El despliegue de armas jurídicas que el Estado desplegó hace cuatro años para hacer frente al desafío del Gobierno catalán y los agentes sociales separatistas en su búsqueda por alcanzar la independencia desembocó en la apertura de distintos procedimientos que han centrado la actualidad judicial desde entonces.

Ni la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ni la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 del mismo mes tuvieron efectos, pero quienes los impulsaron desde el Govern fueron condenados por haber "pulverizado el pacto constitucional mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional", según confirmó el Alto Tribunal, respaldando la sentencia del Tribunal Supremo con la que se condenó a los 12 líderes independentistas que se sentaron en el banquillo.

El juicio del procés contra el ex vicepresidente Oriol Junqueras, los consejeros del gobierno de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fue el procedimiento por antonomasia contra los impulsores del 1-O. En el cuarto aniversario del referéndum ilegal, los condenados por sedición, malversación o desobediencia a penas de hasta 13 años de cárcel -como fue el caso de Junqueras- ya han sido indultados por el Gobierno. Agotadas todas las vías de recurso en España, donde tanto el Supremo como el Constitucional ha descartado que fueran condenados por sus ideas políticas, por "difundir opiniones y doctrinas contrarias al estatus constitucional ni por propugnar la superación del marco político actual", se han dirigido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España.

El del Supremo fue el juicio de los juicios contra el proceso independentista, pero sus preparativos también llevaron a otros actores públicos no menos importantes ante los tribunales. Desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por medio del que se destituyó al Govern y se intervino la Comunidad durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy (intervención que en 2019 avaló el Tribunal Constitucional) éstas han sido las principales actuaciones judiciales para impedir el avance independentista.

Trapero y la cúpula de los Mossos: el máximo responsable de la Policía catalana fue el primero en desmarcarse de la estrategia independentista y asumir la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle, a diferencia de la cúpula de los Mossos d'Esquadra y el consejero de Interior que trataron de que la causa contra ellos se trasladara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde el principio, Trapero defendió que nunca recibió órdenes políticas para instar a la pasividad de los agentes de su cuerpo el día del referéndum ilegal y que, si hubiera recibido órdenes para detener al expresidente Puigdemont, lo habría hecho. Así lo manifestó como testigo en el juicio del Tribunal Supremo y lo reiteró ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acabó absolviéndole del delito de sedición por el que la Fiscalía pedía condenarle a 10 años de prisión.

Acompañantes de Puigdemont: también resultaron absueltos del delito de encubrimiento por el que se sentaron en el banquillo los mossos d'Esquadra Carlos De Pedro y Xavier Goicoechea que acompañaron a Puigdemont en coche por varios países del norte de Europa hasta su detención en Alemania en marzo de 2018, meses después de fugarse de España cuando supo que la Fiscalía General se querellaría por rebelión contra él. Ambos defendieron que no fueron con él como escoltas, sino que se desplazaron a la casa donde se instaló el expresident en Waterloo (Bruselas) para "montar muebles".

Miembros de la mesa del 'Parlament': hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por el delito de desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó que dieron curso a leyes de desconexión en un en "contumaz, persistente y recalcitrante incumplimiento" de las resoluciones del Tribunal Constitucional, como consideraron los magistrados. Por los mismos hechos fue juzgado en el Tribunal Supremo el pasado marzo el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso Joan Josep Nuet.

Ideólogos del 'procés': en abril de este año concluyó la instrucción de la causa contra los considerados arquitectos intelectuales o ideólogos del procés Josep María Llové y Lluis Salvadó, diputados de ERC. La juez del TSJC Maria Eugènia Alegret declaró concluido el sumario de la causa que se abrió contra ambos, exaltos cargos del Departamento de Economía cuando lo dirigía Junqueras, por participar presuntamente en la organización del referéndum del 1-O. Propuso juzgarlos por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

Los CDR "radicalizados": paralelamente al impulso político de independencia, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que hubo un grupo callejero "radicalizado" que habría planeado ocupar el parlamento catalán para facilitar la independencia posteriormente. Los 13 miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República (CDR) están ya procesados por presunta pertenencia a organización terrorista por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción 6.