El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española desde 2017, al que el Tribunal Supremo reclama para ser juzgado por los delitos de sedición y malversación por los que ya fueron condenados -e indultados- los miembros de su Gobierno, confía en que los jueces de Cerdeña ante los que está citado el próximo lunes no le entreguen a España.

Este viernes, agotando el tiempo, su defensa solicitó al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que le devuelva la inmunidad parlamentaria como medida cautelar para evitar su entrega a España. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya previó este jueves que el expresidente catalán diera ese paso y solicitó a los jueces italianos que "suspendan", no que archiven, su petición para extraditar a Puigdemont para poder reabrir el procedimiento cuando deje de ser europarlamentario.

En caso de que el lunes, cuando acuda ante el Tribunal de Apelación de Sassari, Puigdemont todavía no tenga respuesta del vicepresidente del TGUE, es muy probable que los magistrados italianos no accedan a entregarle estando la petición de medidas cautelares en curso.

Fuentes de su defensa consultadas por El Independiente están convencidos de que los tres magistrados del Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) que acordaron dejarle en libertad sin medidas cautelares después de su detención el pasado 23 de septiembre en Alguer por parte de la Polizia di Stato italiana, el equivalente a la Policía Nacional española, archiven la petición de entrega del juez o la dejen en suspenso. En ningún caso barajan la opción de que acuerden su extradición para que sea juzgado por el Tribunal Supremo, como ha pedido el instructor del procés.

Puigdemont fue detenido en el aeropuerto de la ciudad sarda porque la orden europea de detención contra él emitida por Llarena continúa activa. Nada más entrar en la isla, los agentes recibieron un aviso de la información que comparten las fuerzas de seguridad europeas y por eso fue detenido.

"Su inmunidad permanece intacta"

Estuvo unas horas en prisión preventiva y, después de pasar a disposición de los jueces de Cerdeña, la presidenta de la Sección Penal de la Corte de Apelación de Cagliari, Plinia Azzena, acordó dejare en libertad sin medidas cautelares como pidió su abogado, Gonzalo Boye.

En la resolución italiana, a la que tuvo acceso este diario, Azzena consideró que la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario permanece "todavía intacta", lo que para su defensa supuso un avance de la decisión que tomarán los jueces italianos el lunes.

El asunto de la inmunidad es clave para la entrega del expresidente catalán a la Justicia española como procesado por impulsar el proceso independentista de 2017. El instructor del Tribunal Supremo consideró el jueves que Puigdemont "carece actualmente de inmunidad parlamentaria", puesto que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) rechazó concedérsela de manera cautelar una vez el Parlamento Europeo se la retiró a petición del Supremo.

Cuando eso ocurrió, su defensa solicitó al TGUE que se la devolviera como medida cautelar puesto que Llarena mantenía una orden de detención contra él y podría ser detenido en Estrasburgo (Francia) cuando se desplazara a las sesiones del Parlamento Europeo, lo que vulneraba sus derechos como parlamentario.

El papel de la Abogacía del Estado, clave

En dicho procedimiento de medidas cautelares, la Abogacía del Estado en representación de España informó al TGUE el pasado junio que la orden de detención contra Puigdemont había quedado "suspendida" hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre una cuestión prejudicial que le había planteado el juez Llarena relativa a Puigdemont. La citada consulta de Llarena se produjo después de que Bélgica se negara a entregar a España al exconsejero catalán también fugado Lluis Puig. El juez consultó al TJUE si podía seguir reclamando a Puigdemont, residente en Bélgica, para juzgarle. La Abogacía consideró en su escrito ante el TGUE -que tenía que acordar si devolvía o no la inmunidad- que no había riesgo de que Puigdemont fuera detenido en Europa hasta que el TJUE se pronunciara sobre dicha consulta.

La defensa del expresidente utilizó dicho argumento de los servicios jurídicos del Estado cuando Puigdemont fue detenido para alegar que "en Derecho Internacional hay una máxima: un país, una voz", y que si la Abogacía del Estado consideró que la euroorden estaba suspendida, el Supremo no puede decir lo contrario.

Pero Llarena insistió este jueves en que la euroorden contra Puigdemont sigue activa porque el único que puede desactivarla es él. Así lo explicó en un oficio que envió a los jueces de Cerdeña en el que corrigió a la Abogacía del Estado: "Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida
cautelar que era ejecutiva desde el año 2019 es una decisión de este instructor
(Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada", expuso el instructor, quien también consideró que el planteamiento de la cuestión prejudicial no "modifica" el procedimiento.

Ante las versiones enfrentadas de la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo, y aunque está convencido de que los jueces italianos no van a proceder a la entrega de Puigdemont, su abogado volvió a pedir al TGUE la devolución de la inmunidad como medida cautelar, lo que complica aún más a entrega.

Llarena busca "suspender", no archivar el procedimiento

Adelantándose a este paso de la defensa de Puigdemont, Llarena pidió en su último oficio remitido al Tribunal italiano que subsidiariamente "deje en suspenso la tramitación del proceso de ejecución y que se adopten las medidas que puedan entenderse precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando Carles Puigdemont i Casamajó haya dejado de disfrutar del privilegio o inmunidad".

Asumiendo que los jueces italianos también pueden decidir (igual que hicieron los belgas) no entregar a Puigdemont hasta que el TJUE se manifieste sobre la cuestión prejudicial aludida, también les pidió que alternativamente a a entrega "paralicen", que no archiven, el procedimiento de extradición, para que pueda reactivarlo cuando sea oportuno.