El Ayuntamiento de Barcelona, banco de pruebas de las regulaciones del mercado de la vivienda de Podemos, ha saludado con euforia el anuncio de que la Ley de vivienda incorporará la reserva del 30% de todas las nuevas promociones para vivienda protegida. "Es una gran noticia que se incorpore como elemento central" a la Ley de vivienda, ha señalado la número tres del consistorio, Janet Sanz.

Barcelona aprobó definitivamente en diciembre de 2018 la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), que obligaba a una reserva del 30% para vivienda protegida en todas las promociones o grandes reformas de más de 600 metros cuadrados. Desde entonces, Ayuntamiento y patronal del sector han cruzado acusaciones sobre el fracaso de la normativa.

El Consistorio acusa a los promotores de intentar sortear la norma con licencias menores o el alud de permisos solicitados antes de que entrar en vigor la modificación legal y los constructores señalan una huida a las ciudades del entorno metropolitano porque ven inviable la reserva del 30%.

Barcelona se excusa en la moratoria

Sanz ha defendido la eficacia de la normativa asegurando que Barcelona ha incorporado un centenar de viviendas al parque público por esta vía, aunque la promesa inicial era de 330 viviendas al año. La número dos de Colau, sin embargo, ha argumentado este martes que la moratoria acordada inicialmente con ERC y PSC para dejar fuera de la nueva norma las promociones que ya habían iniciado trámites hizo que "se quedaron fuera 1000 promociones que habrían supuesto 400 viviendas protegidas".

La regidora de vivienda ha criticado además que "algunos promotores intentan paralizar esta medida" que en su opinión ha sido "un éxito" en París y Londres, "y será éxito en Barcelona". Sanz ha dejado claro que "todo el mundo que quiere hacer vivienda en Barcelona debe cumplirla" recordando que el Ayuntamiento es el responsable de autorizar las licencias y "somos muy garantistas" en el cumplimiento de la norma.

"Se trata de medida de sentido común, no dejamos sin beneficio a los promotores, siguen teniendo beneficios y por tanto se puede hacer sin problemas, lo que hacemos es que haya corresponsabilidad porque el sector privado también tiene que contribuir".

Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) denunciaba este verano el fracaso de la normativa. Según la patronal del sector ha penalizado la construcción de vivienda en la capital catalana, mientras los promotores se desplazan a otras ciudades del entorno metropolitano.

Promesa de 330 viviendas de VPO al año

Ayuntamiento y Generalitat acordaron la aprobación de la reserva del 30% que se aprobó con el amparo de la Ley de urbanismo de 2007. Tras su aprobación, el Consistorio anunció que permitiría "la incorporación al parque de vivienda asequible de unos 330 pisos cada año", teniendo en cuenta que entre el 2008 y el 2016 se habían construido 1.114 viviendas nuevas cada año en suelo urbano consolidado. Una cifra que contribuiría a "contrarrestar las subidas abusivas de los precios del alquiler, que dificultan la preservación de los tejidos vecinales" según la nota emitida por el gobierno local.

Se cumplía así una de las principales promesas de Ada Colau, medidas efectivas en la lucha contra la subida de los precios de la vivienda, que contó con el apoyo de ERC, PSC, Junts y la CUP, la oposición del PP y la abstención de Cs.

Las viviendas protegidas fruto de la nueva legislación son de régimen general, y el equipo de Colau calculaba entonces que un 75 % de los barceloneses podría acceder esas viviendas de precio asequible. La Generalitat es la responsable de fijar ese precio asequible.

A final de 2019, un año después de aprobarse la norma, el Ayuntamiento sólo había registrado 83 licencias de obras mayores, según ElDiario. En 2018, solo en los seis meses anteriores a la aprobación de la nueva norma se solicitaron un millar de licencias, y el año anterior, el último ejercicio "ordinario", se concedieron 500 licencias de obras mayores.

Sin datos oficiales de balance

Sin embargo, el presidente de APCE, Xavier Vilajoana, denunciaba en Efe que "no se ha conseguido el objetivo que se pretendía" y apuntaba que "se podrían contar con los dedos de una mano" las licencias de obra nueva solicitadas por los promotores tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

De hecho, un año antes la Asociación de Promotores se unía a la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña para denunciar la ausencia de datos oficiales sobre la construcción en la capital catalana. Desde que se aprobó la normativa, dos años antes, no se habían hecho públicos datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%.

"Los promotores no tenemos ningún problema en hacer vivienda asequible, pero queremos que se haga como corresponde y de la manera que toca", señalaba Vilajoana, consejero delegado del grupo Euroconstruc. Empresa cuya cartera de promociones ejecutadas tiene más del 70% de las promociones de protección oficial.

El Ayuntamiento de Barcelona, por contra, defiende que esta medida "no ha parado la construcción de viviendas", pues desde la aplicación de la norma el número de licencias concedidas de viviendas libres -no sujetas a VPO- es similar a otros años.

Hasta junio se habían tramitado 80 expedientes bajo la nueva norma, que incluyen 1.299 viviendas. De estos expedientes, 57 han quedado exentos de aplicar el 30% de VPO porque tenían certificado urbanístico o porque han justificado que habían hecho una compraventa antes de julio de 2016. En total, estos expedientes hubieran supuesto 425 pisos protegidos.

Los otros 23 expedientes incluyen 308 viviendas y una previsión de 120 pisos de protección para los próximos meses.

Huida en el entorno metropolitano

Pero el presidente de APCE, asociación que reúne a más del 80% de los promotores de Cataluña, advierte de que muchas empresas que solían edificar en Barcelona ahora han desviado sus inversiones hacia otras ciudades del área metropolitana, como L'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei o Montcada i Reixac, y también hacia Madrid.

"Hay mucha inversión que se va a otras zonas. Cerca de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat es la gran beneficiada, y eso es una realidad, no es hacer ninguna hipótesis", asevera Vilajoana, que teme que la capital catalana "pierda fuelle" a corto y medio plazo.

Hay promotoras barcelonesas, como Petrus, que tradicionalmente habían centrado su actividad en la capital catalana, pero que, tras la aplicación de la nueva norma, han optado por abandonar la plaza y focalizar sus inversiones en otras ciudades.

"Hay muchos empresarios que ya no creen en esta ciudad y que se sienten asfixiados. Por eso, hay promotores catalanes que se han ido a Madrid y a otros municipios del Baix Llobregat, el Vallès o el Maresme que ofrecen posibilidades de crecer", explicaba a Efe Sergio Rabassa, director de Desarrollo de Petrus.

Tensionar el mercado

Este directivo considera que "lo peor que se puede hacer en los mercados es intervenirlos" y avisa que existe una fuerte demanda de obra nueva en Barcelona, por lo que si no se produce nueva oferta los precios irremediablemente van a subir.

La Llave de Oro, otra de las grandes promotoras catalanas, también reconoce que la obligada reserva del 30 % para VPO en Barcelona está afectando ya al mercado, donde los proyectos que se están desarrollando, asegura, son fruto de solicitudes previas a la entrada en vigor de la normativa.

"Hay una casi nula solicitud de nuevas licencias. Los promotores no están haciendo prácticamente nada en Barcelona y si hay menos oferta los precios pueden subir", afirmaba Ferran Marsà, consejero delegado de La Llave de Oro. La promotora, de hecho, ha abierto recientemente delegación en Madrid y ha realizado las primeras compras de suelo en la capital: "Esto forma parte del plan de expansión de la empresa, pero todo ayuda", subraya el CEO de La Llave de Oro.

Los promotores coinciden en que en muchos casos "no sale a cuenta" levantar un edificio cuando se tiene que reservar el 30 % a vivienda social y destacan además el "difícil encaje" que puede tener que en un mismo edificio haya propietarios de vivienda libre y protegida.