El botellón de la Plaza España de Barcelona convocó la madrugada del 24 de septiembre, festividad de la Mercè, a 40.000 personas. La diferencia con los botellones en otros puntos de España: Hubo 43 heridos -13 de ellos por arma blanca- y una veintena de detenciones. Pero de puertas a dentro, ni una reflexión de la dirección de la policía autonómica, mientras en público los gobiernos del Ayuntamiento y la Generalitat se cruzan acusaciones de irresponsabilidad por un dispositivo mal dimensionado y pactado por ambas administraciones.

Este jueves, el Parlament acaba de dar la puntilla al divorcio entre política y fuerzas y cuerpos de seguridad al tumbar una propuesta de resolución en la que el PSC proponía "condenar los incidentes violentos" y las "agresiones a mossos y policías locales" e instaba al Govern a "restituir y reforzar la autoridad en el cuerpo de Mossos y el conjunto de policías que actúan en Cataluña". ERC y JxCat, los dos partidos que gobiernan la Generalitat, votaron en contra junto a la CUP y Vox. El vídeo de la votación ha corrido como la pólvora entre los policías catalanes, muchos de los cuales reclaman ya salir a la calle a protestar.

Todos los portavoces de sindicatos policiales de mossos y policías locales coinciden en la preocupación por la falta de autoridad que se deriva de los incidentes vividos en los últimos tiempos en Cataluña, que culminaron en los botellones de Barcelona del pasado fin de semana. "No puede ser que agredir a un policía salga gratis" apuntan.

Esta denuncia la comparten policías nacionales, guardias civiles o ertzaintzas. Pero en Cataluña el contexto político introduce agravantes significativos a la falta de autoridad y la sensación de vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad: Un discurso político que cuestiona sistemáticamente a la policía y la inhibición de las instituciones en defensa de sus trabajadores públicos.

Sin apoyo institucional

El Govern de la Generalitat ha acordado dejar de actuar como acusación particular en defensa de los mossos si no acreditan lesiones. El Ayuntamiento de Barcelona no lo hace desde que Ada Colau llegó a la alcaldía, confirman desde el sindicato CSIF. Desde 2016 han acreditado 2.240 casos de siniestralidad en la Guardia Urbana, de los que 406 son agresiones a agentes. Se han instruido 1.004 atestados por atentado a la autoridad, una siniestralidad superior a la de los mossos en la capital catalana, explica el portavoz de CSIF, Eugenio Zambrano.

Sin embargo, el Ayuntamiento raramente acude a la justicia en defensa de sus trabajadores. Y cuando lo hace, como en el caso de la furgoneta incendiada con un agente dentro durante las protestas por Pablo Hásel, es por la vía civil, para reclamar daños. El Ayuntamiento no ejerció la acusación particular por la vía penal.

Imma Viudes, portavoz de Fepol coincide en que vivimos "un momento de crisis profunda de la seguridad pública, agravada en Cataluña por el procés". La sindicalista de los Mossos denuncia la "instrumentalización política" que se ha hecho del cuerpo para concluir que "cuando interesa somos los héroes y cuando quieren los malos de la película".

Vivimos un momento de crisis profunda de la seguridad pública, agravada en Cataluña por el procés".

Un mando de la policía autonómica confirma la preocupación por la falta de autoridad de los Mossos. "Es una lluvia fina que ha ido calando, ahora estamos chopos" describe para explicar un proceso gradual, en el que todas las fuentes coinciden en que ha sido determinante el proceso independentista, por la instrumentalización política del cuerpo que ha llevado aparejado.

"La diferencia entre el botellón de la Mercé y el de la Complutense es el vandalismo y el asalto de comercios" que se ha dado en Barcelona y otros puntos de Cataluña. En este contexto, apunta esta fuente, "relacionar de forma directa violencia y procés es excesivo" pero advierte que "cuando la bestia ya está en marcha es difícil pararla". La bestia, en este caso, es la desautorización de la policía en las actuaciones de orden público, ya sean manifestaciones con trasfondo político o desahucios protestados por los Comuns o la CUP.

Patrullar con gafas de madera

"Claro que existe el riesgo" de que los agentes acaben inhibiéndose ante los incidentes de orden público, reconoce un agente, pese a defender la "profesionalidad" de los miembros del cuerpo autonómico. "En especial en orden público, el agente no puede ser el responsable último" de las actuaciones.

"Si como escopetero no tengo un gobierno que me apoye detrás, nadie querrá ser escopetero" añade en referencia a los miembros de la Brimo que disparan proyectiles de foam, muy cuestionados por las actuaciones en los que han resultado heridos manifestantes, cinco de los cuales han perdido un ojo en los últimos años.

En este contexto, reconocen, los mossos pueden tener la tentación de "salir a patrullar con gafas de madera" esto es, sin querer ver posibles acciones delictivas, "si cada actuación es un marrón".

El efecto llamada de la inacción policial

En lo visto en las últimas semanas en las fiestas de Sants o la Mercè, los delincuentes "se aprovechan de la falta de autoridad y del anonimato que ofrece la masa". Una combinación que genera "un clima de impunidad".

Fuentes de los Mossos y de la Guardia Urbana confirman que las instrucciones tanto del Departamento de Interior de la Generalitat como del Ayuntamiento era "no entrar" en el botellón de Plaza España si no había incidentes. Unas ordenes que se cumplieron en la noche del jueves, cuando se reunieron en torno a 8.000 adolescentes en este punto.

Y la inacción policial actuó como efecto llamada, concluyen los policías: para los jóvenes que convocaron el botellón a través de las redes, y también para los delincuentes. "Los delincuentes saben que ahí tienen un filón" por el anonimato que ofrece la masa. Y 40.000 jóvenes y adolescentes de botellón proporcionan un enorme manto de anonimato.

Todos los perfiles de delincuentes

Ese día los disturbios no responden a un único perfil, explica Viudes. "Había delincuentes habituales, mayores y menores de edad, además de antisistemas, alborotadores y oportunistas". Una multiplicidad de perfiles que ya se observó en los disturbios posteriores a la detención del rapero Pablo Hásel o tras la sentencia del procés.

Valentí Anadón, del sindicato de jefes de policía local de Cataluña, Sicpol, advierte que el problema "no es el botellón en sí, sino la masificación". Un fenómeno que no duda en atribuir al contexto post pandemia. De la "intervención administrativa" que suponía disolver un botellón de unas decenas de jóvenes "hemos pasado a auténticas actuaciones de orden público" para las que las policías locales no están preparadas.

Ahora, para disolver un botellón de mil personas "dependemos de la intervención de las unidades de orden público de Mossos -Brimo y Arro- y son recursos escasos" que no siempre llegan. El resultado, en localidades como Llinars del Vallès o Tiana, con escasos recursos propios de seguridad, es la imagen de policías superados por los participantes en esos botellones ilegales, en los que parte del entretenimiento es, ya, la agresión a la policía.

Esa sensación de impunidad, trasladado a grupos grandes, es especialmente peligroso en localidades medianas y pequeñas del entorno de Barcelona. En la capital, explican los agentes, entre mossos y Guardia Urbana hay agentes suficientes, pero en un municipio pequeño no.

Tácticas de kale borroka

Es lo que pasó en Tiana, donde según fuentes policiales se usó una táctica habitual de la kale borroka: un aviso falso de incidente ordinario -en ese caso una presunta agresión- para atraer a una patrulla de policía a una "trampa": la masa del botellón que los esperaba para agredirlos y echarlos del pueblo.

El pasado viernes, entre 300 y 400 personas intentaron asaltar la comisaría de la Guardia Urbana de Montjuïc, denuncia Zambrano. Un nivel de violencia y sensación de impunidad que no se había dado antes. "Cada día se reduce el principio de autoridad" lamenta, aunque advierte de que se trata de un proceso gradual, que afecta especialmente a Barcelona y que asocia a la "cronificación del incivismo".

Un incivismo que ya atisbó en tiempos de Jordi Hereu, pero el alcalde socialista implementó políticas de lucha contra los comportamientos incívicos que Xavier Trias mantuvo. No así Ada Colau. "El incivismo debilita el principio de autoridad, y paralelamente la Generalitat lanza mensajes de desobediencia civil" lamenta Zambrano, creando "un cóctel" que deja a los cuerpos de seguridad "vendidos".

El incivismo debilita el principio de autoridad, y paralelamente la Generalitat lanza mensajes de desobediencia civil"

"Desde el ámbito local es una situación muy difícil de gestionar" reconoce Anadón, que reclama cambios tanto en el marco normativo como en la organización de los cuerpos policiales. En el primer ámbito, el policía local de Badalona incide en una de las quejas comunes a todos los sindicatos y todos los cuerpos: "No puede ser que agredir a un policía salga gratis".

"Todo el mundo debe asumir su responsabilidad" reclama Viudes, para que la policía recupere la autoridad. Una exigencia de responsabilidad que extiende a la judicatura. La portavoz de SAP-Fepol reclama "contundencia jurídica y consecuencias para los delitos".

En este sentido, lamenta que la Fiscalía no pidiera medidas cautelares para los detenidos durante los disturbios del fin de semana: "todo envía un mensaje" avisa, y "si no lo hace Fiscalía lo tiene que hacer el Govern y todo el arco parlamentario".

Impunidad de los manifestantes

Pero el Govern no va a hacerlo. De hecho, este mes los sindicatos policiales han visto confirmadas sus sospechas con la Memoria de Interior de 2020, debatida en el último Consejo de la Policía. Según este documento, el año de la pandemia y el confinamiento se produjeron en Cataluña 5.440 concentraciones y manifestaciones comunicadas a Interior.

Sin embargo, no se ha iniciado ni un solo expediente sancionador asociado a reuniones o manifestaciones, pese a que en ese ejercicio se produjeron disturbios como los protagonizados por los CDR en la Diada o los que siguieron a las protestas por las restricciones al ocio nocturno en octubre, en el centro de Barcelona.

Fuentes del cuerpo expresan su desconcierto porque del millar de actas que se pueden haber abierto, como mínimo debería haber un centenar de expedientes iniciados. El representante del Sicme trasladó esta cuestión al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena en la reunión del Consejo de la Policía, pero el conseller solo se comprometió a dar una respuesta por escrito más adelante. Un mes después, la respuesta no ha llegado.

"Es una demostración de falta de autoridad y desprecio al trabajo ajeno, porque el agente de orden público que tiene que hacer las identificaciones no lo tiene fácil" durante las manifestaciones, advierten fuentes del Sicme, que confían en recibir una respuesta de la dirección política de la policía autonómica.

Chollo para el delincuente

Este incidente "nos da la razón en que se hace la mínima intervención en todo" denuncia Imma Viudes, que compara esta falta de denuncias en las manifestaciones con las sanciones no tramitadas por incumplir las restricciones sanitarias durante la pandemia. "Todo se hace de cara a la galería y al final el mensaje es que aquí todo sale gratis".

Si uno de los orígenes se sitúa en la política, el otro lo fijan muchos policías en la acción judicial. El problema, en este caso, está en la eliminación de la reincidencia como agravante, señalan desde los sindicatos policiales, que reclaman una respuesta judicial más contundente.

"Todos los delincuentes de Europa saben que España es un chollo" añade una fuente, que relata el mensaje de móvil interceptado a un grupo de delincuentes de origen georgiano responsable de una oleada de robos con violencia en domicilios de Barcelona y su entorno en el que los miembros del grupo animaban a acudir a la capital catalana porque "aquí la policía no pega".