La Audiencia Nacional ha avalado el criterio del juez del denominado caso Dina y ha rechazado admitir a trámite la querella que presentó Vox, acusación popular, contra el exvicepresidente Pablo Iglesias y el antiguo fiscal del caso, entre otros, por simulación del delito y denuncia falsa.

El magistrado Manuel García Castellón acordó hace un año la inadmisión a trámite de esta querella, dirigida también contra la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, una abogada del partido y el fiscal Ignacio Stampa, que quedó fuera de la Fiscalía Anticorrupción tras años investigando el denominado caso Tándem o Villarejo, donde se enmarca esta investigación.

Denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal y tráfico de influencias forman parte de la lista de delitos por los que Vox quería investigarles.

El juez lo rechazó y la sección tercera de lo Penal le ha avalado en un auto donde recuerda a Vox que dichos delitos no tienen conexión alguna con los que se han investigado en el procedimiento y que la querella no puede sustentar su voluntad de que la Fiscalía investigue la actuación de un fiscal, máxime cuando ya se denunció ante el ministerio público, que archivó todas las diligencias.

Esta investigación se refiere, según explica la Sala, "a una presunta organización criminal" donde los investigados "criminalizaban" servicios de acceso a información restringida, seguimientos o intervenciones de comunicación sin orden judicial.

Se ha investigado el origen de los archivos hallados en el registro a una vivienda de Villarejo que supuestamente provenían de la tarjeta de memoria del móvil que le fue robado a Bousselham en 2015, hechos que podrían constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Ahora mismo la causa tiene dos vertientes: por un lado, Villarejo y dos periodistas están procesados por estos hechos, una decisión que se encuentra recurrida; y por otro, el juez instructor está lanzando los últimos intentos para determinar si finalmente es posible recuperar los datos de la tarjeta o, en su caso, saber las causas que lo impiden.

El juez intenta investigar las circunstancias en torno a la situación "inservible" en que quedó la tarjeta, que acabó llegando a manos de Iglesias en 2016. Cuando éste se la devolvió a Bousselham, ya no funcionaba, según el juez, que pidió sin éxito al Tribunal Supremo su imputación cuando era vicepresidente y estaba aforado.

Hace unos meses el magistrado solicitó a la Policía una pericial técnica sobre la tarjeta y recientemente ha requerido a la empresa Siemens que aporte una serie de datos que permitan a los agentes trabajar en ello.