Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron durante el 2020 un total de 287.963 ciberdelitos, un 31,9% más que en 2019, con lo que el alza sostenida que se detectaba en este tipo de criminalidad se ha disparado por la pandemia de covid-19, en especial por fraudes y estafas en Internet.

Estos datos aparecen en el VII Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, publicado este miércoles con datos recogidos por la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos y los distintos cuerpos de policía local.

El informe expone que, según el Centro Criptológico Nacional, la cibercriminalidad estuvo "íntimamente" relacionada con la pandemia, con diferentes modalidades (robo de información; campañas de ransomware; acción de influencia, propaganda o desinformación promovidas por estados; delincuencia económica, entre otros).

A corto plazo, se espera que sigan creciendo los ataques a redes domésticas y equipos personales como consecuencia del teletrabajo y que se incrementen "los ataques a farmacéuticas, laboratorios de investigación dedicados a la COVID-19 o víctimas relacionadas con el sector".

El informe de Interior constata que desde 2016 la ciberdelincuencia es un "fenómeno en crecimiento" que aumenta "progresivamente" su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad.

Una muestra de ello es que desde 2016 a 2000 se ha pasado de 92.000 hechos conocidos a casi 288.000. Dicho de otro modo, los ciberdelitos han pasado de ser el 4,6 % del total al 16,3 % en tan solo cuatro años.

Del total de ciberdelitos denunciados, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos, a mucha distancia de las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento.

El perfil del ciberdelincuente es el de un hombre (73,3 por ciento), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española. Estas personas están presuntamente implicadas en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

En este informe también se advierte que durante el año pasado se reportaron 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

El mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5 %), seguido del transporte (24,08 %) y la energía (14,05 %).

Para combatir este tipo de delitos, este año se ha creado el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva.

Esta medida fue aprobada por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero para dotar al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

El diseño del plan, que está dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), ha contado con la participación de responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil o policías autonómicas.

También ha contado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.