Cuando la Fiscal General del Estado firme el archivo de las investigaciones de la Fiscalía sobre los gastos millonarios no declarados a la Hacienda Pública del anterior jefe del Estado, el rey Juan Carlos I de Borbón, habrá terminado una parte importantísima de un período especialmente penoso para él y para el país en su conjunto.

Pero hay que decir que nada habrá terminado en realidad porque, en primer lugar, las investigaciones de la Fiscalía de Suiza prosiguen y podrían ser motivo de la apertura de otro proceso contra él. Y sobre todo, porque a partir de ese momento se abrirán definitivamente las puertas para el juicio libre de la opinión pública española con todas sus derivadas de desmesura y de utilización interesada que serán imprescindibles para que se multipliquen los ataques a la Corona, cosa que sucederá.

El relato de los fiscales encargados por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se anuncia minucioso para justificar, dicen en la sede del Ministerio Público, los casi dos años de investigación que se van a saldar con el archivo porque no se ha encontrado modo legal de presentar una querella contra el viejo rey. 

Por un lado, porque durante su reinado, que se extendió desde noviembre de 1975 a junio de 2014, Juan Carlos de Borbón era inviolable y ninguno de sus actos en ese tiempo pueden ser juzgados. Y por otro, porque las regularizaciones voluntarias presentadas por él le eximen de ser procesado por uno o varios delitos contra la Hacienda Pública y además porque algunos de esos presuntos delitos habrían ya prescrito.

Pero ese relato minucioso que se nos anuncia va a contener presumiblemente toda la información sobre las andanzas del antiguo rey sobre las que los fiscales han centrado sus investigaciones. 

Y ahí es donde entrará con más fuerza de la que hemos conocido hasta ahora, el juicio de los ciudadanos, un proceso que se alargará probablemente durante varios años, tiempo en el que, con los datos en la mano, el prestigio de la institución monárquica se verá atacado desde múltiples flancos.

Es éste un proceso que ni se puede ni se debe evitar en la medida en que los españoles tienen derecho a conocer en qué términos se produjeron las actividades presuntamente delictivas del antiguo rey que dieron pie a las investigaciones fiscales aunque al final hayan resultado no perseguibles judicialmente.

Los españoles tienen derecho a conocer en qué términos se produjeron las actividades presuntamente delictivas del antiguo rey

Porque está claro que no se ha encontrado base legal para presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra el antiguo rey pero eso no es obstáculo para que sus actos, exhibidos ante la opinión pública, sean examinados y se muestren en toda su fealdad, oscuridad, falta de ética e irresponsabilidad, siendo él quien era en aquellos momentos.

Si el relato de la Fiscalía se produce en los términos que se anuncian podemos asegurar que se abre para todos aquellos que admiraron y respaldaron a Don Juan Carlos durante todo su reinado un período extraordinariamente doloroso y decepcionante.

Lo que se conozca con detalle a partir del informe de los fiscales interpelará a muchos a reexaminar su apoyo a un rey que, despojado ya del barniz institucional y de la inviolabilidad que le otorgaba la Corona, se muestra ante el público como cualquiera de los muchos empresarios tramposos y “conseguidores” varios que pueblan las cárceles españolas condenados por diferentes delitos económicos o fiscales.

El drama es que el hombre que fue ejemplar a la hora de conducir a todos los españoles por el difícil y tortuoso camino que desembocó en la democracia plena de la que hoy disfrutamos abandonó por completo esa obligada ejemplaridad en lo que podríamos llamar impropiamente su vida particular. 

Y digo impropiamente porque un rey no tiene vida privada. Tiene, eso sí, derecho a que se respete absolutamente su intimidad pero fuera del círculo más íntimo de su vida, todo el resto de su existencia es, y debe ser, público y someterse al público escrutinio.

Es en ese ámbito no estrictamente institucional en el que Don Juan Carlos parece haber cometido lo que podemos llamar tropelías no punibles legalmente por las razones que ya se han expuesto pero sí condenables social y éticamente por los ciudadanos. 

Todo lo que suceda desde ahora y especialmente a partir de la publicación del relato de la Fiscalía va a ser una explosión infinita de artículos, debates en todas las cadenas de televisión, programas específicos, libros, documentales en todos los tonos y con todos los objetivos políticos. Y todo eso, incluida la basura mediática y política producida, irá a desembocar a los pies de su hijo el Rey de España.

De ese modo, será Felipe VI en tanto que titular de la Corona, el principal perjudicado por las andanzas irregulares y la irresponsabilidad como ciudadano de su padre y quien tendrá que sufrir los intentos deslegitimadores de quienes pretenden instaurar la República por el procedimiento de demoler la Constitución de 1978 reforzados por el condenable comportamiento de su antecesor.

Y sin embargo… y sin embargo, no podemos ignorar el soberbio papel que Juan Carlos I hizo desde antes de la muerte de Franco y durante todos los años que duró su jefatura del Estado.

Esa labor impagable y esa contribución esencial como Rey de España a la recuperación de las libertades y los derechos políticos de los españoles y a la consolidación de la democracia no debe, no puede, ser ignorada ahora ni tapada por los garrafales errores que haya podido cometer en su condición, es verdad que especial, de ciudadano.

Los libros de Historia recogerán, desde luego, la parte oscura y reprochable de su actuación, pero nada de eso puede empañar el brillantísimo servicio que prestó a España como Rey, cuyo papel institucional cumplió con rigor y con ejemplaridad indiscutibles. Y ese será el relato y el juicio del que la Historia dejará constancia por encima, muy por encima, de sus oscuras peripecias personales.

Tiene 83 años largos, en enero cumplirá 84. Nuestro país no puede cometer la iniquidad de permitir que muera fuera de España. Debe poder regresar cuanto antes a su país y el Gobierno debe proporcionarle un lugar seguro en el que vivir tranquilamente, no como si fuera un apestado, sus últimos años.

A pesar de todo lo sucedido, es enorme la dimensión y la profundidad histórica de lo que los españoles le debemos a Juan Carlos I de Borbón como rey de España.