El Grupo de Estados contra la Corrupción lamenta que España no haya abordado la reforma legal para cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que los políticos intervengan en el proceso, dañando la independencia judicial.

El organismo dependiente del Consejo de Europa ya instó a que los vocales judiciales del órgano fueran elegidos por jueces y entre jueces y no por las Cortes, como ocurre ahora.

En el informe que se publica este miércoles, sobre 'Prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales', GRECO traslada su preocupación, que ha ido "a más", porque la situación no ha cambiado desde 2013, cuando trasladó la misma necesidad en su informe de evaluación. Señala que la "información facilitada por las autoridades no aporta nada nuevo a lo que ya se había analizado" y pide abordar "sin demora" la reforma.

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Una reforma que enfrenta al Gobierno y al principal partido de la oposición, el Partido Popular, que tienen bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces desde finales de 2018, que entró en funciones por la falta de un acuerdo político.

El partido de Pablo Casado condiciona ahora la renovación a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometa a impulsar en el Congreso a través del PSOE la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reclama el Consejo de Europa. Es decir, que se comprometa a cambiar el sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo para que sean los jueces quienes elijan a los jueces.

Sin embargo, los partidos de Gobierno PSOE y Podemos sostienen que el sistema actual garantiza la independencia judicial porque la amplia mayoría con la que los vocales son elegidos en el Parlamento garantiza el pluralismo.

Los argumentos de España no convencen a GRECO

Precisamente ésta ha sido la explicación del Ministerio de Justicia ante el GRECO para argumentar que la reforma legal que recomienda encarecidamente no es necesaria. Las autoridades españolas han expuesto ante el organismo del Consejo de Europa que "el sistema actual garantiza el pluralismo de la elección y evita riesgos de corporativismo". Defienden la "legitimidad y el carácter democrático del método de selección del CGPJ" argumentando que "la selección de los miembros judiciales (12) y no judiciales (8) del CGPJ requiere un amplio consenso del Parlamento a través de una mayoría cualificada de 3/5 (que, por una parte, garantiza el pluralismo de la elección y, por otra, evita riesgos de corporativismo)" así como que "en cualquier caso, los candidatos a miembros judiciales son preseleccionados por los propios jueces a través de un sistema democrático (cualquier juez en activo puede presentar su candidatura si cuenta con el apoyo de 25 jueces o de una asociación judicial) y la lista de candidatos resultante se presenta al Parlamento, que designa a los doce vocales".

Una explicación "no aporta nada nuevo" para GRECO a lo que ya reclamó en 2013, según traslada en su informe. "Hoy, la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas por GRECO a la luz de ello continúan igual, si no más, que antes", traslada. E insiste. "GRECO subrayó que uno de los objetivos más notables de un consejo judicial, siempre que exista, es salvaguardar la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica. Señaló además que el resultado en España había sido todo lo contrario, como lo ponía de manifiesto la reiterada inquietud pública en este ámbito. GRECO señaló las normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los miembros judiciales de los consejos judiciales: cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales, se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".