Superadas las diferencias en el seno del Gobierno para consensuar unas cuentas para 2021, empieza el cortejo de PSOE y Podemos para buscar socios con los que aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un cortejo que el gobierno centra en la mayoría de la investidura, liderada por ERC y PNV. Pero los republicanos han dejado claro este lunes que su apoyo no "está ni mucho menos garantizado" y que la negociación con el Gobierno debe empezar de cero, sin apriorismos.

En otras palabras, Esquerra tiene toda la predisposición a negociar las cuentas presentadas por Pedro Sánchez. "Somos la política útil" repiten para explicarlo. Pero quieren ver reconocido ese papel central en la mayoría en la que se apoya el Gobierno, y réditos tangibles que les permitan explicar ese apoyo ante sus bases independentistas.

Sobre todo, para hacer frente a la presión de sus socios de Junts, que reclaman un "frente común" para la negociación de los presupuestos en el Congreso. Con 13 diputados frente a 4 en la Cámara baja, Esquerra no quiere atarse a JxCat en esta negociación, pero necesita exhibir un trato preferencial que justifique su rechazo a las enmiendas a la totalidad que ya han anunciado los partidos de derecha.

Los argumentos esperan encontrarlos los republicanos en la Comisión de infraestructuras que Gobierno y Generalitat deben reunir en las próximas semanas. Tras la reunión de la Bilateral del pasado 2 de agosto la ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, anunció que esta subcomisión se reuniría en noviembre. Pero ese calendario no convence a Esquerra, que quiere exhibir cumplimiento de compromisos anteriores para justificar su apoyo.

Comisión bilateral de infraestructuras

"El Gobierno sabe que no ha hecho los deberes" insistía este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta, para explicar su reticencia a apoyar las cuentas. En el acuerdo presupuestaria de 2021, recuerdan desde Esquerra, se pactó una comisión de seguimiento de las inversiones comprometidas, pero ese seguimiento brilla por su ausencia.

Durante el encuentro de la Bilateral, el Gobierno argumentó que ese balance del acuerdo debía hacerse en la Comisión de infraestructuras, con presencia de los secretarios de estado de los ministerios afectados. Y que la mejor opción era postergar la reunión hasta final de año para tener una imagen completa de las inversiones realizadas.

Pero ERC advierte ahora que ese calendario debe adaptarse a la negociación presupuestaria para permitirles "cargarse de razones" a la hora de acordar las cuentas de 2022. En otras palabras, "noviembre es demasiado tarde" cuando el Congreso está a las puertas de debatir los presupuestos.

2.300 millones para Cataluña

Hace un año, Gobierno y ERC sellaron un acuerdo presentado por Pere Aragonés como el mayor compromiso inversor de la historia en Cataluña. Suponía inversiones directas y transferencias de capital por un importe de unos 2.300 millones de euros. Por primera vez se alcanzaba el 19% de inversión en Cataluña, equiparando la inversión a la aportación catalana al PIB, una vieja reivindicación del nacionalismo.

Eso es lo que ahora debe pasar el examen de Esquerra, que no aspira tanto ha exhibir el total de las inversiones realizadas, como a demostrar que las inversiones pendientes están justificadas y en consonancia con la ejecución del conjunto de las inversiones del Estado durante este ejercicio.

El acuerdo alcanzado el pasado noviembre incluía 13 puntos entre los que destacaba, además, el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat, la entrada del gobierno autonómico en el Consorcio de la Zona Franca o la “homologación” del Instituto Catalán de Finanzas al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Los dos primeros compromisos están en fase de implementación, mientras el último choca con el papel de ICF como avalista de los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas. Una maniobra que el Gobierno está evitando cuestionar, pero que hace inviable su homologación como banco.

Apoyo de Junts

Ese balance de cumplimientos debe servir para acallar las críticas en la mayoría de gobierno en Cataluña, donde Jxcat y la CUP cuestionan permanentemente la alianza de ERC con el PSOE. Desde Esquerra aseguran que en el Govern "hay consenso" sobre la necesidad de que los presupuestos salgan adelante.

Unas cuentas en las que tienen casi tanto interés los consejeros de JxCat como los de ERC. Sobre todo, después de que el titular de Economía, Jaume Giró, negociara la condonación de la deuda de la Generalitat con el Estado por los adelantos de la financiación autonómica de 2019 y el nuevo modelo de liquidación del IVA.

Pero Giró no tiene ningún poder político sobre el partido al que representa en el Govern. Y la estrategia de JxCat se centra precisamente en mantener la confrontación, como exigen tanto Carles Puigdemont como la cabeza de lista y ahora presidenta del Parlament, Laura Borràs. En este contexto, las apelaciones al frente común que reclama Junts suenan más a maniobra para evitar el apoyo de ERC a las cuentas. O hacer que ese apoyo tenga más costes políticos para sus socios y rivales.