La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, así como la de otros acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional en el primer juicio por los trabajos privados que realizó mientras estaba en activo en la Policía, han pedido la suspensión de las vistas al considerar que, si comenzaban, sus derechos fundamentales a la defensa y a un juicio justo se verían vulnerados.

La razón es que todavía no han podido acceder al contenido completo de unas agendas que le fueron requisadas a Villarejo el 28 de octubre de 2020 en su domicilio. Las anotaciones de dichas agendas de las que la Policía se incautó en una línea de investigación que no se juzga en esta causa sirvieron a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) para redactar dos informes relativos a los encargos que sí abordará la Audiencia Nacional en este proceso sobre las piezas Iron, Pintor y Land.

Tampoco han podido conocer el contenido de los acuerdos de conformidad a los que han llegado algunos acusados con la Fiscalía Anticorrupción

La defensa de Villarejo, así como la de otros acusados, consideran que al no haberles permitido la Sala acceder todavía al contenido completo de las agendas en las que se basan los informes policiales citados que sirven como prueba se están vulnerando sus derechos. Tampoco han podido conocer el contenido de los acuerdos de conformidad a los que han llegado algunos acusados con la Fiscalía Anticorrupción reconociendo sus delitos porque el Tribunal no ha dado acceso al denominado "rollo de Sala" de la causa. Es decir, a toda la información (informes, pruebas, peticiones de las partes) que ha habido en las últimas fechas. Igualmente esgrimen que la Sala autorizó incorporar los citados informes policiales a la causa una vez que la fase de investigación (instrucción) ya se había acabado.

El bruto de la actuación policial

La defensa de Villarejo ha solicitado también tener acceso a los DVD's con todo el material policial que debería acompañar a los informes mencionados para no quedarse únicamente con las conclusiones de los agentes, sino tener el bruto de sus actuaciones.

No sólo las defensas de los acusados, sino también los representantes legales de alguna acusación -como la de la perjudicada Yolanda García-Cereceda en la pieza Land-, se han unido a la petición de la suspensión de las sesiones porque han visto que se podrían haber vulnerado derechos constitucionales que pueden conllevar una nulidad más adelante.

El Tribunal rechaza la nulidad pero retrasa

La presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, ha rechazado los motivos de nulidad expuestos en primer lugar por el abogado de Villarejo Antonio García Cabrera a los que se han adherido otros letrados pero ha accedido al retraso del calendario de sesiones, que se retomarán el 15 de noviembre después de celebrarse este miércoles y jueves las cuestiones previas.

Durante este tiempo, las defensas de los acusados tendrán la posibilidad de acudir a la Audiencia Nacional y consultar las agendas completas intervenidas. Los magistrados de la Sección Cuarta no han accedido, sin embargo, a incorporar el bruto del material policial según ha pedido la defensa del comisario jubilado.

La propuesta de Anticorrupción

Lo que sí acepta el Tribunal es incorporar, como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, "los testimonios acreditativos de la cadena de legalidad de esos oficios policiales que constan materialmente unidos a la instrucción, estos dos oficios de la Unidad de Asuntos Internos. Se trata de los autos de entrada y registro del 23 de octubre de 2020 que habilitaron a la comisión judicial para entrar en el domicilio de Villarejo y Gemma Alacalá, el acta de ese registro, el auto ampliatorio que habilita a la intervención de esas agendas y una certificación del letrado de la Administración de Justicia acreditando que coinciden con el original de las agendas. Entendemos que no es necesario que las agendas figuren porque tenemos el cotejo de que se corresponden con lo que obra en esta causa", ha sostenido el fiscal Miguel Serrano ante los magistrados Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri. Los magistrados no han acordado, como también solicitó el Ministerio Público, unir el testimonio de las entradas y registros con los que se dio inicio a la macrocausa Tándem contra Villarejo y sus colaboradores en la Audiencia Nacional, es decir, los documentos que probarían la legalidad de la apertura de las primeras piezas de investigación, porque ya figura en la causa. Las defensas de algunos acusados consideraron que dicha incorporación sería "extemporánea" y el Tribunal finalmente ha rechazado incorporar los mencionados documentos.