El hasta ahora número dos de Jupol, Aarón Rivero, no tendrá competencia en las elecciones para elegir al nuevo secretario general del sindicato al ser el único aspirante que ha logrado reunir en 12 días el porcentaje de avales requerido por provincia. Con todo, la última palabra la tendrá la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional ante el que cuatro afiliados han impugnado el proceso al apreciar vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical por los requisitos exigidos a los precandidatos.

La comisión organizadora de la asamblea extraordinaria que elegirá el próximo 21 de octubre al nuevo líder tras la destitución de José María García ha establecido que los aspirantes al puesto debían contar con el apoyo al menos del 2 % de los afiliados de cada provincia, un requisito fijado en el reglamento de asambleas (artículo 22.2) pero no en los estatutos del sindicato. Los recurrentes entienden que pedir este nivel de apoyos constituye una decisión "arbitraria, ilícita y antidemocrática" que quiebra la igualdad de condiciones y que busca favorecer al candidato oficialista.

Dicha exigencia ha dejado en la cuneta a cinco precandidatos, entre ellos al defenestrado secretario general (José María García). También a Natán Espinosa, cofundador y primer presidente de Jusapol, la asociación que se constituyó en 2017 para reivindicar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. El secretario de Jupol en Málaga, Miguel Ángel Millán, y los afiliados Alejandro León y Francisco Miguel Salas completan la relación.

En el caso de Espinosa, la exclusión viene también motivada por no cumplir el requisito de un año de antigüedad como afiliado, exigencia que establecen los estatutos en su artículo 23. Ese requisito puede ser eximido por la junta directiva del comité ejecutivo nacional cuando concurran "circunstancias que beneficien a la propia organización sindical".

Por todo ello, la comisión organizadora ha proclamado por unanimidad en la tarde de este viernes a Aarón Rivero como candidato al ser el único que cumple "todos los requisitos" exigidos reglamentariamente. En concreto, el acta de escrutinio detalla que ha reunido 864 avales (sobre un censo de 24.106), superando el umbral mínimo en todas las provincias. Los porcentajes oscilan entre el 2,1277 % conseguido en Tarragona y el 20,5128 % de Lugo.

Natán Espinosa, ex líder de Jusapol, acusa a la comisión gestora de imponer un requisito para que sólo pueda ganar su candidato

Junto con la imputación de gastos supuestamente personales al presupuesto del sindicato, el intento del ex secretario general de Jupol de arrinconar a Rivero sin aparente justificación fue uno de los motivos por los que todos los miembros de la directiva que acompañaban a José María García forzaron una asamblea extraordinaria para votar la destitución de éste y convocar nuevas elecciones. Éstas son las que se celebrarán dentro de 19 días.

El segundo precandidato con más apoyos ha sido Natán Espinosa: 594, tras invalidársele 76 y declarársele dos avales nulos. Ese respaldo supone un 2,46 % sobre el censo total de afiliados, si bien en 24 provincias -entre ellas Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza- no ha alcanzado el listón mínimo y por el que ha manifestado su disconformidad por considerarlo "ilegal".

Horas antes de que la comisión organizadora anunciara a Aarón Rivero como virtual secretario general, Natán Espinosa ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional en la que pide que se suspenda cautelarmente la proclamación de las candidaturas o, alternativamente, admita que puedan concurrir los afiliados que han presentado la solicitud para tomar parte en el proceso.

La Sala de lo Social ya admitió a trámite la demanda de cuatro afiliados que han impugnado el proceso electoral que desembocará en la elección del nuevo secretario general de Jupol y que ya habían solicitado a los magistrados la paralización cautelar del proceso mientras entran en el fondo del asunto y dictan sentencia. La Audiencia Nacional ha fijado la vista para el próximo miércoles (6 de octubre) -justo 15 días antes de la votación- y Espinosa y Salas piden que se acumule su escrito a dicho proceso de derechos fundamentales (269/2021).

"Arbitrariedad e ilicitud"

Los recurrentes interpretan que la decisión de la comisión organizadora de exigir al menos un 2 % de avales por cada provincia -en lugar de establecer una circunscripción única- para poder convertirse en candidato carece de "aval normativo" e incurre en "absoluta arbitrariedad e ilicitud". En su opinión, "limita" de tal forma la concurrencia que en la práctica impide ser candidato a quien no esté desempeñando el cargo de secretario general.

"La dirección de la comisión transitoria tiene bajo su dirección a los secretarios provinciales y autonómicos; el nombre y dirección de todos los afiliados; recursos económicos y técnicos y 'liberaciones', y capacidad para decidir la fecha de las elecciones. Si además nombra la comisión organizadora que decide qué censo aplica y qué avales tienen o no valor, y no existe supervisión ninguna, no queda duda ninguna de que el proceso electoral está en manos de un único órgano que ya ha decidido quién sea el único candidato y por tanto nuevo secretario general", detalla el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Frente a estos reproches, la comisión transitoria ha venido defendiendo que este requisito tiene respaldo jurídico, asegura que todos los interesados en optar al cargo han dispuesto del mismo margen de tiempo para recabar los apoyos y recuerda que todos los afiliados sabían desde principios de junio -cuando se consumó la destitución del anterior líder- que en el plazo máximo de seis meses se celebraría la asamblea extraordinaria para elegir al nuevo secretario general, por lo que auguran escaso recorrido a los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. 

Pese a no reunir el número exigido por la comisión organizadora, sí si hubiera sido circunscripción única, Natán Espinosa demuestra por los avales recabados que sigue teniendo un peso importante en el movimiento del que fue fundador y primer presidente (Jusapol) y del que emanó Jupol -sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional desde las elecciones celebradas en junio de 2019- como brazo en la Policía.

De hecho, Espinosa ha obtenido en nueve provincias -incluida Palencia, donde se inició el movimiento hace cuatro años- más avales que el candidato del aparato y en tres -Cantabria, Lleida y Tarragona- han logrado el mismo porcentaje. En cuanto al resto de precandidatos, uno ha reunido 269 avales, otro 32 y dos no han presentado ninguno.

Alejado desde hace dos años de la primera línea, Espinosa ha presentado su precandidatura para dirigir Jupol al entender que la dirección del sindicato "ha incumplido su promesa de presionar en el Consejo de Policía" con el mantenimiento del conflicto colectivo permanente para intentar conseguir la equiparación salarial "real".

El acuerdo sellado en marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales (AUGC, AEGC, Unión de Oficiales, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) incluye dos cláusulas que no se han ejecutado aún: el impulso de las medidas legislativas necesarias para que garantizar que en el futuro no se vuelva a producir la brecha retributiva con otros cuerpos policiales y el desembolso de 300 millones para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo.