El panel ya se ha cambiado. No queda rastro del Ministerio del Interior. Tampoco del nombre de las prisiones, el Gobierno de Urkullu ha decidido cambiar su denominación. La prisión de Basauri pasará a ser el Centro Penitenciarios de Bizkaia, la de Zaballa el de Araba y la cárcel de Martutene la prisión de Gipuzkoa. El Ejecutivo vasco ha querido dejar su sello desde el primer minuto. Ahora son ellos los que gestionarán los complejos, los que fijarán los procesos de reinserción de los casi 1.400 presos que cumplen condena en Euskadi y quienes determinarán hasta el más mínimo detalle, salvo la legislación penitenciaria a aplicar.

Sin embargo, el nuevo tiempo será rehén del pasado. La activación de la transferencia, de la competencia de prisiones recogida en el Estatuto de Gernika de 1979, ha sido calificada por el Gobierno Urkullu de “histórica”. Hace muchos años que no se subraya con tanta vehemencia el logro de una competencia. Quizá, por no ser una más. Ni por su impacto social, ni por su papel en la consolidación de la convivencia, ni por el momento y circunstancias en las que llega.

En apenas dos semanas se cumplirán diez años desde que ETA anunció el cese de sus acciones terroristas. Una década desde que aquel comunicado de “cese indefinido” abrió un nuevo tiempo en el País Vasco. A partir de ahí no hubo más muertes, más heridos, ni más amenazados, pero sí deudas por saldar, pasos y desmarques por proclamar y la necesidad de recomponer la convivencia en Euskadi. En definitiva, reparar heridas del pasado y asentar principios para el futuro. Ni las primeras se han completado, quedan cientos de atentados por esclarecer, ni las segundas son firmes.

En el modelo penitenciario vasco que el Gobierno vasco ha diseñado se apuesta por mecanismos que apuesten por reducir los periodos de privación de libertad en favor de una vía que apueste más por vías de resocialización y formación y por procesos de justicia restaurativa entre victimarios y víctimas. Sin duda, ETA sigue siendo el ‘elefante en la habitación’ que muchos prefieren no ver. Pero sin duda es el gran cambio que se producirá en la etapa carcelaria inaugurada ayer.

Del 'alejamiento' al 'acercamiento'

En julio de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez inició un proceso de desmantelamiento de la política de dispersión de presos de ETA que otro gobierno socialista, el de Felipe González, puso en marcha en 1989. El plan pasó por dispersar en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra a los cientos de miembros de ETA que copaban las prisiones. Fue el modo en el que se creyó desmontar el ‘frente de cárceles’ de la banda. El alejamiento y dispersión se mantuvo hasta hace año y medio. Ahora, sin ETA activa pero con su pasado sin saldar y su entorno sin renegar del todo de él, el Gobierno vasco no oculta que le corresponde liderar el proceso de “acercamiento” ya en marcha.

Serán los presos de ETA los que en primera persona perciban el cambio en la titularidad de las prisiones. El Ejecutivo subraya que se les tratará como al resto de reclusos, que no tendrán privilegio alguno. Pero es precisamente eso, la equiparación al resto de la población reclusa, lo que supondrá la gran novedad para unas prisiones que, de modo progresivo, irán acogiendo a la mayor parte de internos de la banda.

En julio concluyeron los traslados a prisiones próximas a Euskadi y Navarra. Hace pocas semanas se puso en marcha la segunda fase, el traslado a las cárceles de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. De los nueve traslados comunicados la semana pasada en siete casos se trató de acercamientos a alguna de las tres prisiones vascas. Por ahora, son más de 70 los presos de ETA que cumplen su condena en alguna cárcel vasca. De ellos, en 17 casos con delitos de sangre a sus espaldas. Como para el resto, la nueva Administración vasca quiere que también los etarras inicien un proceso de reinserción, de resocialización. De ello se encargará, en gran medida, la nueva agencia cuya constitución aprobó por la vía de urgencia el jueves el Parlamento Vasco, con el apoyo de EH Bildu: ‘Aukerak’.

Tendrá dos alas de mariposa como logotipo, una simbología del renacer que quiere brindar a los presos de la banda y al conjunto de quienes accedan a llevar adelante el itinerario individualizado que se planteará para cada caso. Requerirá de medios de la Administración pero también de disposición, pasos y compromisos del interno. Disposición para reconocer el daño causado, para repararlo y para comprometerse con la convivencia en sociedad.

Exdirigentes de ETA

Una de las máximas que se quiere implantar pasa por reducir los periodos de privación de libertad por procesos, en el tramo final de cumplimiento de condena, de semilibertad. También aquí serán los presos de ETA quienes probablemente más directamente perciban el cambio, no en vano muchos de ellos son los que acumulan más años de prisión. La influencia de los nuevos gestores sobre las juntas de tratamiento de las prisiones podría favorecer las concesiones de nuevos grados, de beneficios. Recomendaciones que, sin embargo, siempre tendrán como filtro final los propios jueces.

Resocializar al colectivo de presos de ETA no será sencillo. Por ahora son minoría los que han mostrado su disposición a participar en procesos restaurativos con sus víctimas. También los que han dado pasos propios para mostrar el rechazo a su pasado. En la mayoría de los casos el reconocimiento del daño causado se ha limitado a la rúbrica en documentos prestablecidos y necesarios para acceder a los traslados. Muestra de ello es lo sucedido la semana pasada en la prisión de Pamplona, donde la exhibición de la película ‘Maixabel –donde se relata el encuentro entre Maixabel Lasa y los asesinos de su marido- no contó con la presencia de ninguno de la decena de presos de la banda. El asesor penitenciario del Ejecutivo vasco, el juez Jaime Tapia, ya ha avanzado que no imitará a la prisión navarra, que en Euskadi, por ahora, no está previsto proyectar ‘Maixabel’ en ninguna de las cárceles.

Entre la población reclusa condenada por pertenecer a ETA que estará bajo vigilancia y gestión de la nueva administración carcelaria figura un amplio abanico, desde ‘históricos’ de la organización criminal hasta miembros más recientes o militante condenados por participar en secuestros. Uno de los más veteranos es José María Arregi Erostarbe, alias ‘Fitipaldi’. Detenido en 1992 en la ‘operación Bidarte que descabezó la dirección de ETA del momento, en el tiempo en el que formó parte de la cúpula de la organización se cometieron algunos de los atentados más crueles: Hipercor o el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Cumple condena en la prisión de San Sebastián.

En Euskadi, en la cárcel de Zaballa, también está ya cumpliendo condena otra exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre, ‘Anboto’. Tras cumplir 20 años de prisión en Francia –fue detenida en el país galo en 2004 junto a su pareja, ‘Mikel Antza, ya en libertad. Se enfrenta ahora a una sucesión de juicios pendientes, algunos de los cuales ya le han supuesto decenas de años de condena y la absolución en otros casos.

'Hoja de ruta' a la inserción

Ignacio Aracama Mendia, alias ‘Makario’ fue jefe del ‘comando Madrid’. Es de los pocos que se atrevió a echar un pulso a la dirección de ETA. Lo hizo junto a otros presos, como Francisco Mugica Garmendia, alias ‘Pakito’, en 2005 mediante una carta en la que rechazaba la violencia. ETA le expulsó. Quien fuera jefe del ‘comando Madrid’, condenado por siete asesinatos, llegó incluso a representar a ETA en las conversaciones del Gobierno con la banda en Argel en 1989. Otro veterano de ETA es José Antonio Borde, que cumple condena en Euskadi por participar en múltiples atentados entre 1978 y 1983. Fue entregado por las autoridades mexicanas en 2002.

Entre la población reclusa ahora a cargo del Gobierno Ukullu también está Asier Carrera Arenaza, condenado por accionar la bomba que mató al exconsejero de Educación, Fernando Buesa, y su escolta, Jorge Díez en el año 2000. Oskarbi Jauregi, condenado por colaborar en el atentado que costó la vida al mando de la Ertzaintza, Mikel Uribe en 2001 y por el envío de un paquete bomba al periodista, Gorka Landaburu, también cumple su pena en el País Vasco. Al igual que uno de los condenados por el asesinato del empresario guipuzcoano, Iñaxio Uria, el preso de ETA, Joanes Larretxea o el condenado por el asesinato del concejal del PSE de Orio, Juan Priede, el preso Unai Bilbao.

A todos ellos, como al resto de reclusos, el nuevo modelo penitenciario vasco les exigirá dar pasos para acogerse al proceso de reinserción que aspira a rebajar los periodos de privación plena de libertad en favor de un régimen de semilibertad más amplio. La ‘hoja de ruta’ prestablecida les obligará a demostrar “un compromiso y una exigencia personal” para lograr la reinserción siempre con la mirada puesta en “proteger más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas”.

Una política con mayor carácter social que de privación de libertad en la que se implicarán diversos departamentos del Gobierno e instituciones como las diputaciones y los ayuntamientos. Se fomentará especialmente la reinserción mediante vías laborales en el seno de la prisión y fuera de ella con acuerdos con instituciones y empresas. Incluso se les ofrecerá la posibilidad de estudiar euskera a todos aquellos que lo deseen. El modo de llevar a cabo los procesos será individualizado. Anuncia el Ejecutivo de Urkullu que busca lograr “una auténtica reinserción de las personas penadas, la reparación victimal, la pacificación social y la seguridad pública”.

Formar a los jueces

En el ámbito de reparación del daño causado a las víctimas se prevé medidas de reinserción orientadas a tal fin pero también a la reparación del daño causado a la sociedad. Además, se quiere realizar estudios sobre victimizaciones más frecuentes “para diseñar posibilidades de reparación a las víctimas incluso antes de la ejecución de las penas”. Al mismo tiempo se quiere “infundir en la sociedad la comprensión de que las personas presas son ciudadanas como el resto y mostrar datos empíricos de que la reinserción es la manera más eficaz de vivir con seguridad”.

Entre las acciones que a medio plazo aparece la elaboración de informes previos a las sentencias para cada preso, para favorecer el modo de cumplimiento de pena más adecuado en cada caso. También se potenciarán los talleres de carácter formativo para jueces, fiscales, abogados y operadores jurídicos en políticas de cumplimiento de penas en “medio abierto”.

En la fase final de la pena se aspira a poder habilitar mecanismos que faciliten la reinserción empleando los mecanismos sociales en ámbitos como el sanitario, vivienda, empleo y servicios sociales para ponerlos a disposición de los presos.