El exjefe de la contrainteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal Barrios, 'Pollo Carvajal', que se encuentra en la prisión madrileña de Estremera hasta que se acuerde su extradición a Estados Unidos según confirmó la Audiencia Nacional, espera que ésta pueda demorarse hasta dos años.

El general chavista, máximo responsable de la inteligencia del país en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (hasta 2014) presentó un recurso ante el Ministerio del Interior contra la decisión de no concederle asilo cuando llegó a Madrid la primavera de 2019 con el nombre de 'José Mourinho'. Para entonces, Estados Unidos ya le reclamaba para juzgarle por coordinarse supuestamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país, debilitarlo y enriquecerse.

Fuentes de su defensa trasladan a El Independiente que la resolución de dicho recurso por parte del Ministerio, "si sigue el procedimiento ordinario, en el que habrá muchas otras solicitudes de asilo antes que la suya, podría demorarse entre un año y medio y dos años". En caso de que la respuesta a dicho recurso sea negativa, como esperan, podrían recurrir la decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Si llegara mucho antes denunciarían, según explican, que se haya tramitado por un procedimiento de urgencia sin explicación.

Hasta que se resuelvan ambos recursos, Carvajal y su abogada esperan que no se proceda a su entrega según autorizó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, corrigiendo a los magistrados de la Sección Tercera. Éstos vieron que los indicios aportados por Estados Unidos para acusarle de tan graves delitos como narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración con otros para poseerlos, no estaban bien fundamentados. En un auto ponencia del magistrado Alfonso Guevara, la Sala consideró que la petición respondía más bien a «una motivación política» dentro de la «estrategia estadounidense respecto de Venezuela» para conseguir información.

De hecho, de los 18 magistrados que finalmente autorizaron enviarle a Norteamérica, cuatro de ellos firmaron votos particulares contra ésta. Fueron el propio Guevara y Clara Bayarri, María Ángeles Barreiro y José Ricardo De Prada. Para éste último, «el relato que se contiene en los cargos que se imputan al Sr. Carvajal Barrios carecen de la mínima concreción jurídica en cuanto a su participación delictiva, respondiendo mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo contra los Estados Unidos de América por parte de un enemigo de dicho Estado», se pudo leer en su voto en contra.

La Audiencia le mantiene en prisión

Después de que se acordara su extradición sin imponerle medidas cautelares, el 'Pollo Carvajal' se esfumó. Casi dos años después se ha sabido que nunca salió de Madrid, que se mantuvo oculto en distintos pisos del centro de la ciudad. El pasado 9 de septiembre fue detenido en una operación de la Policía Nacional en colaboración con la agencia de control de drogas americana (DEA).

Hasta que se proceda a su entrega a Estados Unidos, que su defensa trata de dilatar lo máximo posible, la Audiencia Nacional decretó esta semana que continúe en prisión incondicional. Los magistrados de la Sección Tercera consideraron una "auténtica fuga" su decisión de esconderse en la capital española y evadirse del control judicial. "Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión", expusieron. Viendo riesgo de que vuelva a intentar escapar de los jueces, decidieron mantenerle en la cárcel.

Mientras tanto, en la "legítima" -como consideraron los magistrados de la Sala de lo Penal- estrategia de ganar tiempo, Carvajal ha solicitado declarar en la Audiencia Nacional para "colaborar con la Justicia". Fue citado por el juez Manuel García-Castellón como testigo tras su ofrecimiento de aportar información sobre la supuesta relación entre ETA y Venezuela o sobre el presunto pago de 200.000 euros de la petrolera estatal PDVSA al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, según publicó El Mundo que contó en sede judicial. Hasta ahora, no ha aportado documentación que sustente tales revelaciones.