La Dirección General de la Policía destina al año casi 13 millones de euros al pago de las pensiones vitalicias que conllevan las condecoraciones que ha otorgado por la prestación de servicios relevantes y que acarrean recompensa económica. Esta cuantía es 15 veces superior a la que reserva la Guardia Civil para el reconocimiento de sus agentes (823.724 euros).

En respuesta a una pregunta formulada por el senador Carlos Mulet (Compromís), el Gobierno ha cifrado en 1.074.319,39 euros mensuales el importe que el Cuerpo Nacional dedica al abono de condecoraciones pensionadas a los 4.788 beneficiarios, lo que supone 12.891.832 euros al año. Según ha denunciado el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), esta suma equivale a los gastos de construcción de dos comisarías local tipo.

Desglose mensual de las cantidades que abonan la Policía Nacional y la Guardia Civil y número de beneficiarios.

Con motivo de la festividad de los santos ángeles custodios (2 de octubre), el ministro del Interior acuerda cada año el ingreso en la orden del mérito policial de un determinado número de funcionarios que contribuyó a prestigiar al Cuerpo Nacional por el desempeño de una actuación "singular y extraordinaria". Este reconocimiento se sustancia con la concesión de medallas de oro, plata, roja o blanca, acarreando las tres primeras modalidades un incremento vitalicio de la pensión equivalente al 20, 15 0 10 % del sueldo. La última no comporta premio económico.

La UFP considera que en muchas ocasiones el otorgamiento de esta distinción es un "incremento encubierto de la pensión de jubilación de determinados miembros y escala" del Cuerpo, circunstancia que se aleja del espíritu que inspiró la Ley de Condecoraciones Policiales: resultar herido en acto de servicio, demostrar un alto valor en circunstancias en las que corra peligro o por hechos "distinguidos y extraordinarios" en los que quedara patente un peligro personal.

Ello llevó a este sindicato el pasado año a impugnar en los tribunales la orden ministerial por la que Grande-Marlaska resolvió conceder la medalla de plata a los comisarios principales Francisco López Canedo y Eloy Quirós y al comisario Manuel Páez Méndez tras su jubilación, lo que suponía el mismo reconocimiento que el brindado al inspector que resultó gravemente herido al ser embestido por un vehículo cargado de droga en Algeciras. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 6 estimó el recurso y anuló las medallas al no haberse motivado las razones p0r las que se tomó la decisión ni detallarse en los expedientes los méritos que exige la ley para ser merecedores de dicha distinción. La sentencia ha sido recurrida.

El montante anual equivale al gasto que tiene la construcción de dos comisarías locales, dice el sindicato UFP

La polémica ha vuelto a envolver la concesión de las condecoraciones este año al volverse a otorgar la medalla de plata -la segunda con mayor recompensa económica- a cuatro altos mandos recién jubilados o que dejarán el Cuerpo de manera inminente al alcanzar los 65 años (los comisarios principales Héctor Moreno, Francisco Rodríguez López, Francisco Javier Migueláñez y José María Moreno). Estos funcionarios han recibido más premio que los agentes de los Grupos de Operaciones Especiales (GEO) y de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que corrieron un evidente riesgo el pasado mes de agosto al participar en las labores de evacuación de Kabul: se han tenido que conformar con la medalla roja, lo que ha desatado las críticas de los sindicatos.

"La pregunta es inevitable. Si a los de Kabul les han dado la 'roja', habiéndose jugado la vida, evitando la muerte de otros, participando en la evacuación de centenares de nacionales y colaboradores de España en ese país, en un escenario de guerra, salvaguardando los archivos de la embajada, escoltando al personal diplomático... ¿Qué es lo que han hecho estos cuatro miembros de la escala superior para obtener la de plata?", plantea la UFP, que describe los hechos como un "ejercicio de nepotismo".

Fuentes de esta organización han confirmado que ya han anunciado recurso contra la concesión de las cuatro medallas de plata a los citados comisarios principales, en la confianza de que los tribunales le vuelvan a dar la razón como ya ocurrió el pasado mes de julio. También ha informado de que analiza la posibilidad de presentar una querella por estos hechos y de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los datos que maneja por si fueran constitutivos de delito.

Entre 774 y 814 euros más al mes

Tomando como base las cantidades vigentes en 2020, este sindicato calcula que el comisario principal Héctor Moreno -jefe superior en Cantabria en el momento de su jubilación, que tuvo lugar a principios de julio- percibirá de forma vitalicia 814,58 euros al mes por la flamante medalla de plata (2021) y las dos medallas rojas que posee, concedidas en 2012 y 2015.

Entretanto, Francisco Rodríguez López y José María Moreno verán aumentadas sus pensiones en 794,59 euros mensuales, mientras que Francisco Javier Migueláñez -anterior responsable de la Unidad de Asuntos Internos- lo hará con 774,60 euros más de lo que le correspondería si no hubiera recibido ninguna distinción. El historial profesional de estos tres funcionarios detalla dos cruces al mérito policial con distintivo rojo y una de plata.

Como estos cuatro agentes condecorados, son numerosos los funcionarios del Cuerpo Nacional que atesora más de una medalla, lo que puede hacer que la pensión por este concepto -sostiene el sindicato- llegue a incrementarse en algunos casos de forma vitalicia por encima de los "mil euros".

De acuerdo con los datos difundidos por la UFP, el Ministerio del Interior ha otorgado en la última década 1.470 cruces con distintivo rojo a personal policial, de las que el 57,61 % correspondieron a agentes de las escalas ejecutiva (inspector) y superior (comisario y comisario principal). El sindicato llama la atención sobre el hecho de que se haya otorgado más de la mitad de los reconocimientos al "9,25 % de los miembros del Cuerpo Nacional".

En cuanto a las medallas de plata, entre 2011 y 2021 se han entregado 18, de las que 11 fueron para funcionarios de la escala superior: nueve jubilados y dos fallecidos por enfermedad común. El resto se desglosa de la siguiente manera: dos a las escala ejecutiva (uno fallecido en Libia por enfermedad común y otro tras sufrir lesiones invalidantes en acto de servicio), una a la de subinspección (un agente que recibió cinco disparos en el atraco en el que falleció su compañera) y cuatro a la escala básica, entre ellas a dos miembros por el ataque a la Embajada de España en Kabul que se saldó con la muerte de un subinspector y un policía.