba Puigdemont -un extremo que el propio Marlaska ha negado-. La cuestión ahora, añaden, "es saber si Pedro Sánchez estaba al corriente de esa operación".

Para dilucidarlo, han presentado sendas baterías de preguntas en el Congreso y el Senado, en las que reclaman la comparecencia de Marlaska y explicaciones sobre "qué papel ha tenido el espionaje español en esta operación". También sobre "qué rol ha tenido la policía, el Estado y qué recursos públicos se han destinado a ello".

Sánchez, "obsesionado con Puigdemont"

JxCat parte de la convicción de que el Gobierno de Pedro Sánchez es un ejecutivo "obsesionado con Puigdemont" y no comparten la visión de Pere Aragonés, quien atribuye a la justicia toda la responsabilidad de la detención.

"Lamentamos el comunicado de Moncloa en el que amparaba lo que estaba sucediendo, la detención y retención de Puigdemont, pero no nos sorprende de un presidente español obsesionado con detener a Puigdemont" argumentaba Artadi. Para la dirigente independentista, la detención "es una prueba más de la falta de voluntad política de Pedro Sánchez en la resolución del conflicto político".

Artadi cree además que la detención "destapa la estrategia del Gobierno" centrado en usar la mesa de diálogo para "engañar a sus socios" europeos simulando que el conflicto está en vías de solución cuando su único objetivo es, según JxCat, "cronificarlo y que se vaya apagando". Para ellos, por contra, "el exilio es la mejor manera de mantener vivo el conflicto".

Aragonés exime al Gobierno

Por contra, el presidente de la Generalitat rechaza "especular" sobre el grado de responsabilidad del Gobierno y defiende la necesidad de "mantener el rumbo" de la mesa de diálogo. "Yo no entraré en especular si estaba al tanto o no. Por el Gobierno español habla el Gobierno español. A mí no me consta que fuera así pero es lo que ellos dicen".

Aragonès sí responsabiliza a la cúpula judicial, a la que acusa de actuar para hacer fracasar el diálogo. Una acusación compartida con el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que sirve a Aragonés para defender su exigencia de una ley de amnistía.

"Vemos que el aparato judicial del Estado español mantiene la vía represiva y el Gobierno español no puede hacer ver que no tiene que ver con él".